Magallanes, Chile, Argentina (y su "destino manifiesto")

La interpelación al canciller Francisco Pérez -fundada en parte en su “debilidad” respecto de Argentina- constituye el corolario de una comedia de equivocaciones que, a lo largo de los últimos seis gobiernos, protagonizó el conjunto de nuestra clase política.

Veamos.

Muy atrás parece quedó el Tratado de Maipú, suscrito en octubre de 2009 entre la expresidenta Bachelet y su homóloga Cristina Fernández. Allí Chile y Argentina se comprometieron a “profundizar la relación estratégica bilateral”, no obstante que, solo cinco meses antes, el gobierno argentino había formalizado un reclamo de soberanía sobre extensos territorios submarinos que, primero, incluían parte sustantiva de la Antártica Chilena y, segundo, agregaban otro territorio de 9 mil kilómetros cuadrados al sur del cabo de Hornos.

Lo anterior, no solo en conflicto con “el espíritu” del Tratado de Maipú, sino que con la letra del Tratado Paz y Amistad de 1984 (TPA), que estipuló que en “el Mar de la Zona Austral” ambos países renunciaban a presentar “reivindicaciones ni interpretaciones que sean incompatibles” con lo pactado (TPA art. 14).

A pesar de que “en el mapa” y en el Derecho Internacional la pretensión argentina se sobrepuso a cientos de miles de kilómetros cuadrados de territorio submarino de Magallanes y Antártica Chilena, la administración Bachelet 1 nunca quiso enterarse de los “detalles”.

Ese gobierno no objetó los referidos hechos geolegales y geopolíticos, confiando en que, en mayo del mismo 2009, nuestra Misión en Nueva York había llamado la atención del organismo técnico-científico competente respecto de que la Antártica está regulada por el sistema normativo del Tratado Antártico y que, en todo lo demás, los Estados ribereños no necesitan declarar “expresamente” su plataforma continental legal: conforme con el derecho del Mar, la plataforma de 200 millas prexiste a la plataforma geo-científica continental extendida más allá de esa distancia.

Uruguay, en cambio sí, expresamente, observó parte de la proyección argentina. A su vez, el Reino Unido notificó a la comisión competente (que no es ni un tribunal internacional, ni un organismo de Naciones Unidas dependiente de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad) respecto de la existencia de un diferendo por las islas Falkland/Malvinas. Enseguida, “por Reglamento”, dicho organismo técnico no pudo “revisar” la pretensión de Buenos Aires. El que los gobiernos argentinos afirmen que eso sí ocurrió es, simplemente, falso. Una “falsedad para consumo interno”.

No está claro si las autoridades chilenas de la época repararon en la “medialuna” de territorio submarino reclamado por Argentina al sur del cabo de Hornos, adyacente a la delimitación del Tratado de Paz y Amistad. Eso a pesar de que dicho reclamo unilateralmente alargó el límite con Chile.

Como sea, a estas alturas queda la impresión de que, en este asunto, Argentina asume que “Chile consintió” (“el que calla otorga”).

Más aun, en 2012, en vísperas de un referéndum en las Falkland/Malvinas para determinar si los isleños querían seguir siendo británicos (99,8% a favor), el gobierno Piñera 1 adhirió a una declaración del Mercosur que, entre otros aspectos, comprometió al país a impedir el acceso a nuestros puertos de naves procedentes de las islas.

Es decir, comenzando por el acceso al estrecho de Magallanes (en Derecho, un “estrecho utilizado por la navegación internacional”), un gobierno de “centroderecha” se comprometió a negar el acceso a naves de bandera de un país amigo, con el cual, durante dos siglos, hemos mantenido cordiales y positivas relaciones políticas, económicas, comerciales, de defensa, de cooperación académica y científica, etc..

Lo anterior también obviando que, amén de que en el estrecho de Magallanes se aplica la “libertad de navegación para todas las banderas” (sin discriminación), el Tratado de Límites de 1881 “neutralizó” sus aguas. Es decir, en materia de disputas entre países, hace un siglo y medio el Estado chileno se obligó a no tomar partido por ninguna de las Partes. Todo indica que ni los asesores, ni los diplomáticos de la administración Piñera 1 repararon en este “detalle adional”.

En 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri comenzó a afirmar que “Naciones Unidas” había validado su reclamo de plataforma continental que incluye a los archipiélagos bajo administración británica, a la Antártica Sudamericana y, también, a la medialuna que es parte del territorio submarino de nuestra Comuna de cabo de Hornos, el gobierno Bachelet 2 declaró que todo esto tenía “importancia ninguna”.

En vista que, a través de los medios, varios hicimos presente que el problema no se limitaba a la dimensión reglamentaria (Reglamento de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental) sino que, en la acepción Argentina, tenía un carácter esencialmente geopolítico, años después de que lo hicieran el Reino Unido, Países Bajos, Japón y otros gobiernos, el chileno se avino a realizar una observación relativa, solamente, a los alcances antárticos de la macro-pretensión argentina en la Antártica.

En esa Nota (mayo 2016), Chile no hizo mención del problema gatillado al sur del cabo de Hornos, área en la cual, como indico, en 2009 unilateralmente, el vecino había -como decimos en la Patagonia- “corrido el alambre” para reinstalar el conocido “principio bioceánico”.

Solo en 2021, cuando un proyecto de ley sobre plataforma continental argentina (que “sin diferencia ninguna” incluye espacios validados y espacios no validados por el organismo competente) se hallaba avanzado en el Parlamento en Buenos Aires, Chile comenzó a asumir la gravedad del problema.

En ese contexto, Argentina comenzó a comentar que, toda vez que, otra vez según “el reglamento”, los países solo disponen de 10 años para declarar su soberanía sobre los recursos del suelo y subsuelo marino (plataforma continental), en materia de plataforma continental en la Zona Austral el plazo para Chile había vencido en mayo de 2019. Esto, sin embargo, no es necesariamente así.

En la circunstancia el gobierno Piñera 2 se abocó a “poner al día al país”. Primero, aceleró la tramitación de un Estatuto Antártico que, entre otros temas, reiteró los límites del Territorio Antártico Chileno. No obstante que el Tratado Antártico se aplica al sur del paralelo 60 sur, para efectos de nuestra ley, la Antártica Chilena “no tiene límite norte”, pues es una continuidad geolegal con el resto de Magallanes.

Segundo actualizó la carta marina que especifica las “líneas de base recta” a partir de las cuales se miden el Mar Territorial y la Zona Económica Exclusiva. Ese acto hizo patente la sobreposición de la plataforma continental extendida argentina sobre la preexistente plataforma continental legal de 200 millas chilena.

Tercero, aceleró la presentación de los límites exteriores de la plataforma continental del sector oeste de la Antártica Chilena (Mar de Bellinghausen). Si bien el país solicitó al organismo competente “no revisar, por el momento” esta presentación (en lo que concierne al área al sur del paralelo 60 sur), también hizo patente la sobreposición de nuestra plataforma continental respecto de la pretensión argentina proveniente, en origen, desde las Falkland/Malvinas).

No logró aclarar las pretensiones argentinas que, desde 2021, apuntan a la coadministración del estrecho de Magallanes y de otros espacios australes chilenos; no completó los estudios ni la presentación de la plataforma continental del sector oriental de la Antártica Chilenas (Mar de Weddell); no actualizó los límites del Parque Marino (ahora Parque Nacional) “Cabo de Hornos Paso Drake” a los límites exteriores establecidos en la actualización de la plataforma continental chilena en el Mar de la Zona Austral (plataforma de las islas del cabo de Hornos y Diego Ramírez).

Tampoco articuló el equipo (y la tesis chilena) que debe defender el interés permanente del país en la disputa que, a propósito de la citada plataforma en la Zona del Mar Austral, conforme con el mecanismo de solución de controversias del TPA, en 2023 puso en marcha Argentina.

En este ámbito lo más notorio es que se redujo el escándalo público del “audio de la Cancillería” que alude a ciertos “favores” al embajador de Argentina prohibiendo el acceso de una nave británica a Punta Arenas. Este innoble impasse al final costó la salida de la primera canciller del gobierno de Boric. El segundo canciller del gobierno pasado sencillamente sepultó la cuestión austral a la última de las prioridades de nuestra política exterior.

Por todo esto es que sorprende el contenido de la reciente declaración Kast-Milei. Salvo por la referencia directa a la “coadministración” de espacios australes (notable), el texto de 2026 lo podrían haber firmado Bachelet y Cristina, Piñera y Macri, o Boric y Alberto Fernández.

Quienes confiábamos que con el actual gobierno, el Estado chileno comenzaría una reflexión sobre estas complejas materias y circunstancias, nos equivocamos y, por lo mismo, caímos en la sorpresa y la decepción. Además de que el gobierno ha generado un malestar profundo y extendido a lo largo y ancho de toda su base electoral (incluida “la familia militar”), en los hechos ha desaprovechado la primera oportunidad para retomar lo avanzado al final de gobierno Piñera 2.

Dicho de otra manera: en lo que atañe a las pretensiones argentinas en la Zona Austral y la Antártica, el gobierno de José Antonio Kast ha dado continuidad a la política exterior de Gabriel Boric.

Es en este escenario en el que, por razones tácticas partidarias, la oposición intenta convertir al Canciller en el “pato de la boda”. Esto, sin embargo, no resuelve nada. En caso de aprobarse esa acusación, esta no pasará de ser un gusto estético pasajero, para delicia de los adversarios de Chile.

Todo muy preocupante.

Argentina y su “destino manifiesto”

Dicho país ha creado un relato propio de lo que es su geografía a la cual su política y su geopolítica deben adaptarse para alcanzar su idea de “país grande y potencia regional”. En lo que a nosotros atañe, ese “destino manifiesto” debe interpretarse conforme con la doctrina del almirante Segundo Storni, respecto de recuperar las Falkland/Malvinas y controlar los pasos australes interoceánicos (estrecho de Magallanes incluido).

En la actualidad, lo anterior debe vincularse con el nuevo auge exportador argentino, que progresivamente se concentra en los mercados de China, Japón y Corea. Allí, por ejemplo, los granos argentinos ya reemplazaron a los granos ucranianos, afectados por la invasión rusa de 2022. Esto ha reforzado la importancia que para Argentina tienen los pasos australes.

Mientras lo anterior ha reforzado la relevancia del estrecho para la exportación argentina (que ya es un usuario principal), el relato oficial creado a partir de la descripción cartográfica de la plataforma continental argentina es instrumental para el resurgimiento de la idea argentina del “destino manifiesto”, semejante a aquel que desde circa 1850 inspiró la expansión norteamericana hacia California. En el caso argentino, para alcanzar ese “destino manifiesto”, primero hay que superar un obstáculo: Chile.

Este es un desafío mayor para nosotros. No es una mera cuestión de política exterior o de iniciar una acelerada modernización de los aviones de combate. Estamos en presencia de un desafío mucho más complejo, que de nuestra parte requiere reflexión y, sobre todo, exige evitar repetir y/o insistir en los errores y omisiones de los últimos 17 años.