Un nuevo revés judicial pone en jaque la promesa del ministro de Vivienda, Iván Poduje. El desalojo del terreno Bahía Toninas de Chaitén, comprometido para agosto, podría no concretarse luego de que la familia que habita el lugar presentara un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, argumentando que mantiene vigente un proceso de regularización.
Recurso de protección frena desalojo en Chaitén
El ministro Poduje anunció ante las 73 familias del Comité Pellu Weche que el terreno sería desocupado, abriendo la esperanza de que allí pudiera levantarse una solución habitacional.
El 4 de agosto, el Serviu notificó a la familia que ocupa el predio y le dio un plazo de 21 días corridos para abandonarlo. De lo contrario, advirtió, sería desalojada.
Ese plazo ya se cumplió, pero la salida todavía no ocurre. Y ahora el proceso podría quedar nuevamente en suspenso, luego de que la familia recurriera ante la Corte de Apelaciones.
En el documento -visto por La Radio-, sus integrantes entregan una extensa cronología para demostrar que han habitado históricamente el lugar.
Según relatan, sus antepasados llegaron en 1905 y, en 1953, recibieron del Ministerio de Tierras y Colonización un Acta de Radicación sobre cerca de 119 hectáreas del Fundo Almán. Esa superficie incluye las más de cuatro hectáreas que hoy se busca desalojar.
La familia también acompañó un antecedente reciente: durante este mismo mes, la Seremi de Bienes Nacionales habría reconocido que continúa vigente el procedimiento administrativo para regularizar el terreno.
El caso, además, tiene un antecedente prácticamente calcado.
En 2015, el entonces gobernador subrogante de la provincia de Palena solicitó el desalojo de Bahía Toninas de Chaitén. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó esa medida porque el proceso administrativo de regularización todavía se encontraba en curso, tal como sostiene ahora la familia.
Un desalojo en pausa
Con el recurso de protección actualmente en tramitación, el desalojo queda, al menos por ahora, cuesta arriba. Todo indica que la desocupación no se concretará durante agosto y, si la acción judicial es acogida, la promesa del ministro Poduje podría terminar definitivamente en nada.
El abogado que representa a la familia, Andrés Martínez, advirtió además que existe otro punto que, a su juicio, no fue considerado por la autoridad: las condiciones del terreno no serían adecuadas para levantar allí un eventual proyecto habitacional.
“Están los informes de Sernageomin que darían cuenta de que parece que no es tan así que puede ser habitable ese lugar. Se vuelve un problema desmotivante para esas personas, pero de alguna manera los organismos técnicos tienen que hablar por la seguridad de las personas que alguna vez vayan a vivir ahí (…) porque usted lo ve ahí, son terrenos que en parte son turberas, son pantanos.”
Mientras el conflicto se enreda en tribunales, la incertidumbre crece entre las 73 familias que integran el Comité Pellu Weche. A ellas se les prometió el desalojo del terreno, pero el escenario parece cada vez más difícil para la Seremi de Vivienda y el Serviu.
Ambos organismos declinaron referirse al recurso de protección, argumentando que todavía no han sido notificados.
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