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En el debate político contemporáneo, pocas cosas resultan tan atractivas como invocar los grandes principios de la libertad. La célebre máxima de Voltaire sobre la defensa irrestricta de la libertad de expresión sigue siendo un pilar fundamental de la convivencia civilizada. Sin embargo, la efectividad de los principios democráticos no se mide por su enunciación retórica, sino por la coherencia ética con que se ejercen. La libertad de expresión no puede ser utilizada como una cobertura táctica para validar proyectos que, en los hechos, sofocan esa misma libertad en otros lugares del planeta.
Existe una falta de coherencia cuando se reclama máxima tolerancia institucional dentro del Estado de Derecho, mientras en el plano internacional se guarda un silencio complaciente o una abierta justificación, frente a regímenes dictatoriales en la región o en el mundo que persiguen opositores, encarcelan a la disidencia y han barrido con la libertad de expresión, persiguiendo la prensa libre. La defensa de los derechos fundamentales pierde toda estatura moral cuando se aplica con una evidente doble vara.
Esta asimetría se extiende también a la hora de interpretar la historia reciente de América Latina. Intentar importar datos estadísticos sobre las dinámicas de violencia política de Estados Unidos, como el estudio del Center for Strategic and International Studies, para analizar la realidad continental, bajo ópticas muy discutibles, en que se ignora la evidencia de los últimos cuarenta años.
Las secuelas del terrorismo urbano y rural en la región, promovido y financiado bajo orientaciones de extrema izquierda a través de guerrillas y grupos insurreccionales, entrenados y preparados la gran mayoría en Cuba, no son una abstracción teórica; son una dura realidad durante los últimos sesenta años que han dejado cicatrices profundas en la estabilidad institucional de nuestros países.
En el caso de Chile estuvimos a un paso de la destrucción de nuestro país en el intento golpista insurreccional comenzado en octubre del 2019, que por ciertos sectores fue celebrado llegando al extremo de rendir homenaje en el Congreso Nacional a los delincuentes perpetradores del intento de la destrucción de Chile.
El problema de fondo radica en un persistente relativismo moral, calificar la violencia como “idealismo” o “lucha social” cuando proviene de las filas afines, pero calificar de persecución cualquier respuesta de las instituciones republicanas para contenerla. Cuando la democracia pierde la capacidad de llamar a la violencia política por su nombre, se desarma frente al extremismo.
Solo como recordatorio, la Ley de Defensa de la Democracia fue promulgada en 1948, tras ser aprobada en el Senado por 22 votos a favor y 5 en contra; en tanto en la Cámara de Diputados por 91 votos a favor y 22 en contra. Las opciones mayoritarias en ambas cámaras no fueron solamente con votos de parlamentarios derechistas.
Al final del día, la frontera política relevante en el siglo XXI no se traza entre posturas de izquierda o de derecha, sino entre quienes adhieren a la democracia representativa, con su exigencia irrestricta de alternancia en el poder, contrapesos institucionales y respeto a las minorías, y quienes abrazan o justifican el totalitarismo. Las democracias maduras no se sostienen en la ingenuidad, sino en su capacidad para fijar límites claros: la violencia no tiene cabida en el juego democrático y el respeto a la libertad exige, ante todo, coherencia.
Así en los Estados Unidos en noviembre tienen elecciones parlamentarias de medio término, en un poco más de dos años se elige Presidente y Vicepresidente, más la renovación correspondiente de parlamentarios. País con prensa libre incuestionable, libertad de enseñanza, libertad de expresión, no existe el partido único y más aún están surgiendo nuevos partidos.
Evidentemente no es el caso en los países que pretenden disputar a los EEUU la hegemonía mundial, con la asimetría política de una sociedad con todas las libertades mencionadas y otras en las que simplemente las libertades no existen. Es decir, en occidente hay un sector político que simpatiza abiertamente con el totalitarismo, cuestión imposible en los países con ese signo porque en estos se persigue la disidencia con las más diferentes formas de atropellos a los Derechos Humanos.
Aun así, los últimos años Estados Unidos hace una gran contribución para la recuperación de la libertad en países desprovistos de ésta, por regímenes dictatoriales entronizados con la firme decisión ideológica y política de no entregar nunca el poder.
