El Séptimo Juzgado de Santiago autorizó el viaje a Brasil del general en retiro, Ricardo Yáñez, para participar de un encuentro organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la condición de que pague una caución de $2 millones.
La invitación a Yáñez fue cursada por el jefe de la División de Seguridad Ciudadana y la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo del BID, Eduardo Vergara, quien fue subsecretario de Prevención del Delito durante el Gobierno de Gabriel Boric.
Yáñez está en el centro de la causa “Alto Mando”, imputado por más de 200 delitos de apremios ilegítimos por omisión durante el estallido social.
Experto de la AChM
Actualmente, Ricardo Yáñez trabaja como director del Centro de Estudios y Gestión Estratégica de Seguridad Municipal (Ceges) de la Asociación Chilena de Municipalidades. En paralelo, enfrenta el proceso judicial del Alto Mando por el que se mantenía con arraigo nacional y firma mensual.
Por eso, su abogado, Jorge Martínez Cornejo, solicitó la programación de una audiencia para revisar las medidas cautelares de Yáñez, con el fin de que se levantara el arraigo y pudiera viajar a Brasil. Según el escrito en cuestión, Yáñez fue convidado a la cita en Brasilia debido a su “trayectoria policial”.
“La participación de mi defendido resulta fundamental para la Asociación de Municipalidades, que están ejerciendo labores de seguridad en los territorios comunales colaborando con las instituciones policiales del Estado de Chile, hecho que es de público conocimiento”, señalaba el escrito.
Yáñez recibió una carta firmada el 23 de julio pasado por Eduardo Vergara. De acuerdo con la misiva, durante la cumbre, “autoridades de diferentes países y representantes de instituciones de seguridad y justicia de toda la región tendrán la oportunidad de dialogar con sus homólogos sobre “Sistemas Penitenciarios Inteligentes contra el crimen organizado: innovación y cooperación”, como tema principal convocante”. El encuentro se realizará entre el 5 y el 6 de agosto.
$2 millones
Finalmente, este viernes se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares ante la jueza Carla Capello. De acuerdo con fuentes presentes en la sesión, el Ministerio Público acordó una fianza de $2 millones con la defensa de Yáñez, para que pudiera salir del país.
Mientras otros querellantes se opusieron, el INDH decidió simplemente dejar la decisión “a criterio del tribunal”, cuentan las mismas fuentes. Así, la jueza Capello determinó aceptar la solicitud y fijó la fianza en $2 millones.
Se trata de una caución significativamente menor a la que, por ejemplo, fijó el mismo tribunal la semana pasada para Sergio Yáber, conservador de Puente Alto e imputado en el Caso Muñeca Bielorrusa. El fedatario había solicitado autorización para viajar a Argentina por un problema doméstico, pero el tribunal terminó fijando el monto en $150 millones.
Luego de la audiencia, la abogada querellante Karinna Fernández calificó de “inaceptable” la determinación y adelantó que apelarán.
“Lo más grave y doloroso es que la magistrada fundamentó esta autorización en la postura permisiva del Ministerio Público y, muy especialmente, del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH); un organismo que, tensionado por debates sobre su presupuesto y rol, incumple flagrantemente sus obligaciones de garantía y protección”, aseveró Fernández.
Junto con ello, la legista criticó la “nula colaboración de Yáñez en la investigación” y dijo que la situación evidenciaba “redes de influencia al validar una invitación cursada por un excolaborador político”.
La misma abogada ya había hecho una presentación al presidente del BID, Ilan Goldfajn, en la que expuso los antecedentes sobre Yáñez y cómo su defensa había utilizado la invitación para un cambio de medidas cautelares. En dicha misiva solicitó que el organismo dejara sin efecto el ofrecimiento.
Defensor respalda decisión de jueza
Sobre la polémica, el abogado de Yáñez, Jorge Martínez Cornejo, comentó a la Unidad de Investigación de Bío Bío que “la autorización dada por la jueza Capello se basa en antecedentes legales concretos y no en conjeturas” y que su cliente debe recibir “trato de inocente mientras no exista una condena”.
“En este caso no hay ningún antecedente de que él o los otros generales en cumplimiento de sus funciones o cargos hayan cometido un delito de apremios ilegítimos omisivos. La fiscalía requiere probar que actuó abusando de su cargo o función, que conocía en el momento en que se ejecutaban los supuestos apremios, que no impidió o hizo cesar con dolo directo, que no hizo nada para impedirlo en ese período”, afirmó Martínez por escrito.
El defensor añadió que Yáñez dictó “83 órdenes escritas recordando los deberes de los funcionarios que operaban en el territorio nacional” y que no se trata de una causa de derechos humanos porque se imputa “un hecho omisivo que es tratado como delito común por la legislación penal chilena”.
Sobre quién cancelará la fianza, Martínez comentó que esta puede ser pagada por él o un tercero, y que esta se reintegrará cuando Yáñez vuelva al país.
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