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El reciente informe El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2026 de la FAO instala una pregunta incómoda: ¿qué sentido tiene promover una alimentación saludable si cada vez resulta más difícil costearla? Se advierte que América Latina y el Caribe es la región con el mayor costo de una dieta saludable a nivel mundial y que Chile figura entre los países sudamericanos donde alcanzar ese estándar es más caro.
Esta realidad obliga a replantear la forma en que entendemos los problemas alimentarios. Con frecuencia atribuimos las decisiones alimentarias a la educación nutricional o a la responsabilidad individual. Sin embargo, cuando una alimentación saludable deja de ser económicamente accesible, la capacidad de elegir simplemente desaparece. No basta con saber qué comer si el presupuesto familiar obliga a privilegiar alimentos de menor costo y baja calidad nutricional.
Las consecuencias trascienden la mesa. La inseguridad alimentaria no solo implica no saber qué habrá en el plato mañana, sino que constituye un mecanismo que reproduce la pobreza y las desigualdades. Las familias que no pueden asegurar una dieta adecuada ven comprometida su salud y aumentan su riesgo de enfermedades, lo que los obliga a gastar más recursos a enfrentar sus consecuencias.
En niños y niñas, una alimentación insuficiente limita el crecimiento, el desarrollo cognitivo, el aprendizaje y las oportunidades futuras, perpetuando las brechas sociales entre generaciones.
Nuestro Estudio en Comportamiento Alimentario y Nutrición (ECAN-Escolar) encontró que solo el 48,7% de los hogares presenta seguridad alimentaria. En contraste, el 36,1% experimenta inseguridad alimentaria leve, el 11,1% moderada y el 4,1% severa. Más de la mitad de las familias chilenas enfrenta dificultades para acceder de manera estable a una alimentación suficiente y adecuada.
No estamos frente a un problema de preferencias alimentarias, sino de acceso. Cuando una dieta saludable se transforma en un bien de alto costo, las familias ajustan sus decisiones a las restricciones económicas y no a las recomendaciones sanitarias.
El resultado es una paradoja que Chile conoce bien: aumentan simultáneamente la obesidad, las enfermedades crónicas y la inseguridad alimentaria.
Persistir en políticas centradas exclusivamente en modificar conductas individuales es desconocer la naturaleza estructural del problema. Garantizar el acceso económico a una alimentación saludable no es solo una política nutricional, es una política de equidad, de desarrollo infantil y de reducción de la pobreza.
En un país que debiese aspirar a disminuir las desigualdades, una alimentación saludable no puede seguir siendo un privilegio solo para quienes pueden pagarla.
