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Actualizar la Política de Defensa Nacional (Poldef) no es un ejercicio burocrático. Es una decisión estratégica de Estado. La Poldef es el principal instrumento que orienta la defensa del país: constituye la guía para la planificación primaria y secundaria que elaboran el poder político y el nivel estratégico, a través del Estado Mayor Conjunto (EMCO), y que determina las orientaciones desde las cuales se desprenden la Política Militar y los demás instrumentos de empleo y desarrollo de la fuerza. Su propósito no es reemplazar esos instrumentos, sino entregarles dirección política y estratégica para responder a los desafíos actuales y futuros.
La propuesta de actualización impulsada por el gobierno anterior incorporó materias relevantes como la protección de infraestructura crítica, el control fronterizo, la dimensión espacial, la construcción naval y el fortalecimiento de la industria de defensa. Más allá del debate sobre el momento en que fue presentada, ese trabajo debiera servir como punto de partida para una nueva revisión. La defensa requiere continuidad y visión de Estado, no comenzar desde cero cada vez que cambia una administración.
El ministro Fernando Barros ha planteado la necesidad de revisar estos instrumentos para adecuarlos a los desafíos actuales. Ese proceso representa una oportunidad para actualizar la mirada estratégica del país, proyectarla hacia el futuro y, finalmente, mantener el alistamiento y el mantenimiento del potencial bélico para todas las áreas de misión que le corresponden a la fuerza.
Chile posee una ubicación geopolítica singular. Su extensa fachada marítima sobre el Pacífico, sus intereses antárticos, sus largas fronteras terrestres y su dependencia de infraestructuras críticas obligan a pensar la defensa más allá de los límites territoriales tradicionales.
Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas han asumido responsabilidades que hace algunos años parecían excepcionales. Hoy apoyan el resguardo fronterizo en la macrozona norte, colaboran en tareas de seguridad en la macrozona sur y participan activamente en la respuesta a incendios forestales, inundaciones, aluviones, elecciones y otras catástrofes o contingencias nacionales.
A ello se suma la discusión sobre nuevos marcos legales para su participación en labores de protección de infraestructura crítica y apoyo a la seguridad interior. La nueva Política de Defensa debiera entregar una visión clara sobre cómo estas funciones se relacionan con la misión principal de las Fuerzas Armadas y qué capacidades demandarán en el futuro.
A lo anterior se suma una transformación tecnológica que avanza a gran velocidad. Los conflictos actuales muestran el creciente protagonismo de drones, inteligencia artificial, sistemas autónomos, robótica, impresión 3D, ciberdefensa y tecnologías espaciales. La defensa del futuro dependerá tanto de la capacidad de operar estas tecnologías como de la posibilidad de desarrollarlas, adaptarlas e integrarlas a nivel nacional.
Distintos especialistas y centros de estudios han advertido que una política de defensa debe trascender los ciclos políticos y orientar el desarrollo de capacidades con una mirada de largo plazo. Sin embargo, Chile no cuenta con una explicitación suficiente de sus intereses nacionales: muchas veces se dan por hecho.
Por eso resulta necesario avanzar hacia una Estrategia de Seguridad Nacional que los defina, ordene prioridades y entregue coherencia a los instrumentos sectoriales. Esta es una oportunidad especialmente relevante, dada la importancia que el gobierno ha puesto en materia de seguridad pública, pero también en seguridad económica, ámbito que ha llevado a la Agencia Nacional de Ingeligencia (ANI) a exigirse a sí misma en la producción de inteligencia económica.
En ese punto surge otro desafío: la generación de conocimiento para la defensa. Chile no parte desde cero. Iniciativas como el Centro de Innovación Tecnológica de la Armada (CiTA), el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica del Ejército (CIITEC) y las capacidades desarrolladas por las Empresas Estratégicas de la Defensa muestran que existe una base relevante sobre la cual avanzar.
Sin embargo, esas capacidades siguen funcionando muchas veces de manera fragmentada. Un Instituto Tecnológico Público en Defensa podría contribuir a articular a las Fuerzas Armadas, la industria, la academia y el ecosistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para transformar necesidades estratégicas en proyectos concretos de investigación y desarrollo, especialmente en tecnologías de uso dual para aplicaciones civiles y militares.
La pregunta de fondo no es solo qué amenaza enfrenta Chile hoy. La verdadera pregunta es ¿si la nueva Política de Defensa, el gobierno y el nivel político serán capaces de actualizarla y presentarla este u el otro año para orientar el desarrollo de las fuerzas armadas, así como los instrumentos de empleo y desarrollo de la fuerza que deberán responder a los desafíos de los próximos veinte o treinta años?.
Porque las amenazas cambian, la tecnología evoluciona y los gobiernos pasan. Lo que debe permanecer es una orientación estratégica clara, fundada en una Estrategia de Seguridad Nacional que explicite prioridades e intereses. Y una buena Política de Defensa será aquella que permita traducir esa visión en capacidades concretas, sostenibles y útiles para proteger a Chile con sentido de futuro.
Juan Pablo Silva Ross
Contador Auditor
Magíster en Seguridad, Defensa y Relaciones Internacionales (ANEPE)
