Cuando el tratamiento falla: el problema sigue aguas abajo

El 11 de septiembre, la Contraloría General de la República informó que cinco plantas municipales de aguas servidas operaban sin autorización sanitaria en María Pinto, Isla de Maipo y Melipilla. La noticia podría leerse como otro episodio de incumplimientos administrativos. Sin embargo, los antecedentes incluyen descargas fuera de norma, problemas de operación y fallas de fiscalización. Sus implicancias van más allá de las instalaciones. En María Pinto, las aguas del Estero Puangue siguen su recorrido y se utilizan aguas abajo para riego agrícola.

Cuando tiramos la cadena o vaciamos el lavaplatos, el agua desaparece de nuestra vista. Confiamos en que existe un sistema capaz de hacerse cargo de ella. Esa confianza sostiene una parte esencial de la vida en comunidad. Pero ¿en qué momento consideramos cumplida esa responsabilidad? ¿Cuando el agua sale de nuestras casas, cuando llega a una planta o cuando comprobamos en qué condiciones vuelve al territorio?

Aunque las cinco plantas compartían la falta de autorización sanitaria, los demás hallazgos fueron distintos. En las tres de María Pinto se registraron, en diferentes ocasiones, excedencias de materia orgánica, medida como demanda bioquímica de oxígeno, y coliformes fecales. También se identificaron equipos fuera de servicio y ausencia de monitoreo periódico.

En Gacitúa, Isla de Maipo, se constató incorporación de agua que diluía las aguas servidas y alteraba las mediciones, además de conexiones que posibilitaban descargas sin tratamiento. Para Bollenar, en Melipilla, la comunicación destacó la falta de autorización y de inscripción del operador. La ausencia de un permiso no demuestra, por sí sola, que una planta no trate, pero tampoco permite pasar por alto las deficiencias operacionales documentadas en los otros casos.

La dilución muestra por qué necesitamos saber cómo se obtienen e interpretan los resultados. Si mezclamos aguas servidas con agua limpia, podemos reducir la concentración de un contaminante sin eliminarlo. En una dilución simple, al agregar un litro de agua limpia a un litro de agua contaminada, la misma cantidad de contaminante queda repartida en dos litros. La concentración se reduce a la mitad, aunque el contaminante siga ahí. Por eso, una concentración más baja no demuestra por sí sola que el tratamiento haya mejorado. Para conocer cuánto contaminante se descarga también necesitamos medir el caudal y saber en qué condiciones se tomaron las muestras.

Lo que transporta esa descarga importa para el ambiente que la recibe. La materia orgánica biodegradable puede aumentar el consumo de oxígeno en un curso de agua y afectar a los organismos que dependen de él. Los coliformes fecales, por su parte, son indicadores de contaminación fecal. Una descarga fuera de norma no permite concluir automáticamente que los cultivos estén contaminados o que haya personas enfermas. Eso requiere evidencia específica sobre exposición y efectos. Pero tampoco necesitamos esperar a demostrar un daño sanitario para corregir incumplimientos y controlar las descargas.

En Horcón, las consecuencias de las fallas del saneamiento se hicieron visibles frente a las viviendas. En enero de 2026, aguas servidas escurrían por calles y sectores residenciales hasta la caleta. La Seremi de Salud confirmó deficiencias graves de tratamiento y escurrimientos hacia zonas habitadas y el borde costero. Para esas familias, el problema formaba parte de su entorno cotidiano. Tener una planta no había bastado para protegerlo.

Las auditorías de la Región Metropolitana agregan otra dimensión a esta discusión. Contraloría advirtió demoras y problemas de coordinación entre organismos encargados de fiscalizar. Un análisis puede detectar una excedencia, pero esa información protege poco si no activa una respuesta oportuna. Mientras se deriva un antecedente o se revisa una denuncia, el curso de agua sigue moviéndose.

Para quienes utilizan el agua aguas abajo, la división de competencias entre instituciones no cambia la necesidad de contar con una calidad adecuada para sus usos. Tampoco los límites comunales contienen el recorrido de una descarga. Quienes reciben esa agua pueden tener escasa capacidad para intervenir en las decisiones que determinan su calidad aguas arriba. Gestionar una cuenca exige reconocer esa relación y hacerla parte de las decisiones.

Por eso, evaluar el saneamiento solamente a partir de obras construidas o expedientes tramitados deja fuera una parte decisiva del resultado. Una planta necesita recursos y capacidades durante toda su vida útil. En sistemas municipales y rurales, esto supone sostener personal capacitado, mantención y análisis confiables. Exigir resultados sin asegurar condiciones de operación puede perpetuar las fallas. Reconocer esas dificultades, a su vez, no justifica trasladar sus consecuencias a otras comunidades.

La respuesta debe permitir seguir cada hallazgo hasta su corrección. Ante una descarga fuera de norma, necesitamos saber quién actúa, en qué plazo y cómo se comprobará que la calidad del agua mejora y se mantiene. Las responsabilidades administrativas deberán establecerse mediante los procedimientos correspondientes, pero una comunidad también necesita conocer qué se está haciendo para resolver el problema. Esa información debería estar disponible sin tener que esperar una nueva auditoría.

Estos casos no representan todo el saneamiento del país, pero sí obligan a preguntarnos si estamos dando por resuelto un problema solo porque existe una planta destinada a tratarlo. La seguridad hídrica también depende de la calidad del agua que devolvemos al territorio. Ya que hacernos cargo del agua que usamos significa proteger también a quienes la reciben después.

Ricardo Salazar-González
Profesor Asociado, Escuela de Química UC.
Investigador Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC.
Investigador Principal, SERC Chile.