Burla al sistema: CGR denuncia a médicos que debían retribuir beca pero zafaron con licencias truchas

Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló un extendido uso irregular de licencias médicas por parte de dos médicos becados en la especialidad de Anestesiología, quienes debían retribuir el beneficio estatal cumpliendo un Período Asistencial Obligatorio (PAO) en establecimientos del Servicio de Salud Arauco.

A través de un informe de 88 páginas —al que accedió la Unidad de Investigación de Bío Bío—, el organismo fiscalizador expuso que los especialistas estuvieron casi un 90%, de los seis años que debían compensar al Estado, fuera de sus labores con permisos.

En vista de estos hechos, el ente presidido por Dorothy Pérez derivó los antecedentes al Ministerio Público para que indague posibles delitos, considerando que percibieron millonarias remuneraciones y que uno de ellos recibió permisos extendidos por su propio cónyuge.

Con la licencia del cónyuge

El primero de los casos corresponde a un doctor que inició su PAO el 1 de junio de 2018 en el Hospital Rafael Avaria Valenzuela de Curanilahue, con una jornada de 44 horas semanales. 10 días después, ya estaba con licencia.

Según constató el órgano contralor, durante los seis años que debía cumplir esta obligación permaneció con licencia médica el 95% del tiempo. En simple, ejerció funciones efectivas en solo 108 de los 2.192 días considerados.

La investigación agrega un antecedente que llama la atención: el 52% de las licencias médicas que presentó este profesional durante el PAO fueron extendidas por su propio cónyuge.

Además, mientras se encontraba con reposo médico, el médico realizó doce viajes al extranjero y desarrolló actividades profesionales tanto en instituciones públicas como privadas. Aquí figura, por ejemplo, el Instituto Traumatológico de Santiago en 2021-2022, y además fue contratado formalmente a contrata por esa institución en mayo-junio de 2024.

En total, percibió más de $415 millones por concepto de remuneraciones entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de mayo de 2024.

Viajero

El segundo caso es prácticamente un espejo del anterior. Se trata de un doctor de la Universidad Diego Portales, también becado en Anestesiología, quien comenzó su PAO el 1 de abril de 2018 en el Hospital Intercultural Kallvu Llanka de Cañete. También debía cumplir una jornada de 44 horas semanales. Ocho días después, el profesional ya estaba con licencia médica.

En total, la Contraloría estableció que este facultativo permaneció con licencia médica durante el 94% de los seis años contemplados para la devolución de la beca.
Es decir, prestó servicios efectivos solo 133 de los 2.192 días totales, mientras continuaba percibiendo su remuneración mensual.

Durante su “reposo médico”, efectuó seis viajes al extranjero y también desarrolló actividades profesionales en el sector público y privado. Percibió, por concepto de remuneraciones, más $314 millones entre abril de 2018 y marzo de 2024. Y facturó horas de anestesia al Hospital de Copiapó y al Instituto Traumatológico de Santiago en 2020-2021 (varias órdenes de compra por más de $14 millones en total), coincidiendo exactamente con fechas en que estaba con reposo médico en Cañete.

“Se constató que, de las 73 licencias médicas presentadas por el facultativo en el periodo asistencial obligatorio, al término de la fiscalización en terreno, esto es, al 24 de abril de 2026, existían 38 de ellas en estado pendiente mientras que 32 se encontraban en estado de rechazada, sin que, respecto de éstas últimas se verifiquen acciones de cobro iniciadas por el SSA tendientes a recuperar tales valores en favor de la entidad”, reza el informe.

Destitución y derivación a la justicia

Consultado por Contraloría, el Servicio de Salud Arauco —del que dependen ambos establecimientos— informó que, mediante sendas resoluciones de 2026, aplicó la medida disciplinaria de destitución a ambos profesionales.

El propio servicio instruyó, en los dos casos, iniciar acciones administrativas y judiciales para determinar los perjuicios ocasionados a la institución y obtener la recuperación de los recursos comprometidos.

No obstante esas medidas, la Contraloría anunció que remitirá los antecedentes a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) —organismo fiscalizador del sistema de licencias médicas— y a la Fiscalía Local de Lebu del Ministerio Público, para que ambas entidades actúen en el ámbito de sus respectivas competencias.

El trasfondo: las becas y el PAO

El sistema de becas de especialización médica del Estado exige a los profesionales beneficiados cumplir un Período Asistencial Obligatorio —generalmente de varios años— en establecimientos públicos, como forma de retribuir la inversión pública realizada en su formación.

El uso sistemático de licencias médicas para eludir esta obligación, mientras se perciben remuneraciones y se ejercen actividades profesionales paralelas, constituye una de las principales alertas que ha venido documentando la Contraloría en los últimos años respecto del sistema de salud pública. Sin ir más lejos, el informe revela que estos dos casos son la punta del iceberg de una falla estructural en todo el Servicio de Salud Arauco.

La CGR detectó que existen más de $969 millones no recuperados de garantías de otros médicos becados que también incumplieron su PAO y otros $1.076 millones no recuperados de profesionales eliminados de programas de especialización por razones académicas o falta de aptitudes.

Sumado a los $729 millones de los dos casos de Anestesiología, la cifra en juego para el Servicio supera los $2.700 millones.

En este caso derivó en la destitución de ambos médicos y en la apertura de causas que ahora quedarán en manos de la justicia y del organismo fiscalizador previsional.

Consultado el Servicio de Salud Arauco, recalcan que la desvinculación de ambos profesionales no los liberta de responsabilidad y que arriesgan incluso no trabajar en el sistema público de por vida. Además, agregan, deberán devolver el dinero que el Estado gastó en ellos.

“Tomamos todas las medidas necesarias y estamos seguros que esto no volverá a ocurrir”, enfatizan.

El nombre de ambos involucrados se mantiene en reserva por parte de la Contraloría.