Vocero defiende actuar de Rabat por reducción de penas a abusadores y lo compara con gobierno anterior

El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) y vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, respaldó la decisión del Ministerio de Justicia de otorgar rebajas de condenas a abusadores y violadores de menores, aludiendo a que, pese a que en gobiernos anteriores se rechazaron estas solicitudes, el resultado terminó siendo el mismo.

En la vocería de este viernes, Arenas fue consultado, en primer lugar, sobre si existía una obligación moral de avisar a las víctimas que se otorgarían dichas rebajas de condena. En respuesta, la autoridad explicó la decisión y destacó que “es un tema mucho más amplio”.

“Antes de responder eso, yo quería establecer un cierto marco, porque la discusión ha sido grande. Se han lanzado comentarios muy duros y hay que precisar algunos puntos que no quiero dejar pasar. Primero, suponer que el Gobierno tiene alguna intencionalidad de favorecer a delincuentes que han cometido este tipo de delitos es una manipulación política de un tema humano muy grave“, apuntó.

“Por supuesto que el Gobierno no está contento con los decretos que rebajan las penas; el Gobierno ha prometido mano dura contra la delincuencia y ha prometido protección a los menores y, por lo tanto, es un tema que para nosotros es fundamental y es doloroso”, agregó.

“Ahora, aunque no nos guste este tipo de decretos, somos un Gobierno que cumple la ley, que cumple la Constitución; estos beneficios fueron establecidos en la Ley 19.856 del año 2003, durante un gobierno de la Concertación, y nosotros, como Ministerio de Justicia y el ministro de Justicia, no puede sino aplicar la ley“, subrayó.

De esa forma, sin profundizar en las razones por las que no se comunicó la decisión a las víctimas, el vocero insistió en que el otorgamiento de las rebajas está respaldado por la ley y que, de haberse negado, los beneficiados habrían podido recurrir a los tribunales, donde igualmente se les habría concedido el beneficio.

“Si ustedes revisan la ley, el artículo 2.º señala expresamente que esto es un derecho; por lo tanto, no puede ser negado por el Ministerio de Justicia porque se recurre al amparo, se va a los tribunales y los tribunales en forma consistente han dicho que se debe otorgar. Ahora, dicho eso, quiero decirles que el Gobierno y el ministro Rabat cumplieron con toda la normativa legal”, profundizó.

Arenas compara decretos de los gobiernos de Boric y Kast

Tras ello, Arenas pasó a ilustrar —con dos documentos en mano— cómo un decreto del Gobierno anterior terminó con el mismo resultado que lo realizado por la actual administración: otorgar una rebaja de condena a una persona condenada por este tipo de delitos. No obstante, no explicitó si el decreto de la administración anterior se emitió tras un rechazo previo y luego de recurrir a la justicia.

“Yo les quiero mostrar esto, es un ejemplo de uno de los decretos que presentó el gobierno anterior, el ministro Jaime Gajardo; aquí aparece: ‘Otórguese el beneficio de reducción de condena correspondiente a"”, apuntó, mientras mostraba un documento. Luego exhibió otro que decía lo mismo, pero que estaba firmado por el actual titular de la cartera, Fernando Rabat.

“El resultado es exactamente el mismo en el gobierno del presidente Gabriel Boric y en este gobierno. Por lo tanto, en ambos casos se cumplió con la ley, se cumplió con la normativa establecida, no se cometieron arbitrariedades”, zanjó.

“Ahora, dicho eso, estamos convencidos de que es una ley que hay que modificar. Estamos convencidos de que lo que ocurrió abre un espacio importante para tal vez hacer una reforma exprés que nos permita terminar con estos beneficios o regularlos de mucho mejor forma. En ese sentido, también que esté contemplada la situación de las víctimas y, en ese sentido, nosotros, el gobierno, va a presentar un proyecto de ley y además vamos a apoyar todos los proyectos de ley que se han anunciado por parte de los parlamentarios. Queremos ponerle la urgencia que sea necesaria. Por eso, además, el ministro Rabat, que también es parte de la solución, ha suspendido la tramitación de decretos (…)“, advirtió.

“Los procedimientos siempre se pueden hacer mejor”

Además, Arenas aclaró que el Ministerio de Justicia cuenta con toda la información sobre las 56 rebajas de condena otorgadas y cuántos de los beneficiados terminaron en libertad. No obstante, advirtió que esos decretos ya “están ejecutoriados”, por lo que “ya pasaron todo trámite legal y, por lo tanto, una suspensión no procede” en esos casos.

Consultado sobre si el presidente José Antonio Kast está conforme con la forma en que se actuó, Arenas aclaró que “está convencido de que en este procedimiento se respetó la Constitución, se respetó la ley y que también está muy consciente de que tenemos un problema grave en materia legislativa, que esto nos permite tener un espacio para solucionarlo en forma definitiva”.

Además, descartó que la suspensión de los decretos de rebaja de condenas implique un cambio de criterio del Ministerio de Justicia, señalando que “no es un cambio de criterio, sino que es un intento y una convicción de cambiar la ley”.

Sobre si esta medida implica una autocrítica del Gobierno, apuntó que “los procedimientos siempre se pueden hacer mejor. Esto yo creo que es una enseñanza, una lección. Se pudieron haber hecho cosas distintas, pero el problema ya ocurrió y nosotros lo que buscamos ahora, más que tratar de buscar responsables o cosas que se pudieron hacer mejor, es cómo tenemos una ley que perfeccione estos procedimientos y que nos permita una solución concreta y rápida”.

Confianza en Rabat y eventual acusación constitucional

Finalmente, consultado sobre si el ministro Rabat cuenta con la confianza del presidente y ante la amenaza de una posible acusación constitucional en su contra, Arenas dijo: “El ministro Rabat cuenta con toda la confianza del Presidente de la República, la confianza que le da que un ministro ha cumplido con la ley, ha cumplido con la Constitución, pero además es proactivo para ver los problemas que ha generado políticamente esta actitud y, por lo tanto, va a ser parte también de la solución”.

“En cuanto a la acusación constitucional, yo fui parlamentario también. La acusación constitucional es una facultad que tiene el Congreso y, por lo tanto, están en todo su derecho de ejercerla y nosotros, como Ejecutivo, estableceremos las defensas y los argumentos necesarios para defender nuestra postura(…)”, cerró.