Mientras el Congreso de Chile aprobó una ley que busca acelerar las expulsiones de migrantes en situación irregular, en Perú cobraron relevancia los registros oficiales que contradicen la versión de que el presidente José Antonio Kast hubiera sacado del país a cientos de miles de extranjeros desde que asumió el cargo. Los datos disponibles sitúan las expulsiones materializadas en miles, no en cientos de miles ni cerca de un millón.
La nueva norma, aprobada el martes 20 de octubre, incorpora mecanismos para facilitar el cumplimiento de las órdenes de salida del país. Entre sus disposiciones, habilita a la policía a solicitar autorización judicial para ingresar a domicilios con el propósito de detener a personas migrantes que tengan una orden de expulsión vigente.
La discusión legislativa se produjo después de que la senadora peruana Lourdes Alcorta, de Renovación Popular, afirmara en una entrevista con RPP Noticias que Chile había expulsado “cerca de un millón” de extranjeros indocumentados durante el primer mes de la administración de Kast. Luego rectificó la cantidad y habló de 800.000 personas.
La revisión de cifras oficiales difundida por PerúCheck estableció que los registros no respaldan ninguna de esas dos cantidades. La administración chilena ejecutó 156 expulsiones durante su primer mes, un número que ascendió a 196 tras un operativo aéreo realizado el 16 de abril.
Autorización judicial
El proyecto que aprobó el Congreso chileno había sido presentado inicialmente por el gobierno del entonces presidente Gabriel Boric en 2024. La iniciativa volvió a tomar impulso bajo la administración de Kast, quien asumió la Presidencia el 11 de marzo de 2026.
De acuerdo con un comunicado del Senado, la policía podrá requerir a un juez permiso para entrar a una vivienda “con el único fin de aprehender a una persona que cuente con una orden de expulsión”.
La legislación también autoriza a las autoridades a solicitar datos a organismos públicos para ubicar y notificar a extranjeros indocumentados que tengan una orden de expulsión pendiente. El objetivo es reducir las dificultades para ejecutar resoluciones que ya han sido dictadas.
La política migratoria fue uno de los asuntos centrales de la campaña de José Antonio Kast. El mandatario planteó la expulsión de más de 330.000 personas que, según las estimaciones mencionadas en la información disponible, viven en Chile sin situación migratoria regularizada.
El Gobierno asocia la inmigración irregular con el aumento de la criminalidad, aunque el ritmo de las expulsiones efectuadas en los primeros meses de la administración quedó por debajo de las cifras difundidas en el debate político peruano.
La cifra de 800 mil
A fines de septiembre, la Subsecretaría del Interior informó que desde la llegada de Kast a la Presidencia se habían ejecutado 1.468 expulsiones. El mismo reporte señaló que, durante el año calendario 2026, se contabilizaron 1.764 expulsiones, un total que incluye las realizadas antes del inicio de su mandato.
Esas cifras fueron examinadas por PerúCheck tras las declaraciones de Lourdes Alcorta. La verificación concluyó que la afirmación de la legisladora era falsa, debido a que las expulsiones realizadas durante el primer mes del Gobierno se contaron por centenares y no por cientos de miles.
El periodista chileno Juan Jaime Díaz también cuestionó la magnitud de los números mencionados por la senadora peruana. “José Antonio Kast durante su campaña anunció que iba a expulsar a un número importante de inmigrantes indocumentados, pero no había ninguna posibilidad de alcanzar cantidades de esa magnitud”, explicó.
Díaz añadió que las cifras divulgadas hasta entonces rondaban los 1.884 extranjeros expulsados y recordó que el total de 2025 fue algo menor. “Estamos hablando de cantidades cercanas a las 2.000 personas, no de un millón”, sostuvo.
La diferencia entre las declaraciones políticas y los datos oficiales se instaló en Perú mientras Chile avanza con una norma que amplía las herramientas disponibles para ejecutar las órdenes de expulsión ya existentes.
Las salidas voluntarias
Uno de los puntos centrales del debate es la distinción entre las expulsiones forzadas y las salidas voluntarias. La Subsecretaría del Interior contabilizó 10.197 salidas voluntarias efectivas entre el 3 de enero y el 26 de septiembre de 2026.
Ese indicador corresponde a personas extranjeras que ingresaron al país por pasos no habilitados y luego abandonaron Chile a través de un control policial, sin que existiera una resolución de expulsión en su contra.
Por ese motivo, esos más de 10 mil casos no pueden presentarse como deportaciones ejecutadas por el Estado chileno. El propio balance oficial diferenció ambas categorías y consignó 11.961 salidas en total al sumar las expulsiones materializadas y las salidas voluntarias durante ese período.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó que el Ejecutivo había alcanzado el décimo vuelo de expulsión de la actual administración. “Ya superamos todas las cifras por año de expulsiones del gobierno anterior, sumando más de mil ochocientas setenta expulsiones forzadas y sumando diez mil trescientas salidas voluntarias”, afirmó.
En esa misma intervención, Pavez sostuvo que esas cifras reflejaban “el cambio de mano” en la conducción de la política migratoria. Sus declaraciones incluyeron en un mismo mensaje el número de expulsiones forzadas y el de personas que dejaron el país por voluntad propia, dos mecanismos que los balances oficiales registran de manera separada.
Perú entre las nacionalidades
En los primeros seis meses del Gobierno de Kast, Chile expulsó a cerca de 1.800 personas. Entre las nacionalidades más frecuentes aparecieron ciudadanos colombianos, peruanos, ecuatorianos y bolivianos.
El número contrasta con la composición de la migración irregular en Chile, donde la mayor parte de los indocumentados son venezolanos. La situación de esa comunidad ha estado vinculada a las dificultades diplomáticas entre Santiago y Caracas.
El quiebre de relaciones con Venezuela representó un obstáculo para las expulsiones de ciudadanos de ese país. Chile y Venezuela acordaron normalizar sus vínculos en julio, aunque hasta ahora esa decisión no se ha traducido en un aumento de expulsiones de venezolanos.
Los datos históricos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile (SERMIG) también muestran un nivel anual de expulsiones muy distante de las cifras que circularon en Perú. El organismo registró 1.066 expulsiones administrativas y judiciales en 2022, 946 en 2023, 1.100 en 2024 y 1.193 en 2025.
La ley aprobada por el Congreso chileno incorpora nuevas facultades para localizar y detener a personas con órdenes de salida vigentes. A la vez, los registros oficiales mantienen separadas las expulsiones forzadas de las salidas voluntarias, una diferencia que quedó en el centro del debate abierto a partir de las declaraciones de la senadora peruana Lourdes Alcorta.
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