El fantasma de los incendios forestales y las olas de calor parecieran opacar cada vez más nuestra, otrora, alegría estival y, lamentablemente, tanto la evidencia científica como las predicciones climáticas adelantan que durante las próximas décadas serán cada vez más frecuentes los incendios y mega incendios en el país en este periodo.
Desde hace años vemos cómo cada vez se asignan más fondos al combate de los siniestros ya declarados. De hecho, el Ejecutivo destinó $120.952 millones para el Plan Preventivo de los Incendios Forestales en el Presupuesto 2024, lo que implica un incremento de un 28% respecto del año 2023.
En este escenario, es triste y desesperanzador no ver la misma celeridad y disposición para prevenir la ocurrencia real de incendios. Sin ir más lejos, luego de los incendios de diciembre de 2022 en Viña del Mar, el Presidente Gabriel Boric ingresó a la Cámara para discusión de suma urgencia, un proyecto de ley que regula los cambios de uso de suelo, los actos administrativos y obras de subdivisión, urbanización y edificación de terrenos afectados por incendios forestales, con el objetivo de evitar la ocurrencia de incendios intencionales con fines de desarrollo inmobiliario.
La mencionada normativa, que había sido ingresada originalmente en diciembre de 2020 no presenta ningún movimiento desde el 21 de enero de 2023, es decir, aun no pasaba siquiera un mes después de los incendios en la región de Valparaíso cuando se perdió el ímpetu inicial en este proyecto.
Según la página web de la Cámara de Diputados, entre marzo de 2005 y hoy, existen 22 proyectos de ley relativos a incendios forestales que se encuentran en tramitación o, de frentón, fueron archivados. El más reciente es un mensaje introducido por el Ministerio de Agricultura en octubre de 2023 y que avanza poco a poco en el hemiciclo y que busca regular la prevención de incendios forestales y rurales en el país.
La eterna discusión legislativa pareciera restarle urgencia a todo lo que es verdaderamente prioritario. En un escenario como el actual hacen falta iniciativas que avancen de forma rápida y decidida en, por una parte, la prevención de incendios, con planes de acción robustos que apelen a la interfaz urbano rural, la zona clave donde ocurren estos siniestros, y, por otra, en una planificación territorial que integre la gestión de reducción de riesgo de desastres y la protección de biodiversidad como pilares.
A la luz de los incendios de los últimos años, también resulta crucial generar una nueva regulación para la industria forestal. Poco después de los masivos incendios de febrero de 2017, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia -(CR)2- publicó un informe que rezaba: “En un escenario de cambio climático que favorece un aumento de la frecuencia, la extensión y la intensidad de los incendios, […] es muy importante generar políticas dirigidas al control de especies exóticas invasoras (pinos y eucaliptos principalmente) y la restauración de ecosistemas nativos para reducir la probabilidad de eventos catastróficos”.
No podemos “acostumbrarnos” a la posibilidad latente cada año de la ocurrencia de mega-incendios, jugando una ruleta rusa entre las localidades rurales del país para adivinar cuál se salvará y cuál se consumirá por completo, esperando pacientemente acuerdos legislativos que parecen no llegar jamás.
Parecemos olvidar que la compra de dos aviones aljibes, si bien es muy importante, no resuelve los enormes desafíos ambientales que enfrentamos en la actualidad y que de nada sirve destinar cada año más recursos al combate de los incendios declarados si poco hacemos para prevenir su ocurrencia.
La mayor parte de los incendios forestales tienen un origen antrópico, lo que significa que con normativas bien diseñadas, penas ejemplares, fiscalización constante y trabajo sobre sus causas estructurales más que sólo en sus consecuencias, pueden ser disminuidos considerablemente y evitar gran parte de sus consecuencias.. De la política pública y todos los sectores políticos depende avanzar en la protección de los habitantes de las zonas de mayor peligro.
Esperamos, honestamente, que estas demoras no nos cueste cientos de vidas nuevamente este verano.
