No necesariamente porque la izquierda convenza más, sino porque la realidad acumula razones para formular preguntas que históricamente han estado asociadas a ese sector político.

Hace algún tiempo comencé a notar algo que, mientras más observo, más evidente me parece: “Cada día es más fácil ser de izquierda”.

No lo digo porque vea una ola de nuevos militantes recorriendo las calles ni porque de pronto todo el mundo esté leyendo teoría política o participando en debates ideológicos. La situación parece ser exactamente la contraria. Lo percibo cuando escucho a personas que no se identifican con ningún partido, que apenas siguen la contingencia más allá de los titulares y que probablemente jamás se definirían como de izquierda.

Lo veo en conversaciones cotidianas, en la micro, en la fila del supermercado, en la sobremesa familiar, en los grupos de WhatsApp y en los lugares de trabajo. Personas comunes, preocupadas por pagar el arriendo, encontrar una vivienda, costear la educación de sus hijos o simplemente lograr que el sueldo alcance hasta el último día del mes.

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La idea aparece de forma espontánea. No surge como una consigna política ni como el resultado de una reflexión ideológica profunda. Nace al observar el entorno. Cuando esas personas miran la realidad que las rodea, suelen detenerse en las mismas inquietudes: la desigualdad, los privilegios, los abusos, la desconexión de quienes toman decisiones y la evidente diferencia de trato entre quienes tienen poder y quienes no.

De ahí nace mi impresión de que cada día es más fácil ser de izquierda. No necesariamente porque la izquierda convenza más, sino porque la realidad acumula razones para formular preguntas que históricamente han estado asociadas a ese sector político.

Tampoco se trata de que la izquierda esté haciendo todo bien ni de que posea soluciones simples para problemas complejos. Lo llamativo es que muchos de sus mejores argumentos parecen provenir precisamente de quienes aseguran combatirla.

Existe una parte importante de la derecha que transformó todo lo relacionado con lo social en una especie de enemigo ideológico. Hablar de vivienda es sospechoso. Hablar de desigualdad es sospechoso. Hablar de salud, educación, transporte público o acceso a la justicia también es sospechoso. Pareciera que la palabra “social” se convirtió en un adjetivo incómodo, como si preocuparse por las dificultades de las personas comunes fuera una bandera exclusiva de la izquierda y no una preocupación elemental de cualquier sociedad sana.

Lo curioso es que mientras algunos continúan discutiendo si determinados problemas pertenecen a la izquierda o a la derecha, esos problemas siguen existiendo. Las familias continúan llegando con dificultad a fin de mes. Los campamentos siguen creciendo. El acceso a la vivienda propia se aleja para miles de jóvenes. Los salarios pierden capacidad adquisitiva frente al costo de la vida. La atención suele desplazarse hacia los supuestos defectos de quienes sufren las consecuencias, evitando una discusión más profunda sobre las causas que originan esas dificultades.

Aparecen entonces las frases. Siempre las mismas. Que si alguien no quiere viajar apretado en la micro debería levantarse más temprano. Que los chilenos son flojos. Que quien es pobre lo es porque quiere. Como si millones de personas se levantaran antes del amanecer por simple entretención. Como si el trabajador que sale de su casa a las seis de la mañana para regresar después de las ocho de la noche necesitara una lección sobre cultura del esfuerzo. Como si la pobreza fuera una decisión personal y no una realidad influida por múltiples factores económicos, sociales y familiares.

Hay algo en ese razonamiento que no termina de encajar. Quienes suelen pronunciar esas frases rara vez conocen esa realidad de cerca. No esperan micros llenas. No hacen filas en consultorios. No deben decidir entre pagar una cuenta o comprar medicamentos. Hablan de sacrificio desde una posición donde el sacrificio casi siempre recae sobre otros. “Cada día es más fácil ser de izquierda”.

La exigencia de responsabilidad parece aplicarse con especial rigor al ciudadano común, mientras la indulgencia aumenta a medida que crece el patrimonio de quien comete el abuso. Durante décadas los chilenos han visto desfilar casos de colusión, financiamiento irregular de la política, delitos económicos y escándalos empresariales que afectaron directamente el bolsillo de millones de personas. Farmacias, papel higiénico, pollos, supermercados. No fueron pequeños comerciantes intentando sobrevivir. Fueron algunos de los grupos económicos más grandes y poderosos del país.

Surge entonces la pregunta, la única que realmente importa. Si el libre mercado premia el mérito y castiga la ineficiencia, ¿por qué quienes hicieron trampa parecen seguir ocupando las mismas posiciones privilegiadas? ¿Por qué las consecuencias para el ciudadano común suelen ser inmediatas y devastadoras, mientras las consecuencias para quienes poseen influencia económica o política se diluyen entre recursos judiciales, acuerdos, interpretaciones y años de tramitación?

La distancia entre quienes toman decisiones y quienes deben vivir con sus consecuencias parece ampliarse año tras año. Se aprecia cuando se anuncian subsidios habitacionales que, en teoría, buscan ayudar a la clase media, pero que en la práctica exigen condiciones económicas que una parte importante de esa misma clase media no posee. También se aprecia cuando el Estado demuestra una eficiencia admirable para cobrar, pero una lentitud desesperante para resolver problemas que afectan directamente la vida cotidiana de las personas.

La reciente polémica por las cobranzas asociadas al Crédito con Aval del Estado dejó una sensación difícil de ignorar. Nadie discute que las deudas deban pagarse. Tampoco parece razonable defender a quienes buscan eludir sus obligaciones. Lo que la ciudadanía cuestiona es otra cosa, la ausencia de humanidad cuando el cobro deja a una persona sin recursos para sobrevivir el resto del mes.

Detrás de cada cuenta bancaria existe una historia. Existe un arriendo que pagar. Existe comida que comprar. Existe una familia que depende de ese ingreso. Sin embargo, decenas de personas denunciaron haber visto sus cuentas vaciadas por completo debido a procesos de cobranza impulsados por el Estado.

Para quien observa desde fuera, la imagen resulta inquietante: una maquinaria pública capaz de actuar con enorme rapidez contra un deudor individual, mientras otros abusos que involucran millones de dólares pueden pasar años atrapados entre recursos, apelaciones y discusiones judiciales.

El debate ni siquiera gira en torno a la existencia de la deuda. Gira en torno a los límites de la acción estatal y a la necesidad de recordar que detrás de cada expediente existe una persona. Una sociedad sana puede exigir responsabilidad sin renunciar a la empatía. Puede cobrar sin destruir. Puede sancionar sin deshumanizar.

La incomodidad no nace de la existencia de personas exitosas o adineradas. La mayoría de los ciudadanos no tiene problemas con que alguien prospere. La molestia aparece cuando el discurso del mérito convive con sistemas de privilegios. Cuando se exige competir a quienes entran a la cancha perdiendo desde el inicio. Cuando se predica la responsabilidad individual mientras algunos operan protegidos por redes de influencia que el ciudadano común jamás tendrá.

“Cada día es más fácil ser de izquierda”.

La disonancia cognitiva se vuelve todavía más evidente al observar el funcionamiento de las instituciones. Un ciudadano que quiere defender sus derechos como consumidor debe invertir tiempo, reunir antecedentes, insistir y esperar. Muchas veces el resultado de todo ese esfuerzo es recuperar una suma mínima, mientras las sanciones terminan alimentando las arcas del Estado. La sensación que queda es extraña. Como si el ciudadano fuera indispensable para denunciar, pero prescindible al momento de reparar el daño sufrido.

Mientras tanto, el Poder Judicial enfrenta cuestionamientos por intentos de adquirir vehículos de lujo para sus ministros, precisamente en una institución cuyo propio marco normativo habla de templanza y austeridad. Resulta difícil pedir confianza cuando quienes deben encarnar ciertos principios parecen interpretarlos con una flexibilidad admirable.

Hace más de 2000 años, el Señor ya lo advertía, pero después de todo este tiempo aun no logramos aprenderlo y mucho menos aplicarlo: “No tuerzas la justicia en asuntos legales al favorecer al pobre ni al ser parcial con el rico y poderoso. Siempre juzga con imparcialidad a las personas”, Levítico 19,15.