Uno de los desafíos más apremiantes que enfrenta la política pública es considerar el riesgo de incendios en una normativa centralizada que regule el ordenamiento territorial y urbano.
Resulta prudente analizar los factores que incidieron en el desarrollo del grave incendio de la Región de Valparaíso y trabajar en evitar que algo así vuelva a pasar.
Ya sabemos que la crisis climática es un elemento clave en la configuración del escenario que exacerba la ocurrencia de incendios, pero es importante tener presente otros dos factores: que el 99% de los incendios en Chile son provocados por acción humana y que las características territoriales son fundamentales, pues no todas las zonas se enfrentan al mismo nivel de riesgo.
Sobre este último punto me quiero detener: al analizar los mega incendios que han azotado al país en los últimos años, estudios han determinado que, de la superficie quemada, el 50% ocurrió sobre plantaciones forestales, por lo que es evidente que se debe repensar el modelo forestal y buscar soluciones efectivas al problema.
En paralelo, hay otra zona que el análisis científico ha declarado de alto riesgo: la llamada interfaz urbano-rural, zonas donde conviven asentamientos humanos con especies vegetales potencialmente combustibles, ya sean éstas plantaciones o de otro tipo.
Éstas suelen ser las que tienen los peores daños, por lo que es ahí donde se debe concentrar el desarrollo de la política pública en lo inmediato.
Pese a la gran cantidad de información que se dispone, la planificación urbana del país no ha tomado en serio el tema. Es más, la Ley General de Urbanismo y Construcción no menciona el riesgo de incendio, el que sólo es recogido por una circular del Minvu, donde se incorpora al concepto “área de riesgo” y se instruye a los municipios a que se introduzca esta variable en los planes reguladores. A todas luces, insuficiente para el nivel de impacto y recurrencia que tienen hoy.
Es por ello que uno de los desafíos más apremiantes que enfrenta la política pública es considerar el riesgo de incendios en una normativa centralizada que regule el ordenamiento territorial y urbano.
Si bien los municipios ya pueden trabajar en planificaciones de riesgo y cambiar sus planes reguladores para evitar este tipo de siniestros (un gran ejemplo de ello es lo que está haciendo el municipio de Villa Alemana, que está modificando a “áreas verdes” el uso de suelo de los cerros que rodean el área urbana para amortiguar posibles amenazas), es algo que requiere de la acción articulada y que no dependa de la voluntad de algunos.
Todos los esfuerzos deben apuntar a tomarnos en serio la reducción del riesgo de desastre, a través de leyes que permitan disminuir la exposición a la amenaza y aumentar la resiliencia de los territorios.
Pese a lo urgente que es este tema, hasta antes del receso legislativo, sólo un proyecto presentado por el Ministerio de Agricultura, que busca establecer una “regulación integral, robusta y eficaz” en materia de incendios forestales y rurales en el país, avanzaba en su tramitación en el Congreso. Otra veintena descansa en la falta de acuerdos políticos para su discusión.
Ya lo decía en una columna anterior: la compra de un avión aljibe ayuda a combatir los incendios declarados, pero no puede ser toda la estrategia del Estado en la materia: debemos actuar preventivamente.
La ciudadanía no quiere escuchar más recriminaciones de lado y lado, ni perderse en las nimiedades del control del poder. Lo que hoy se necesita es avanzar claramente en normativas que nos entreguen la posibilidad de diseñar ciudades resilientes y que permitan que nunca más debamos lamentar la pérdida de un ser querido por la incapacidad de la política pública de avanzar y lograr acuerdos.
Lo que la clase política debe entender es que lograr la reducción significativa de los incendios forestales y superficie quemada, y reducir a 0 la pérdida de vidas humanas en 2025, no será el triunfo de un solo sector, sino el de todas las personas de nuestro país.
