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El anuncio de una nueva acusación constitucional, esta vez apuntando al exministro de Economía, Nicolás Grau, vuelve a encender las alarmas sobre el persistente uso y abuso de una herramienta que debiera ser la última ratio de nuestra institucionalidad.
Más allá de los reparos legítimos que existan sobre la gestión de una cartera o el rumbo económico del país, considero que el problema es la alarmante liviandad con la que se gatilla el máximo mecanismo de control del Congreso. Hoy por hoy, levantar una acusación constitucional en Chile se ha transformado en un deporte con un nulo coste para quienes lo realizan.
Para dimensionar la facilidad con la que se monta este escenario, basta mirar las reglas del juego. La Constitución exige un umbral irrisorio de entre 10 y no más de 20 firmas de diputados para iniciar el proceso. En un Congreso atomizado y fragmentado, conseguir esa decena de rúbricas toma apenas un par de horas de pasillo en Valparaíso.
El resultado de este diseño institucional está a la vista en la historia reciente, desde el retorno a la democracia se han presentado más de cincuenta acusaciones constitucionales, pero casi la mitad de ellas se han concentrado de forma hiperactiva durante los últimos tres periodos presidenciales. El dato más lapidario, sin embargo, es su bajísima efectividad, ya que más del 85% de los libelos dirigidos contra ministros de Estado terminan en la basura, ya sea por la vía de la cuestión previa o por el rechazo en el fondo.
Este altísimo porcentaje de fracasos devela que la herramienta mutó de su naturaleza jurídica y fiscalizadora hacia el mero cálculo político y la búsqueda del punto de prensa. Los parlamentarios tiran la red a sabiendas de que no cuentan con los argumentos ni los votos necesarios, amparados en la certeza de que el intento es completamente gratis.
Una acusación constitucional paraliza las comisiones, posterga proyectos de ley urgentes, consume valiosas horas de debate público y obliga al acusado a costear una defensa técnica frente a un juicio que suele estar sentenciado antes de leerse la primera página. Y cuando el acusado sale sobreseído y el show termina, la cuenta se le pasa a Moya. El Estado absorbe la pérdida de tiempo y recursos, el afectado asume el desgaste personal y financiero, y los diputados acusadores vuelven a sus oficinas sin despeinarse.
Ante esta impunidad del litigio político temerario, la solución no pasa únicamente por la actual discusión legislativa que busca elevar el número de firmas requeridas. La verdadera llave para devolver la seriedad a la República es la introducción de un filtro económico directo, la condena en costas para los parlamentarios firmantes de un libelo desestimado. Así como en los tribunales de justicia quien demanda con manifiesta falta de fundamento debe responder con su propio patrimonio por los gastos del juicio, en el Congreso debiera operar la misma lógica de responsabilidad.
Si un grupo de diputados decide utilizar el aparataje del Estado para armar una puesta en escena y pierde, debieran ser ellos, y no los ciudadanos, quienes paguen la cuenta del circo. Solo cuando la irresponsabilidad política toque directamente el bolsillo de sus autores, los parlamentarios se tomarán el tiempo de leer y ponderar jurídicamente lo que firman, ¿o no?
“Por eso dice el Señor y Dios: Se les ha recordado su inequidad, y han quedado al descubierto sus rebeliones; expuestas están sus acciones pecaminosas, y por eso serán capturados” (Ezequiel 21:24)
