En el último tiempo, hemos sostenido reuniones junto a vecinos, dirigentes, la diputada del distrito 6, el alcalde de Limache, los Seremis de Obras Públicas y Bienes Nacionales, el Delegado Presidencial Provincial de Marga Marga y representantes de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH). Esta amplia convocatoria responde a un imperativo ineludible: abordar de manera interinstitucional la crítica y postergada realidad que afecta a miles de familias en el sector de Cajón del Lebu, en la comuna de Limache.
Hablamos de terrenos que cuentan con sus respectivos roles, donde una comunidad organizada ha levantado la voz con firmeza para visibilizar sus problemáticas. Ellos no piden privilegios; exigen, de una vez por todas, ser escuchados y atendidos por el aparato estatal.
Hoy, la realidad de este sector es dramática. La comunidad carece de un acceso formal y digno a servicios básicos tan elementales como el agua potable, dependiendo críticamente del suministro a través de camiones aljibes. En una zona históricamente golpeada por la amenaza de incendios forestales, la escasez hídrica no es solo una preocupante falta de bienestar material, sino un peligro mortal latente que frena y complejiza el combate del fuego. A esta vulnerabilidad se suma la urgencia impostergable de contar con vías de evacuación claramente definidas, transitables y seguras.
El nudo crítico que paraliza las soluciones es netamente administrativo. Al tratarse de caminos catalogados formalmente como privados, las puertas del Estado suelen cerrarse de golpe ante el financiamiento de infraestructura y soluciones estructurales.
Sin embargo, la teoría jurídica choca con la realidad cotidiana: en la práctica, la vía principal cumple una función de uso público evidente, manteniendo un libre tránsito y siendo la única ruta de acceso para vehículos de emergencia y camiones aljibes.
Ya hemos sido testigos de cómo el invierno aísla geográficamente a estas familias y cómo el verano las expone directamente al fuego. Ante un escenario de esta gravedad, la inacción legalista no puede seguir siendo la respuesta de la autoridad. No se trata, bajo ningún punto de vista, de saltarse la ley, sino de encontrar —dentro del marco legal vigente y con el debido respaldo técnico interministerial— las herramientas y excepciones necesarias para ejercer una labor preventiva real.
Es aquí donde la coordinación entre las distintas esferas del poder político y técnico se transforma en una obligación ética. Como concejala y consejera regional, entendemos con absoluta claridad que la gestión del municipio y el respaldo político y financiero de las seremías deben articularse sin fisuras para avanzar hacia soluciones concretas y definitivas.
Mirando hacia el futuro, el drama de Cajón del Lebu nos deja una lección de fondo que no podemos ignorar: el Estado debe transitar con urgencia hacia ordenamientos territoriales planificados, ordenados y, por sobre todo, seguros. Adoptar un enfoque preventivo y estructural es un imperativo que la burocracia no puede seguir postergando. Los vecinos ya hicieron su parte organizándose de manera ejemplar; ahora nos corresponde a las autoridades responder con urgencia, audacia política y visión de futuro.
Victoria Ladrón de Guevara
Concejala de Limache
Elsa Bueno Cortés
Consejera Regional Marga Marga
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