El diputado Jaime Bassa (FA) expresó sus reparos frente al contenido de la reforma constitucional en materia de seguridad que impulsa el Gobierno, cuyo borrador contempla 11 cambios a la Carta Fundamental orientados a ampliar las facultades del Estado para enfrentar delitos como el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.
Una de las principales modificaciones considera incorporar un nuevo artículo 9 bis, mediante el cual se establecerían regímenes penitenciarios diferenciados. La propuesta también plantea que quienes sean condenados por determinados delitos queden impedidos, mientras cumplen su pena y durante los 15 años posteriores, de acceder a prestaciones financiadas con recursos públicos relacionadas con derechos como salud, educación, trabajo y seguridad social.
Frente a esta iniciativa, Bassa manifestó sus reparos y sostuvo que “me preocupa que el Gobierno pretenda convertir la Constitución en un catálogo de exclusiones y que confunda una política de seguridad con la acumulación de castigos. Por supuesto que necesitamos fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar al crimen organizado. Sin embargo, excluir durante 15 años de prestaciones vinculadas a derechos sociales a una persona que ya cumplió su condena significa extender los efectos punitivos del Estado mucho más allá de la pena impuesta por los tribunales”.
El parlamentario planteó además que las medidas de seguridad deben contemplar mecanismos que permitan evitar la reincidencia y favorecer la reinserción.
En ese sentido, afirmó que “una política seria tiene que perseguir y sancionar con firmeza, pero también prevenir, rehabilitar y evitar que el delito se reproduzca. La mano dura, sin una visión de futuro, puede servir como consigna, pero difícilmente construye un país más seguro. La Constitución no está para administrar venganzas“.
La propuesta del Ejecutivo incluye además un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que podría ser decretado frente a la actuación de organizaciones criminales. A juicio del parlamentario, este mecanismo restringiría derechos como la libertad de locomoción y de reunión, junto con establecer fórmulas de cooperación entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad.
En ese escenario, Bassa sostuvo que el debate en el Congreso deberá analizar con especial atención el alcance de las modificaciones planteadas. A criterio del parlamentario, si bien es necesario dotar al Estado de herramientas eficaces para combatir al crimen organizado, aquello debe hacerse resguardando los límites constitucionales y las garantías fundamentales.
Enviando corrección, espere un momento...
