¿Quién gana cuando el Estado no actúa?

A veces pareciera que hablar de normas de emisión, planes de descontaminación o decretos ambientales es entrar en un terreno reservado para abogados, científicos y funcionarios públicos. Sin embargo, detrás de esos instrumentos aparentemente técnicos hay decisiones profundamente cotidianas: qué aire respiramos, qué agua bebemos, cómo protegemos nuestros bosques, qué ocurre con las especies amenazadas o cuán preparados estamos para enfrentar incendios forestales y otros desastres socionaturales o eventos extremos.

Los chilenos parecen entenderlo. Una reciente encuesta de Greenpeace reveló que un 82% de las personas ha percibido cambios climáticos o ambientales en el lugar donde vive durante los últimos cinco años, y los incendios forestales aparecen como una de las principales amenazas ambientales para el país. No estamos hablando, entonces, de preocupaciones abstractas, sino de problemas que las personas reconocen en sus propios territorios, y, probablemente por esa razón, el 76% espera que el Gobierno aumente su acción en estas materias.

Por eso resulta difícil comprender la falta de urgencia con que el Estado está respondiendo. En marzo, el Ejecutivo retiró 43 decretos ambientales que se encontraban en Contraloría, argumentando que serían sometidos a una revisión técnica y jurídica. Casi siete meses después, la mayoría de ellos continúa pendiente y, al analizar varios de los instrumentos que sí han regresado a Contraloría, desde Greenpeace constatamos que muchos volvieron sin modificaciones sustantivas que permitan comprender por qué permanecieron detenidos durante meses.

La pregunta, entonces, es inevitable: ¿qué ocurre mientras el Estado no avanza? Existe una tendencia a pensar que no regular, no firmar o no tramitar equivale simplemente a no tomar una decisión. Pero en materia ambiental la inacción también tiene consecuencias. Cuando una nueva norma de emisiones se posterga, continúan vigentes estándares menos exigentes; cuando se demora una protección para una especie amenazada, aquella sigue expuesta a los riesgos que justificaron protegerla; cuando no avanzan instrumentos de adaptación climática, enfrentamos un escenario cada vez más extremo con herramientas diseñadas para una realidad que ya no existe.

Y entonces aparece una segunda pregunta, quizás más incómoda: ¿quién gana con esa espera? La respuesta cambia según cada regulación, pero existe un patrón que merece atención. Las normas ambientales establecen límites, restricciones y obligaciones y, muchas veces, exigen inversiones para cumplir estándares más altos. Postergar su entrada en vigencia significa también postergar esos costos. Quienes deberían reducir emisiones, modificar procesos o adecuarse a nuevas exigencias pueden continuar operando bajo las reglas anteriores, mientras los costos de la demora se reparten silenciosamente entre el resto: comunidades expuestas a contaminación, personas cuya salud se deteriora, ecosistemas que siguen degradándose y un Estado que deberá enfrentar posteriormente sus consecuencias.

Esto no significa afirmar que el Ejecutivo esté retrasando deliberadamente decretos para favorecer determinados intereses. Una acusación de esa naturaleza requeriría antecedentes que hoy no tenemos. Pero tampoco podemos aceptar la ficción de que mantener una regulación detenida es una decisión neutral, pues el statu quo también beneficia a alguien.

La paradoja es que la ciudadanía parece tener bastante más urgencia que el Estado. Un 42% de los encuestados identifica precisamente al Gobierno y al Estado como los principales responsables de enfrentar estos problemas y, cuando se les pregunta qué decretos deberían priorizarse, aparecen materias tan concretas como la protección de las aguas, la calidad del aire, las áreas protegidas y la biodiversidad. Más aún, el 53% considera compatible avanzar simultáneamente en crecimiento económico y protección ambiental.

Quizás, entonces, ha llegado el momento de dejar de preguntar solamente cuándo volverán los decretos y comenzar a exigir una explicación más profunda: qué está revisando el Ejecutivo, qué problemas encontró, por qué algunos instrumentos llevan meses detenidos y qué justifica ese retraso.

Porque frente a una crisis ambiental y climática que avanza rápidamente, el tiempo no es neutral. Cada mes de demora prolonga las reglas existentes y posterga protecciones que el propio Estado junto a las comunidades consideraron necesarias.

Cuando el Estado decide no avanzar, alguien sigue pagando las consecuencias y otros continúan beneficiándose de que nada cambie.