El Partido Nacional Libertario (PNL) manifestó su respaldo general a la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, pero estableció una serie de “líneas rojas” que condicionan su eventual apoyo a la iniciativa.
En una declaración pública, la colectividad sostuvo que la crisis de seguridad no se explica principalmente por una falta de normas, sino por la forma en que estas son aplicadas por los operadores del sistema, apuntando especialmente al Ministerio Público y los tribunales de justicia.
En ese sentido, el PNL planteó que una reforma constitucional debe reorientar el funcionamiento de estas instituciones hacia una mayor defensa de la sociedad y de las víctimas de delitos.
Las cuatro “líneas rojas” de los libertarios
En el punto 12 de su declaración, el partido estableció cuatro exigencias que calificó como “irrenunciables y urgentes” para modificar la Carta Fundamental.
La primera consiste en consagrar expresamente la supremacía de la Constitución chilena por sobre tratados, sentencias o resoluciones de tribunales u organismos extranjeros.
Como segunda exigencia, el PNL pidió incorporar al Fiscal Nacional y a los fiscales regionales entre las autoridades susceptibles de ser sometidas a acusación constitucional.
La tercera apunta a restablecer los quórums que existían anteriormente para las reformas constitucionales, las leyes interpretativas y las Leyes Orgánicas Constitucionales.
Finalmente, la colectividad exigió elevar a rango constitucional restricciones para los inmigrantes en situación irregular, particularmente respecto de la libertad de movimiento, el empleo formal y el acceso a beneficios financiados con recursos estatales.
Según la propuesta de los libertarios, quienes estén en situación irregular deberían mantener únicamente el acceso a prestaciones vinculadas con el “núcleo de la dignidad humana”, como el derecho a la vida, la integridad física, el debido proceso y la atención médica o asistencial de urgencia.
Exigen además indulto por causas del estallido
Fuera de estas cuatro “líneas rojas”, el partido planteó otra exigencia que calificó de “ineludible y urgente”: un indulto para funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad procesados o condenados por su actuación durante el estallido social de octubre de 2019.
El PNL argumentó que los efectivos actuaron en cumplimiento del deber estatal de resguardar la seguridad y advirtió que, sin esta medida, se genera un “temor legítimo” que podría inhibir a las instituciones encargadas del orden público de actuar con firmeza.
Rechazo al nuevo estado de excepción
Asimismo, uno de los principales reparos del PNL se concentra en el nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública propuesto por el Ejecutivo.
La colectividad rechazó que esta figura permita restringir o suspender determinadas garantías por 120 días prorrogables sin intervención del Congreso Nacional.
A su juicio, aquello supone una ampliación excesiva del poder presidencial y puede afectar libertades fundamentales. En particular, cuestionó las facultades relativas a la libertad personal y de locomoción, el derecho de reunión, la interceptación o registro de comunicaciones y documentos, la requisición de bienes y la eventual restricción del derecho de asociación.
El partido también sostuvo que varias de estas herramientas ya están contempladas en el actual Estado de Emergencia, aplicado durante los últimos años en La Araucanía.
Asimismo, cuestionó que el proyecto no establezca expresamente que el oficial general encargado de las zonas bajo este estado de excepción deba pertenecer a las Fuerzas Armadas.
Libertarios consideran innecesarias varias medidas
El PNL también calificó como redundante incorporar el concepto de “seguridad pública” en el artículo 1° de la Constitución, argumentando que el texto vigente ya establece como deber del Estado la protección de la población y la familia.
En materia penitenciaria, sostuvo que la legislación actual ya permite establecer regímenes diferenciados, restricciones de comunicaciones y visitas, traslados y limitaciones a beneficios para condenados, por lo que consideró innecesaria una habilitación constitucional para estas materias.
Respecto de las inhabilidades para condenados por crimen organizado o conductas terroristas, cuestionó las restricciones para acceder a prestaciones financiadas con recursos públicos en salud, educación, trabajo y seguridad social durante la condena y hasta 15 años después de su cumplimiento.
La colectividad de los libertarios, eso sí, respaldó las inhabilidades para ejercer cargos públicos y acceder a determinados beneficios penitenciarios.
También consideró innecesaria la creación de un registro constitucional de organizaciones criminales, argumentando que sus efectos pueden ser regulados directamente mediante la ley.
Con todo, el Partido Nacional Libertario llamó al Gobierno a reorientar su iniciativa e incorporar sus propuestas, asegurando que estas permitirían fortalecer el combate contra la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado.
Enviando corrección, espere un momento...
