La Corte Suprema acogió un recurso de nulidad presentado por la defensa del juez Juan Carlos Maggiolo Caro, quien había sido condenado a tres años y un día de presidio tras protagonizar una colisión múltiple en la que falleció una persona. Debido a la Ley Emilia, el magistrado debía cumplir al menos un año de cárcel efectiva según el fallo invalidado. Todo quedó en nada porque el máximo tribunal del país estimó que uno de los sentenciadores tenía comprometida su imparcialidad.
Maggiolo, juez titular del Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso, había sido declarado culpable del delito consumado de incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar la ayuda posible y dar cuenta a la autoridad en un accidente de tránsito.
Tras la determinación del máximo tribunal, Maggiolo mantendrá su investidura, que podría perder sólo ante una condena firme y ejecutoriada, la cual podría tardar un par de años más, ya que se debe realizar otro juicio. Mientras tanto, se mantiene recibiendo la mitad de su remuneración debido a que está suspendido de sus funciones.
Falsa denuncia
El 18 de agosto de 2023, a las 23:48 horas, Juan Carlos Maggiolo conducía su automóvil Subaru Outback por Concón cuando, al llegar al cruce de la calle Francisco Soza Cousiño con la avenida Los Pellines, colisionó con un vehículo Nissan V16 que no había respetado un ceda el paso. Producto del impacto, un tercer automóvil también colisionó con el Subaru de Maggiolo.
Según había establecido la sentencia ahora anulada, tras el choque el juez descendió del vehículo y escapó, sin prestar auxilio a las personas lesionadas. La pasajera que viajaba en el asiento del copiloto del Nissan V16 murió en el mismo sitio del suceso, sin poder ser reanimada, mientras que otra persona que iba en el asiento trasero resultó con lesiones menos graves.
Y aunque Maggiolo denunció al día siguiente que su automóvil había sido robado, durante el juicio el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar dio por acreditado que en realidad él iba conduciendo.
Así, el juez fue condenado en mayo de 2025 a tres años y un día de cárcel por darse a la fuga sin prestar auxilio. Por estos hechos, tenía la obligación de cumplir al menos un año en presidio efectivo debido a la Ley Emilia; para el resto del tiempo de la pena se le había otorgado el beneficio de la libertad vigilada intensiva.
Sin embargo, nunca pisó la cárcel. El juez recurrió al Tribunal Constitucional a la semana siguiente del fallo mediante un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. El TC ordenó suspender la causa, hasta que en enero de este año optó por rechazar el requerimiento de Maggiolo.
A los días, el juez volvió a la carga, esta vez ante la Corte Suprema. En un recurso de nulidad, alegó la falta de imparcialidad de sus pares del TOP de Viña del Mar.
Juez sancionado por Maggiolo
La argumentación del recurso se centraba en que el magistrado de Viña del Mar Fernán Rioseco Pinochet ―uno de los tres jueces que condenaron a Maggiolo y el redactor del fallo― había sido sancionado disciplinariamente por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en abril de 2023. En ese entonces Maggiolo, coincidentemente, actuaba como ministro suplente del tribunal de alzada y votó a favor de aplicar a Rioseco una amonestación privada, misma medida que finalmente se impuso.
Este lunes, la Corte Suprema validó el razonamiento de Maggiolo. En un fallo dividido, con el voto en contra de la ministra suplente Carolina Catepillán, la Segunda Sala del máximo tribunal determinó que Rioseco debió haber informado a las partes de una posible inhabilidad, o derechamente haberse abstenido de revisar el caso.
De acuerdo con el fallo, redactado por el ministro Leopoldo Llanos, la sanción a Rioseco no podía ser considerada como un “antecedente inocuo, puesto que su comportamiento fue objeto de escrutinio, ponderación y reproche” por parte de Maggiolo:
―Resulta posible que el ahora adjudicador, en su aproximación al caso sometido a su decisión, no guarde la mirada de un tercero completamente desvinculado del hecho y sus actores (…) al tener en esta instancia la posibilidad de sopesar y castigar la conducta de quien ya se inclinó en su contra ―expresa el fallo.
Con esto, se deberá realizar un nuevo juicio ante un tribunal no inhabilitado. Juan Carlos Maggiolo seguirá como juez de la República, por ahora. El magistrado se mantendrá suspendido de sus funciones, mientras el caso no esté resuelto penalmente, por lo que seguirá recibiendo la mitad de sus remuneraciones ―alrededor de $4 millones mensualmente―. Recién con una condena firme y ejecutoriada llegaría a perder su investidura.