En los últimos años las dificultades financieras de San Bernardo han dejado de ser solo un problema de balances, traduciéndose en el no pago de deudas y derivando en paros de profesores, denuncias y la apertura de múltiples causas judiciales de cobro por parte de personas con vínculos comerciales con el municipio.
Las alertas financieras, sin embargo, no se limitan a los trabajadores. Una auditoría de Contraloría sobre las cuentas de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo (Corsaber) ya había determinado que durante 2022 se habían suscrito convenios colectivos por $3.389 millones pese a registrar un saldo negativo de $3.421 millones. El organismo fiscalizador había detectado además más de $140 millones pagados en intereses, reajustes y multas por cotizaciones previsionales y de salud que no fueron enteradas oportunamente.
La crisis financiera de la Corporación, de hecho, venía siendo advertida públicamente desde antes con un déficit y desequilibrio financiero que se arrastraba desde administraciones anteriores, y dentro del municipio comentan que cuando se pone el tema financiero sobre la mesa, la situación se tensa, y hay una razón: los números ya se están traduciendo en bienes concretos.
Así lo reveló una revisión de causas judiciales realizada por la unidad de investigación de Radio Bío Bío, en que se identificó que múltiples sedes comunitarias, cuentas bancarias destinadas a salud y hasta un colegio han sido embargados a consecuencia de deudas del Municipio o la Corporación. Descubriéndose incluso que aquel centro educacional cuenta con 23 embargos provenientes de distintas causas.
Las deudas vienen principalmente de dos situaciones: el conocido como Caso MIVA, por el cual se le debe dinero a guardias de seguridad subcontratados por un empresa para trabajar en el municipio; y por otro lado, causas vinculadas al Colegio de Profesoras y Profesores que se originaron por incumplimientos en el pago de beneficios laborales pactados entre los docentes y la Corporación.
Una discusión que se ha repetido en casi todas las causas es sobre la inembargabilidad de ciertos bienes municipales, aunque en la mayoría de los casos, los tribunales le han dado la razón a los demandantes, argumentando que los inmuebles no son indispensables para la labor del municipio dirigido por Christopher White (Partido Socialista).
La señal, es que los municipios deben empezar a pagar las deudas contraídas puesto que, a pesar de que algunos bienes y parte de su patrimonio es efectivamente inembargable, estos deben cumplir con sus obligaciones contractuales, ya que frente a a la justicia, ambas partes son iguales en derecho.
Consultados por Radio Bío Bío, el director jurídico de la Municipalidad de San Bernardo, Álvaro González, indicó:
“Lo primero es entregarle tranquilidad a nuestras vecinas y vecinos: ninguna sede social se va a perder ni será rematada, ya que nos encontramos tomando todas las medidas necesarias para poner fin a los distintos juicios. Es muy importante hacer presente que estos procesos judiciales no se originan por incumplimientos de la Municipalidad, sino por graves faltas de la empresa MIVA con sus trabajadores, entre ellas el no pago de remuneraciones y cotizaciones. Posteriormente, por las normas de responsabilidad subsidiaria y/o solidaria, la acción también recayó sobre el municipio.
Como Municipalidad tenemos el deber de defender los recursos de todos los vecinos. Por eso hemos cumplido las resoluciones judiciales, pagado las liquidaciones y estamos avanzando en cada sentencia y buscando acuerdos que permitan cerrar los procesos. Debemos cuidar los recursos fiscales y responder únicamente por aquello que legalmente corresponde. Los embargos han sido recurridos y algunos incluso dejados sin efecto. Además, hemos instruido sumarios administrativos y existe una querella criminal para esclarecer eventuales responsabilidades y proteger los intereses de San Bernardo”.
El concejal de San Bernardo, Juan Francisco Rivera (Partido Repúblicano), llamó la atención sobre el asunto en conversación con Radio Bío Bío.
“Como abogado, lo más grave y contradictorio para mí, es que el artículo 1° de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece que el objetivo o fin fundamental de los municipios es ‘satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural’, sin embargo dicha participación comunitaria se materializa precisamente en espacios como las sedes sociales, las cuales son entregadas en comodato a las distintas organizaciones sociales y que hoy corren el riesgo de ser rematadas por una mala gestión de esta administración”, dijo.
Agregando que: “Permitir el embargo y un eventual remate de estas sedes equivale a matar el alma de nuestras comunidades y de nuestros barrios, además de vulnerar el fin último para el cual fue creada la institución municipal”.
Caso MIVA
El origen del denominado “Caso MIVA” se remonta a 2022, cuando la empresa Servicios MIVA SpA se encontraba contratada para prestar servicios de vigilancia a la Municipalidad de San Bernardo. Sin embargo, guardias subcontratados por la empresa comenzaron a denunciar incumplimientos graves de su empleador. Entre las acusaciones se encontraban remuneraciones sin pagar, cotizaciones previsionales no enteradas y diferencia en el pago de gratificaciones.
MIVA fue considerada responsable directa por los incumplimientos, pero cuando los tribunales intentaron embargar cuentas bancarias y vehículos, se dieron cuenta que la compañía no tenía patrimonio suficiente para responder a las demandas.
Por ello, la responsabilidad terminó cayendo sobre la Municipalidad tanto de forma subsidiaria –porque la empresa contratada por el Estado no podía pagar– y solidaria –porque el tribunal estimó que la Municipalidad no había ejercido adecuadamente sus derechos respecto del cumplimiento de las obligaciones de la contratista–.
En total, existen más de 25 demandas laborales que involucran distintas cantidades de trabajadores, que totalizan una deuda de alrededor de $3.000 millones de pesos.
Sedes sociales bajo embargo
Frente a la falta de posibilidad de pago de MIVA, los trabajadores separados en distintas causas civiles comenzaron a pedir a los tribunales que embargaran diferentes bienes municipales para asegurar el pago de la deuda. Esto significa que el municipio sigue siendo propietario y puede utilizar el bien, pero el acreedor podría pedir el remate para pagar lo adeudado.
Uno de los inmuebles embargados en este caso es Ayacara 901, el cual actualmente se encuentra entregado en comodato a la Junta de Vecinos Villa Chacao y es utilizado para reuniones y como multicancha para actividades y talleres deportivos.
Durante 2026 el procedimiento avanzó hacia un eventual remate, presentando los trabajadores representados en esa causa una tasación de $359 millones para una deuda que rozaba los $250 millones. Sin embargo, la Municipalidad se opuso al valor pidiendo una nueva tasación pericial, quedando trabado el procedimiento en la etapa previa de tasación, sin haberse fijado ni celebrado la subasta.
No es la única sede comprometida.
En otra causa, el tribunal ordenó embargar Manuel Magallanes Moure 1250 y Poema El Regreso 16.320, ambas propiedades asociadas a la Junta de Vecinos Manuel Magallanes Moure y destinadas a actividades comunitarias, recreacionales y sociales.
Otro juicio alcanzó a Poema El Regreso 16.270, también entregado en comodato a esa organización. Ese caso estuvo cerca de dar un paso más, ya que los trabajadores presentaron bases para llevar la propiedad a subasta y llegaron a proponer un remate para febrero de 2026. La venta finalmente no ocurrió: antes de que el procedimiento pudiera concretarse, la Municipalidad pagó la deuda.
Hay un debate que se ha repetido prácticamente en todas las causas, que es que la Municipalidad sostiene que los inmuebles utilizados por organizaciones comunitarias forman parte de su función pública por lo que debiesen estar protegidos por la inembargabilidad de determinados bienes municipales, sin embargo el tribunal le ha dado la razón en la mayoría de los casos a los trabajadores, afirmando que los bienes sí pueden utilizarse para responder las deudas.
Caso Colegios de Profesores
El segundo frente tiene cifras todavía mayores. Durante 2024, la crisis de la educación municipal de San Bernardo se hizo pública a través de movilizaciones y paralizaciones. En diciembre, los docentes permanecieron en paro indefinido exigiendo remuneraciones, cotizaciones y otros compromisos. Una parte de esas obligaciones terminó judicializada.
En una de las causas revisadas, Nélida Puelles, en su calidad de presidenta del Directorio Comunal del Colegio de Profesores, demandó a la Corporación por incumplimiento de un convenio colectivo de octubre de 2022. Entre las prestaciones discutidas aparecen bonos de colación y movilización, asignaciones, incentivo profesional y otros beneficios remuneracionales. En octubre de ese año las partes alcanzaron un acuerdo, la deuda reconocida ascendía a más de $540 millones. Pero la Corporación no habría pagado siquiera la primera cuota en los términos convenidos.
No era un episodio aislado. Otra causa encabezada por Puelles se originó en un avenimiento cuyo saldo insoluto era alrededor de $170 millones. Ante el incumplimiento, el tribunal autorizó perseguir cuentas bancarias de la Corporación. En marzo de 2025 se consiguieron retener poco más de $9 millones, que posteriormente fueron entregados a la parte ejecutante.
En julio de 2026 se ordenó un nuevo embargo sobre 17 cuentas BCI del municipio, pero cuando el receptor llegó al banco, no había dinero disponible para retener.
Entre las cuentas perseguidas judicialmente por causas ligadas a los docentes hay dos especialmente sensibles. La primera, al mantener recursos destinados a la Atención Primaria de Salud, que permite sostener el funcionamiento de CESFAM y CECOSF. Y la segunda, al estar destinada para pagar medicamentos e insumos médicos, remuneraciones de médicos, paramédicos, técnicos, administrativos y auxiliares, además de combustible y reparaciones de ambulancias y otros gastos operativos.
Un colegio con 23 embargos
El caso más llamativo está a pocas cuadras de la Plaza de Armas de San Bernardo, en Eyzaguirre 178, donde funciona actualmente el Liceo de Adultos Pucará de Chena.
La propiedad sigue inscrita registralmente a nombre de la antigua Corporación Municipal y fue embargada en la causa por las prestaciones adeudadas a los trabajadores de educación.
El establecimiento continúa funcionando bajo la administración del SLEP Del Pino y ofrece educación básica de adultos, enseñanza media científico-humanista y educación técnico-profesional. El propio expediente consigna que las redes del establecimiento continúan promocionando matrículas y actividades en esa dirección.
Este tambien fue un bien embargado, con un avalúo fiscal de más de $1.063 millones. Los trabajadores pidieron su remate, y en abril de 2026 el tribunal alcanzó a aprobar las bases para la subasta. Sin embargo, esta no pudo fijarse.
Una de las razones es que para enero de 2026, Eyzaguirre 178 acumulaba otros 22 embargos inscritos, provenientes principalmente de procedimientos de Tesorería, pero también de tribunales civiles y laborales. El más antiguo se remontaba a 2015. Para venderlo era necesario obtener autorización de los distintos acreedores que habían llegado antes.
A eso se sumó el SLEP Del Pino, que presentó una tercería argumentando que el establecimiento había sido traspasado al nuevo sistema de educación pública y que un liceo actualmente bajo su administración no debía terminar respondiendo por las deudas históricas de la antigua Corporación. Aunque cuando se decretó el embargo, Eyzaguirre 178 todavía figuraba inscrito a nombre de la Corporación.
Hasta el cierre de los antecedentes revisados, ninguno de los inmuebles nombrados ha sido rematado.
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