El Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) y la Red de Universidades Públicas no Estatales G9 manifestaron su preocupación ante el Congreso por los recortes contemplados para la educación superior en el proyecto de Ley de Presupuesto 2027.
Ambas agrupaciones expusieron sus reparos ante la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto, advirtiendo que la disminución de recursos podría afectar el funcionamiento de las instituciones, la investigación y distintos programas dirigidos a estudiantes.
Desde el CUECh, que agrupa a 18 universidades estatales, sostuvieron que más del 90% de la reducción propuesta para la educación superior se concentra en instituciones públicas.
La presidenta del organismo y rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), Marisol Durán, aseguró que las restricciones presupuestarias podrían tener consecuencias que van más allá del próximo año.
“No podemos retroceder como país en décadas. Francamente va a ser un deterioro y un retroceso para nuestro país”, afirmó.
Durán agregó que las universidades estatales impactan a más de 40 mil trabajadores y a más de 200 mil estudiantes, además de concentrar más del 40% de la producción científica del país.
Advierten efectos en PAES y estudiantes de regiones
En la misma línea, la rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, puso el foco en los recursos destinados al Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), encargado de la aplicación de la PAES.
Según explicó, el presupuesto proyectado para el organismo es inferior al de 2026, lo que generaría un déficit que podría traducirse en una reducción de las sedes disponibles para rendir la prueba.
Mizala advirtió que esto afectaría especialmente a estudiantes de regiones y territorios apartados, además de las medidas de apoyo para personas en situación de discapacidad.
“No estamos solicitando un aumento de recursos, estamos solicitando que se mantengan los recursos del año pasado”, sostuvo.
El CUECh detalló que el sistema estatal acumularía una reducción de $102.553 millones respecto de la Ley Inicial de Presupuesto 2026, considerando recortes efectuados durante este año y los contemplados en el proyecto para 2027.
A ello, añadió, se suma una pérdida de poder adquisitivo estimada en $50.551 millones debido al reajuste presupuestario considerado, por debajo de la inflación proyectada.
Red G9 pide mantener aportes estatales
Los reparos también fueron planteados por la Red G9, que reúne a universidades públicas no estatales.
Su presidente y rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), Juan Carlos de la Llera, sostuvo que los recortes ponen en riesgo la estabilidad financiera de las instituciones.
“Un aporte basal existe justamente para dar estabilidad, y pierde todo sentido si se convierte en una variable de ajuste fiscal de un año a otro”, afirmó.
Desde la organización también señalaron que las universidades han debido asumir parte de los costos asociados a políticas públicas que, a su juicio, cuentan con un financiamiento insuficiente.
Tanto el CUECh como el G9 plantearon ante el Congreso distintas medidas para enfrentar el escenario presupuestario.
Entre ellas se encuentra la restitución de recursos recortados durante 2026, el fortalecimiento de fondos para educación superior regional, mantener el financiamiento del PACE y permitir un mayor uso de los excedentes del Fondo Solidario.
También solicitaron establecer mecanismos de reajuste que consideren los costos reales de las instituciones y garantizar un calendario oportuno para la transferencia de los recursos estatales.
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