Muerte de niños en Ucrania: sus vidas comenzaron y terminaron bajo la amenaza de las armas rusas

El 7 de octubre de 2026, un misil ruso impactó contra un edificio residencial de cinco pisos en Pryluky, una ciudad de la región de Cherníhiv, en el norte de Ucrania. No era una instalación militar ni un depósito de armamento. Era un edificio donde vivían familias. Entre las víctimas mortales había cinco niños. Tres de ellos tenían apenas un año.

Los equipos de rescate trabajaron durante horas entre los escombros. El balance de víctimas aumentó a medida que aparecían nuevos cuerpos. Según las informaciones publicadas por medios internacionales, el ataque dejó decenas de víctimas y formó parte de una ofensiva mucho más amplia contra distintas ciudades ucranianas.

La noticia recorrió el mundo. Fotografías de edificios destruidos, rescatistas cubiertos de polvo y familiares desesperados volvieron a ocupar las pantallas. Pero la repetición de estas imágenes produce otro efecto. Después de más de cuatro años de guerra, la muerte de niños ucranianos corre el riesgo de convertirse en parte del paisaje informativo cotidiano. No porque sea menos grave. No porque ocurra con menor frecuencia. Sino porque hemos comenzado a acostumbrarnos a que ocurra.

Desde el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia inició su invasión a gran escala, cientos de niños han muerto como consecuencia de las hostilidades. Naciones Unidas había verificado hasta agosto de 2026 la muerte de al menos 835 niños. UNICEF contabilizaba 3.946 niños muertos o heridos. Por su parte, el registro oficial ucraniano Children of War consignaba 755 niños muertos al 8 de octubre.

Las diferencias entre estas cifras responden a metodologías, criterios de documentación y procesos de verificación que no necesariamente coinciden. Por eso es importante no mezclarlas ni utilizarlas como si midieran exactamente lo mismo. Pero ninguna diferencia estadística modifica una realidad elemental. Son cientos de vidas que terminaron antes de llegar a la adultez y miles de niños muertos o heridos desde que comenzó la invasión a gran escala.

Y tampoco se trata de un fenómeno que pertenezca exclusivamente a los primeros meses de la guerra.

En agosto de 2026, UNICEF advirtió sobre el elevado número de víctimas infantiles y señaló que julio había registrado la mayor cantidad mensual de niños muertos o heridos desde abril de 2022. Más de cuatro años después del comienzo de la invasión, el peligro para los niños ucranianos no había desaparecido.

Y el problema tampoco se limita a quienes mueren bajo los escombros. Millones de niños han tenido que abandonar sus hogares, interrumpir su educación y separarse de familiares y amigos. Otros permanecen en ciudades donde las alarmas antiaéreas forman parte de la rutina cotidiana. Aprenden a distinguir sonidos que ningún niño debería necesitar reconocer. Saben dónde queda el refugio más cercano y descubren, demasiado temprano, que dormir durante toda la noche puede convertirse en un privilegio.

Para un niño que crece en Kyiv, Járkiv, Odesa o cualquiera de las ciudades sometidas periódicamente a ataques, la guerra no constituye un acontecimiento excepcional. Es el entorno en el que transcurre su infancia. Una infancia que debería estar marcada por juegos, descubrimientos y aprendizajes queda condicionada por la incertidumbre sobre la próxima alarma, el próximo dron o el próximo misil.

Tres de los niños asesinados tenían apenas un año. Habían nacido cuando la invasión rusa ya llevaba varios años. No conocieron una Ucrania en paz. Su existencia transcurrió íntegramente durante una guerra que no eligieron, cuyas causas no podían comprender y de la que no tenían ninguna posibilidad de escapar por sus propios medios. Sus vidas comenzaron y terminaron bajo la amenaza de las armas rusas.

La muerte de civiles durante un conflicto armado no constituye automáticamente, desde el punto de vista jurídico, un crimen de guerra. El derecho internacional humanitario exige analizar las circunstancias de cada ataque, la naturaleza del objetivo, la proporcionalidad y las precauciones adoptadas para proteger a la población civil.

Pero también establece obligaciones inequívocas. Los ataques dirigidos deliberadamente contra civiles están prohibidos. También lo están los ataques indiscriminados y aquellos en los que el daño civil previsto resulta excesivo frente a la ventaja militar concreta y directa esperada.

Por eso, cuando un misil destruye un edificio residencial y mata a niños mientras se encuentran en sus hogares, no alcanza con describir el episodio como una consecuencia inevitable de la guerra. Corresponde investigar qué objetivo se pretendía alcanzar, qué medios se utilizaron y si se respetaron las normas destinadas a proteger a quienes no participan de las hostilidades.

Durante más de cuatro años, la comunidad internacional ha conocido las consecuencias de los ataques rusos contra ciudades ucranianas. Las imágenes de viviendas destruidas, hospitales dañados y escuelas convertidas en ruinas han sido documentadas por periodistas, organizaciones humanitarias y organismos internacionales.

No creo, por lo tanto, que podamos explicar lo que sucede por falta de información. Mi impresión es otra. Nos estamos acostumbrando.

Después de más de cuatro años siguiendo esta guerra, tengo cada vez más la sensación de que hemos incorporado la violencia contra la población ucraniana a una especie de normalidad informativa. Un edificio residencial destruido, una escuela alcanzada, una familia muerta mientras dormía. Lo vemos, nos conmueve durante algunas horas y después seguimos adelante. Y eso me preocupa.

No porque crea que el mundo haya dejado de sentir empatía por las víctimas, sino porque la repetición tiene un efecto peligroso. Aquello que en febrero o marzo de 2022 nos parecía insoportable hoy puede convertirse en una noticia más entre muchas otras.

Cuando comenzó la invasión a gran escala, la muerte de un niño durante un bombardeo podía ocupar las portadas de los principales diarios del mundo. Hoy, incluso una tragedia en la que mueren varios niños pequeños puede desaparecer rápidamente del debate público, desplazada por la siguiente noticia.

Quizás sea inevitable que nuestra atención funcione de esa manera. Pero acostumbrarnos a la noticia no debería significar acostumbrarnos al hecho.

Las cifras también producen un efecto paradójico. Decir 755 u 835 niños muertos permite comprender la magnitud de una tragedia, pero al mismo tiempo puede ocultar aquello que esos números representan. Cada número corresponde a una persona que tenía un nombre, una familia y una vida por delante. Un niño que quizá estaba aprendiendo a caminar. Una niña que acababa de comenzar la escuela. Un adolescente que imaginaba lo qué estudiaría cuando terminara la secundaria.

La estadística registra sus muertes, pero no puede medir todo lo que desapareció con ellas y tampoco puede calcular el sufrimiento de los padres que sobrevivieron, de los hermanos que quedaron solos o de las familias que deberán reconstruir sus vidas alrededor de una ausencia definitiva.

La responsabilidad de proteger a los civiles no desaparece por la prolongación de una guerra. Tampoco se debilita porque sus consecuencias hayan dejado de sorprendernos. Los niños asesinados en Pryluky no son una abstracción geopolítica ni tampoco son simplemente cinco unidades que se agregan a una estadística que ya cuenta sus víctimas por centenares. Eran niños que estaban viviendo sus vidas.

Después de cuatro años y medio de guerra, quizás resulte imposible conservar intacta la capacidad de conmovernos ante cada edificio destruido y ante cada nueva víctima. Pero hay una distancia enorme entre comprender ese agotamiento y aceptar la muerte de niños como parte normal del mundo en el que vivimos.

El peligro no consiste solamente en que sigan muriendo niños en Ucrania, también consiste en que un día dejemos de sorprendernos cuando eso ocurre.

Alejandro Pundyk
Lic. en Administración, Universidad de Buenos Aires.
Descendiente de ucranianos.
Activista por Ucrania y traductor al español del libro Ecos de guerra.