En tiempos recientes, se ha vuelto común escuchar discursos que enfatizan la importancia de honrar a la patria como un principio fundamental. Aunque el amor y el respeto por la patria son valores dignos de reconocimiento, es importante ser conscientes de los peligros que pueden surgir cuando se coloca este principio por encima de la libertad de expresión. La libertad de expresión es un pilar fundamental de las sociedades democráticas, y cualquier intento de restringirla en aras de honrar a la patria debe ser analizado con cautela.
La Comisión de Expertos, en sus subcomisiones, ha alcanzado diversos acuerdos con el objetivo de configurar el Estado Social y Democrático de Derecho, tal como se establece en las bases constitucionales. Uno de los elementos fundamentales de una democracia que no se contemplaron en dichas bases es el respeto, cuidado y supremacía de las libertades civiles básicas, los cuales son esenciales para la construcción de un Estado tolerante y diverso.
Este aspecto ha sido objeto de discusión a raíz del Anteproyecto surgido de las subcomisiones de la Comisión de Expertos en 2023, particularmente en su artículo 28 donde se establece que “todos los habitantes de la república deben respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Los chilenos tienen el deber de honrar a la patria”.
La libertad de expresión es un derecho humano fundamental que permite a las personas expresar sus opiniones, ideas y críticas sin temor a represalias. Constituye la base de una sociedad democrática y pluralista, que valora el intercambio de ideas y la diversidad de pensamiento. Sin embargo, cuando se establece como premisa el honrar a la patria como principio rector, existe el riesgo de que se utilice para limitar la libertad de expresión y silenciar a las voces disidentes.
En primer lugar, establecer el honrar a la patria como principio puede generar un ambiente en el cual cualquier crítica o discrepancia sea interpretada como una traición o deslealtad. Esto crea un clima de autocensura, en el cual las personas evitan expresar sus opiniones por temor a ser estigmatizadas o castigadas. La diversidad de pensamiento es vital para el progreso de una sociedad, y limitarla en nombre de la patria es un camino peligroso que puede llevar al estancamiento y a la falta de innovación.
Un ejemplo clásico es el caso de una persona que, en un acto de protesta, quema una bandera o “profana la bandera” al teñirla de colores negros, como sucedió en Aysén como forma de protesta por el abandono de la capital. ¿Deberían esas personas enfrentar la justicia?
En segundo lugar, cuando la patria se coloca por encima de la libertad de expresión, las instituciones y los gobiernos tienen más margen para imponer restricciones a la libertad de prensa y limitar el acceso a la información. Bajo el pretexto de proteger los intereses nacionales, se pueden implementar leyes y políticas que restringen la cobertura mediática, censuran contenidos en línea y limitan la libertad de información. Esto erosiona la transparencia y dificulta el ejercicio del periodismo independiente, lo que a su vez debilita la rendición de cuentas y fomenta la corrupción.
No olvidemos que tanto actores de extrema izquierda como de extrema derecha (quienes dominan la convención) han desarrollado un discurso anti-prensa, pidiendo leyes de medios o la aplicación de leyes antiterroristas a periodistas que supuestamente avalan marchas que terminan en actos de violencia.
Si bien honrar a la patria es un sentimiento legítimo y respetable, es fundamental tener cuidado al colocarlo como principio rector por encima de la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental que no debe ser sacrificado en nombre de ninguna causa, por noble que sea.
Debemos buscar un equilibrio entre el amor por la patria y la protección de los derechos y libertades fundamentales. La diversidad de opiniones y el debate abierto son esenciales para una sociedad democrática y pluralista. Solo cuando se respetan y protegen la libertad de expresión y los derechos individuales podemos construir una patria verdaderamente fuerte y libre.
Sin embargo, también es cierto que el proceso constitucional es un espacio de praxis política, donde las fuerzas de la comisión experta deben buscar acuerdos para formar una “coalición mínima por ciertas libertades” frente a la mayoría iliberal que se encuentra elegida en el consejo constitucional. Si el costo de tener a gremialistas y socialistas defendiendo las libertades que quedaron en el anteproyecto, el establecer el honrar a la patria como principio pareciera ser una estrategia política aceptable.
El costo de la democracia es la eterna vigilancia, le dijeron a Lisa Simpson cuando fue al congreso.
La ausencia de voces liberales en el consejo constitucional nos obliga, como sociedad civil, a estar atentos para asegurarnos de que esta nueva propuesta constitucional no se convierta en una carta magna liberticida, ya que si bien es cierto que merecemos una constitución nacida en democracia, las libertades civiles son una línea roja para todos aquellos que creen en todas las libertades.
