El Chile que queremos dejarle a nuestros hijos

Chile enfrenta desafíos demasiado importantes como para seguir atrapado en una lógica de conflicto permanente. La seguridad, la niñez, el crecimiento económico, la salud, la vivienda o la educación exigen convicciones firmes, pero también la capacidad de dialogar, coordinarse y construir acuerdos. Sin embargo, pareciera que muchas veces la política premia exactamente lo contrario.

Con demasiada frecuencia, la descalificación reemplaza al argumento, la cancelación sustituye al debate y las diferencias dejan de entenderse como una riqueza propia de la democracia para transformarse en una razón para enfrentar al otro. Hemos ido normalizando una dinámica que, lejos de acercarnos a las soluciones, profundiza las divisiones.

Vivimos, en buena medida, bajo la dictadura del algoritmo. Muchas veces pareciera importar más decir la frase más grandilocuente, la más dura o la que genere más repercusión en redes sociales que construir una conversación capaz de resolver los problemas de las personas. Esa lógica no fortalece la democracia; la debilita.

La democracia no consiste en que todos pensemos igual. Su fortaleza radica precisamente en que personas con distintas miradas puedan defender con libertad sus ideas, escucharse mutuamente y construir acuerdos cuando el bien común así lo exige. Pensar distinto nunca debiera ser motivo de descalificación. Defender la libertad implica también defender la libertad de opinión y la diversidad de pensamiento, incluso cuando las posiciones no coinciden con las propias.

Por eso necesitamos recuperar una política que vuelva a exigir argumentos en lugar de caricaturas; una política donde el diálogo no sea interpretado como una renuncia a las convicciones, sino como la herramienta indispensable para alcanzar soluciones duraderas. Porque es posible sostener con firmeza una idea y, al mismo tiempo, respetar profundamente a quien piensa distinto.

Lo más preocupante es que el costo de esta confrontación permanente no lo pagan quienes protagonizan las discusiones públicas. Lo pagan las familias que esperan una mejor atención en salud, quienes siguen buscando una vivienda, quienes viven con temor por la inseguridad o quienes esperan que el país vuelva a crecer. Mientras la política se consume en polémicas estériles, las soluciones siguen postergándose.

Necesitamos menos lógica de enemigos y más capacidad de coordinación. Menos trincheras y más disposición a construir mayorías. Ningún proyecto de país se sostiene sobre la exclusión; los grandes avances siempre han requerido la capacidad de trabajar entre distintos.

Quizás por eso, cada mañana, cuando llevo a mis tres hijos al colegio, hay una pregunta que inevitablemente vuelve a mi cabeza: ¿Qué Chile quiero dejarles?

No quiero dejarles un país donde las personas tengan miedo de expresar lo que piensan o donde la política se reduzca a una competencia permanente de descalificaciones. Quiero dejarles un Chile donde la libertad de pensamiento, el respeto y el diálogo vuelvan a ocupar el lugar que nunca debieron perder. Porque, al final, la verdadera medida de nuestro trabajo público no está en las discusiones que ganamos, sino en el país que seremos capaces de heredarles a nuestros hijos.