El estudio del Observatorio de Ciudadanía, Convivencia y Bienestar Escolar (OCCBE) de la Universidad de La Frontera, analizó las cifras de denuncias por convivencia y violencia escolar entre el año 2019 y el año 2022, emanadas de la Superintendencia de Educación. Los resultados revelaron que desde el segundo trimestre de 2019 al segundo tercio de 2022 (sin contar los años de confinamiento de 2020 y 2021) hay un alza de 27,7% en el total de denuncias en el ámbito de convivencia escolar a nivel nacional (de 3.689 a 4.712 denuncias registradas). Esta alza se observó en todas las regiones del país.
En esta perspectiva, la violencia contra los niños, niñas y adolescentes es un problema mundial de salud pública, derechos humanos y sociales, con consecuencias nefastas para su salud y altos costos para los Estados. La evidencia científica ha mostrado sus efectos negativos sobre su arquitectura cerebral, su salud mental y su bienestar. Tiene implicancias para toda la vida, y cuando no se tratan estos efectos nocivos a tiempo, afecta la vida de la próxima generación. Asimismo, debemos comprender como sociedad que la violencia no es una respuesta natural del ser humano, sino que es la consecuencia de tensiones, rabia, ira acumulada. De ahí la importancia de poder gestionar nuestras emociones, pero esto debemos aprenderlo, necesitamos que nos enseñen desde la niñez, que nos modelen, que vivamos estas experiencias en ambientes que promuevan la convivencia y el bienestar.
En este sentido, el aumento de la violencia escolar en todas las regiones de nuestro país se puede comprender, en parte, por el contexto global del efecto de la pandemia y así lo mostró la literatura científica. No obstante, la violencia escolar es un constructo complejo, multidimensional y en el cual intervienen diversos factores como factores individuales (características de las personas), factores familiares (patrones de crianza, valores, creencias, etc.), factores de contexto escolar (características de la escuela), factores de política pública (normativas, leyes), factores socio-políticos (ambiente político del país), entre otros. Por lo que la búsqueda de estrategias debe, también, ser integral (Estado, escuela, comunidad y familia), compleja y sustentable en el tiempo.
Desde la escuela se deben buscar las herramientas para, primero, comprender este problema social, esto es, desarrollar competencias en convivencia y bienestar escolar, y, segundo, abordar estrategias integrales desde su contexto que les permita frenar, prevenir la violencia y promover el bienestar colectivo de la escuela. Así, la escuela contribuiría a poner fin a este flagelo que ataca a la niñez, infancia y adolescencia.
