Treinta días no es un favor: es lo que corresponde para las Pymes

Detrás de cada Pyme hay mucho más que una factura. Hay una familia que arriesgó sus ahorros, trabajadores que esperan su sueldo, proveedores que deben ser pagados y una persona que, todos los días, abre la cortina de su negocio sin saber con certeza cómo terminará el mes.

Por eso, cuando una pequeña empresa entrega un producto o presta un servicio, no está pidiendo un favor al exigir que le paguen. Está exigiendo algo mucho más sencillo: recibir, en un plazo razonable, el dinero por un trabajo que ya hizo.

Chile dio un paso importante cuando estableció el pago a 30 días. Pero una ley que dice 30 días y que en la práctica permite que una Pyme espere 60, 90 o incluso más para recibir su dinero no está cumpliendo su propósito. Tenemos que hacer que el pago a 30 días sea efectivo.

Una gran empresa puede tener espalda financiera para esperar. Una pequeña empresa muchas veces no. Mientras espera que le paguen una factura, tiene que pagar remuneraciones, cotizaciones, impuestos, arriendo, electricidad, combustible y materias primas. Y cuando el dinero no llega, termina haciendo algo profundamente injusto: endeudarse para financiar la espera de un pago que legítimamente le pertenece. Eso debe cambiar.

Las Pymes no pueden seguir transformándose involuntariamente en el banco de quienes tienen más poder económico que ellas. No corresponde que una pequeña empresa tenga que pedir un crédito, pagar intereses o utilizar una línea bancaria simplemente porque quien recibió su producto o servicio decidió postergar el pago.

El principio debe ser sencillo: si una Pyme cumplió, se le paga. Y se le paga a tiempo.

Por eso resulta difícil comprender la decisión del Gobierno en la Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social. Durante su tramitación, desde la oposición logramos incorporar una norma destinada a fortalecer el pago a 30 días. Sin embargo, el Presidente de la República presentó un veto supresivo precisamente para eliminar esa disposición.

Y aquí hay una discusión que debemos enfrentar seriamente. Algunos gremios han advertido que prohibir todo plazo superior a 30 días también podría perjudicar a una Pyme cuando ella es la compradora y una gran empresa le concede 60 o 90 días para pagar. Ese argumento merece ser escuchado. Pero la respuesta no puede ser simplemente eliminar la protección. La solución es distinguir.

Cuando una gran empresa compra a una Pyme, los 30 días deben ser efectivos. Sin letra chica, sin excepciones utilizadas para postergar indefinidamente el pago y sin convertir al pequeño proveedor en una fuente gratuita de financiamiento.

Y cuando sea la Pyme la que compra a una gran empresa, debemos permitir que pueda negociar voluntariamente plazos superiores si aquello mejora su capital de trabajo. Eso es legislar pensando en la realidad y no solamente en el papel.

Aquí existe una contradicción política que no podemos ignorar. Se habla permanentemente de apoyar a las Pymes, de impulsar el emprendimiento y de generar empleo. Pero cuando el Congreso establece una regla para que quienes ya trabajaron puedan cobrar oportunamente, el Gobierno utiliza el veto presidencial para intentar eliminarla. Apoyar a las Pymes no consiste en mencionarlas en los discursos. Consiste en tomar decisiones cuando están en juego sus intereses.

Esta discusión es sobre qué tipo de país queremos construir. Un país donde el tamaño de una empresa determine cuánto tiempo puede hacer esperar a otra, o un país donde la palabra empeñada, el contrato firmado y el trabajo realizado tengan valor. Yo elijo lo segundo.

Hagamos que los 30 días sean 30 días. Que ninguna Pyme tenga que mendigar el pago de una factura. Que ningún emprendedor tenga que endeudarse porque alguien más decidió financiarse con su esfuerzo.

El trabajo realizado se paga. Y se paga a tiempo. Eso no es un privilegio. Es simplemente justicia.