Diputados del Partido Comunista (PC) anunciaron que buscarán reunir las firmas necesarias para interpelar al ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras conocerse que el Gobierno de José Antonio Kast otorgó 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
La información fue revelada por Interferencia, medio que detalló que, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió 56 decretos que concedieron estos beneficios: 27 a condenados por abuso sexual de menores y otros 29 por violación.
Ante estos antecedentes, el diputado comunista Marcos Barraza cuestionó la decisión del Ejecutivo y sostuvo que el Gobierno debe entregar explicaciones sobre las medidas adoptadas.
Rebaja de condenas
“El Gobierno ha traspasado un límite inaceptable; indultar a criminales que son violadores y agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes no tiene ningún tipo de justificación”, afirmó el parlamentario.
En esa línea, acusó al Ejecutivo de ponerse del lado de los agresores y no de las víctimas, y aseguró que buscarán el respaldo de otros sectores de la oposición para concretar la interpelación.
Barraza también cuestionó los argumentos entregados por Rabat, quien ha defendido las rebajas de condena al señalar que responden a criterios establecidos por la Corte Suprema en fallos anteriores.
El titular de Justicia sostuvo que las medidas se relacionan con la jurisprudencia del máximo tribunal y con recursos de amparo acogidos antes de la entrada en vigencia de una modificación legal que excluyó a los condenados por delitos sexuales contra menores de estos beneficios.
La explicación del ministro de Justicia
Según Rabat, el ministerio aplicó la doctrina fijada por la Corte Suprema y cumplió con los criterios establecidos en sus resoluciones.
Sin embargo, los antecedentes publicados por Interferencia indican que las 56 rebajas fueron otorgadas directamente por la cartera y que ninguna se habría originado en un recurso judicial presentado por los beneficiados.
Por su parte, el diputado comunista Bernardo Salinas calificó la decisión como “la peor señal que puede dar el país” y cuestionó si estas medidas podrían anticipar futuras decisiones sobre indultos a condenados por violaciones a los derechos humanos.
La controversia se suma al debate generado por la posibilidad de conceder beneficios penitenciarios por razones humanitarias y a los cuestionamientos de distintos sectores políticos por la forma en que el Gobierno ha aplicado las rebajas de condena.
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