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Gestionar una comuna de altos ingresos suele distorsionar la noción de la realidad. Desde la comodidad del privilegio, resulta fácil enarbolar la jubilación como un “derecho” abstracto, ignorando deliberadamente la precariedad estructural en la que se pensiona la inmensa mayoría de los chilenos.
Hoy, esa retórica se instrumentaliza para atacar a las alcaldías progresistas que exigimos algo tan elemental como la equidad territorial.
Calificar de “rehén” a la ciudadanía por demandar una justa distribución de recursos es un sinsentido. Pretender que la exención de contribuciones a mayores de 65 años constituye una medida de “seguridad social” —cuando termina beneficiando principalmente a los sectores con mayor patrimonio del país— es una profunda falacia.
El caso recurrente de la vecina de Vitacura a la que le cuesta pagar sus contribuciones encuentra respuesta en los mecanismos de focalización existentes, los cuales perfectamente pueden perfeccionarse para resguardar a quien lo necesite.
Lo que resulta inaceptable e hipócrita es catalogar como “protección social” lo que en la práctica es un blindaje tributario a grandes patrimonios.
No existe argumento de fondo que justifique reducir la carga impositiva a las grandes fortunas. El ejemplo más nítido de esta distorsión es la mal llamada “megarreforma de la reconstrucción”: una iniciativa que no edifica soluciones, sino que desmantela la capacidad del Estado. Ceder 200 millones de dólares para que la factura la terminen pagando las familias trabajadoras —esas mismas que se jubilan en la austeridad y aún no acceden a la vivienda propia— es una abierta indecencia.
El argumento falaz del “derecho a jubilar sin pagar contribuciones” no es más que el viejo anhelo de eludir la responsabilidad fiscal. Es el dogma de quienes rechazan una sociedad de derechos auténtica, incapaces de ver que, sin un Estado fuerte y solidario, el único horizonte posible es el caos y la profundización de la desigualdad.
