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Desde octubre de 2023 rigen nuevos criterios y estándares de acreditación que elevan significativamente las exigencias para las universidades en nuestro país. Hoy se evalúan de manera integral todas sus funciones, sedes, niveles y modalidades. Más que un cambio regulatorio, este nuevo escenario expresa una forma distinta de entender la responsabilidad de las instituciones con sus estudiantes y con la sociedad.
La acreditación, sin embargo, no debiera reducirse a un requisito legal ni a una certificación que se obtiene cada cierto tiempo. Su mayor valor está en convertirse en un proceso permanente de reflexión y mejoramiento institucional. Cuando una universidad examina con honestidad su trabajo, identifica sus fortalezas, reconoce sus debilidades y toma decisiones basadas en evidencia, la acreditación cumple su verdadero propósito.
Este año, la Universidad de Aconcagua inició un nuevo proceso de acreditación. Lo hemos asumido como una oportunidad para fortalecer nuestras capacidades, consolidar una cultura de mejora continua y seguir avanzando en el cumplimiento de nuestra misión institucional.
La experiencia internacional demuestra que el principal aporte de los sistemas de aseguramiento de la calidad no es la certificación, sino la autoevaluación. También enseña que los procesos pueden perder sentido cuando se transforman en ejercicios excesivamente burocráticos o cuando se aplican con una mirada uniforme a instituciones que cumplen misiones muy distintas.
El sistema universitario chileno es diverso. Existen universidades intensivas en investigación y otras cuyo principal aporte consiste en ampliar las oportunidades de acceso, formar profesionales para sus territorios y acompañar a estudiantes con trayectorias educativas muy distintas. Esa diversidad constituye una fortaleza del sistema y debe ser considerada al momento de evaluar la calidad.
Los modelos internacionales más consolidados han evolucionado precisamente hacia sistemas que mantienen altos niveles de exigencia, pero reconocen la diversidad institucional y la capacidad de cada universidad para demostrar, con evidencia, que cumple adecuadamente su proyecto educativo.
Uno de los desafíos pendientes en Chile es avanzar hacia una evaluación más centrada en los resultados. No basta con verificar la existencia de políticas, reglamentos o procedimientos; resulta indispensable conocer cuánto aporta efectivamente una institución al aprendizaje, la progresión y la titulación de sus estudiantes.
Esta mirada adquiere especial relevancia cuando una universidad recibe estudiantes con condiciones de origen diversas. Si esas diferencias no se consideran, el sistema puede terminar valorando principalmente la selectividad y no la capacidad transformadora de las instituciones. Formar, acompañar y lograr que esos estudiantes se desarrollen académica y profesionalmente constituye también un indicador de calidad.
La fortaleza del sistema depende igualmente de la calidad de sus evaluaciones. Por ello, la preparación de los pares evaluadores, la aplicación consistente de los criterios y la transparencia de las decisiones son elementos esenciales para generar confianza. Una acreditación tiene consecuencias relevantes para estudiantes, académicos y comunidades, por lo que exige evaluaciones rigurosas, objetivas y debidamente fundamentadas.
Chile dispone hoy de un sistema más exigente que hace algunos años. El desafío consiste en que esa exigencia contribuya efectivamente a construir mejores universidades. Ello dependerá del compromiso de las instituciones con la mejora continua, pero también de la capacidad del propio sistema para evaluar con objetividad, consistencia y pleno reconocimiento de la diversidad que caracteriza a nuestra educación superior.
