En el debate sobre Escuelas Protegidas se habla mucho del alumno que podría ser sancionado, pero poco del estudiante que no encabeza tomas, no interrumpe clases, no amenaza a profesores ni destruye el espacio común. Es el estudiante que llega a la escuela esperando algo básico: que haya clases, que el profesor pueda enseñar y que sus compañeros le permitan aprender.
Ese estudiante suele ser mayoría, pero rara vez ocupa el centro del debate educacional. Cuando se discute sobre sanciones, convivencia escolar o medidas de seguridad, la atención suele desplazarse hacia quien podría ser estigmatizado, sancionado o excluido. Esa preocupación puede tener un lugar, pero se vuelve miope cuando deja fuera a quienes padecen, sin haberlo provocado, clases suspendidas, profesores intimidados y una rutina escolar convertida en incertidumbre.
Por eso, ante todo, conviene hacerse una pregunta fundamental: ¿qué ocurre con quienes van a la escuela a aprender? No se trata solo de invocar la educación como un derecho en abstracto, sino de mirar una posibilidad concreta: entrar a una sala donde la clase no sea interrumpida, contar con un profesor que pueda enseñar y avanzar, día tras día, en conocimientos y hábitos. Cuando esas condiciones desaparecen o se vuelven secundarias, la posibilidad de aprender deja de ser real y se transforma en una fórmula vacía.
Quienes sostienen la vida escolar cotidiana rara vez tienen vocería, consignas o comunicados a su favor. No encarnan una épica de rebeldía ni sirven como símbolo de resistencia. Asisten a clases, cumplen horarios, escuchan, aceptan reglas y hacen el esfuerzo diario de formarse. En esa conducta ordinaria hay algo decisivo: ese estudiante hace posible la escuela, porque participa de ella de la forma en que una comunidad educativa necesita para existir.
El discurso que suele presentarse como defensor de los vulnerables, de quienes tienen menos voz, menos poder o menos oportunidades, enfrenta aquí una contradicción de fondo: si de oportunidades se trata, pocas son tan decisivas como poder estudiar en una escuela donde haya clases, profesores respaldados y reglas comunes. Sin embargo, ese mismo discurso suele desplazar el foco moral desde los estudiantes y familias que dependen de la escuela para construir un futuro hacia quienes, aun necesitando esa misma institución, impiden que otros estudien.
El problema es que, cuando la discusión pierde de vista las condiciones mínimas para aprender, termina defendiendo la educación como consigna, pero no como una posibilidad concreta. Incluso si se entiende la educación como un derecho, no hay derecho a la educación en abstracto cuando, en la práctica, se tolera que una minoría impida estudiar, intimide, paralice clases o transforme la vida escolar en un espacio de permanente inestabilidad y violencia. En otras palabras, la libertad de aprender no existe en el vacío, sino que requiere condiciones concretas: una sala en la que sea posible hacer clases, un profesor que pueda enseñar y una autoridad capaz de sostener reglas comunes.
No se trata de negar que existan conflictos escolares ni de pretender una escuela sin tensiones. Tampoco se trata de defender respuestas ciegamente punitivas. El conflicto puede aparecer en cualquier comunidad humana y, bajo condiciones adecuadas, puede enseñar a enfrentar desacuerdos, asumir límites y vivir con otros. Pero para que eso ocurra primero debe existir un orden que haga posible aprender. Sin esa base, el conflicto no forma; simplemente desplaza a quienes no tienen más herramienta que la educación.
Por ello, en un país donde la educación sigue siendo una de las pocas promesas reales de movilidad, la posibilidad de aprender no puede quedar subordinada a la comprensión interminable de quienes provocan el desorden. Cuando el debate público pierde de vista al estudiante que quiere formarse, también pierde de vista el sentido más elemental de la escuela: ser un lugar donde niños y jóvenes puedan adquirir conocimientos, formar hábitos de estudio, respeto y convivencia, e iniciar la construcción de un proyecto de vida propio.
Daniela Carrasco San Martín
Socióloga
Doctor of Philosophy (PhD) en The University of Queensland
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