La lectura de la cuenta pública que todos los años realiza el Presidente ante el Congreso Nacional es un acto republicano que tiene la mayor de las trascendencias políticas. De la gran variedad de temáticas abordadas en este discurso, la clase política y la opinión pública estaban expectantes respecto de los anuncios que en materia de seguridad serían expuestos.
Boric no desconoció ni bajó el perfil a la gravedad de los problemas de seguridad que enfrenta el país, señalando que la delincuencia es una verdadera “pandemia social” y advirtió que los delincuentes, el narcotráfico, y en general, el crimen organizado, se reinventan y modernizan mucho más rápido que el Estado para enfrentarlos.
El Presidente explicó los ejes que servirán de guía para el combate a la delincuencia. El primero se configura a partir del fortalecimiento de la institucionalidad en materia de seguridad. Se informó el aumento del presupuesto de seguridad y orden público en un 4,4%, a fin de mejorar el funcionamiento de las policías y otros organismos que cumplen un rol importante en esta área.
En esta misma línea, fueron proclamadas una serie de medidas tendientes a fortalecer Carabineros de Chile. Fue anunciada la creación del Ministerio de Seguridad Pública, comprometiendo la calificación de urgencia de discusión inmediata al proyecto respectivo, además, se señaló la pronta creación de un Sistema de Inteligencia del Estado, de una Agencia de Ciberseguridad y de un Servicio de Atención de Víctimas. Se mencionó la necesidad imperiosa de abordar la crisis del sistema penitenciario, comprometiéndose a aumentar en un 12% la capacidad carcelaria al 2026.
Otro eje está marcado por la implementación de una serie de medidas destinadas a combatir el crimen organizado y el control de armas. Sobresale en este marco la presentación de una Política Nacional Contra el Crimen Organizado.
El tercer eje se vincula con la intervención del territorio con planes efectivos que permitan combatir la delincuencia y la violencia. Destaca al respecto, el inicio y reciente implementación del Plan Calle sin Violencia y se compromete a la instalación del primer sistema de televigilancia que usará inteligencia artificial para combatir el delito.
Los anuncios constituyen el camino correcto a seguir. Sin embargo, llama la atención que ni siquiera se haya planteado la necesidad de revisar el sistema de justicia penal, ya que muchas veces la forma cómo se aplica e interpreta la ley penal por parte de algunos jueces también es parte del problema de inseguridad que vive el país. Así como se hace necesario el perfeccionamiento del Ministerio Público para que se cumplan de mejor forma las funciones que le encomienda la Constitución y la ley.
Próximamente veremos si las propuestas serán o no efectivas, si se hará necesario diseñar e implementar otras. Pero sin duda, en esta tarea, la obligación no solo corresponde al Gobierno y a su coalición, sino que a todas las fuerzas políticas bajo una lógica de transversalidad, tal como lo indicó Boric, pues la lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado es esencial para el futuro de Chile.
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