El pasado lunes 3 de agosto, como es tradicional, los ministros del comité político del gobierno y los representantes de los partidos oficialistas se reunieron en el salón “Democracia y Memoria” del Palacio de La Moneda, para un nuevo Comité Político Ampliado.
Aquella jornada, según recuerdan algunos presentes, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó que había ciertos aspectos de la megarreforma económica que preocupaban a su cartera y al Ejecutivo. Eran cuatro puntos, puntualmente.
Se trataba de la norma del anatocismo, el derecho al olvido financiero, el pago a 30 días a las Pymes y la norma sobre restitución de servicios básicos en emergencia.
Acto seguido, Quiroz reveló que la estrategia del gobierno para los tres primeros era activar el uso de vetos, lo que terminó ocurriendo, pero nada dijo sobre servicios básicos. Por eso, algunos presidentes de partido quedaron con dudas.
Con el fin de solucionar aquella interrogante, fue el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, quien levantó la mano y pidió la palabra. Preguntó algo simple: qué pasaría con el Artículo 31 que obliga a reconectar los servicios básicos en las zonas afectadas por los incendios.
Quien contestó fue el ministro Quiroz. Fue ese lunes 3 de agosto que el jefe de la billetera fiscal sinceró la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar la norma. Los dirigentes oficialistas tomaron nota.
Según recuerdan fuentes consultadas por La Radio, el único en mostrar una postura contraria a lo señalado por Quiroz fue el biministro Claudio Alvarado, quien advirtió de los costos políticos que podría traer una acción como esa y propuso la utilización del veto sustitutivo para mejorar la redacción de la norma.
Días después, el sábado 8 de agosto, el gobierno ingresó el requerimiento al Tribunal Constitucional con la firma del presidente José Antonio Kast y los ministros José García (Segpres), Jorge Quiroz (Hacienda), Ximena Rincón (Energía) y Louis de Grange (Transportes y OO.PP.).
La arremetida, según cuentan fuentes de Palacio, se informó a través de la Segpres a algunos líderes del oficialismo, pero el recado no llegó a la oficina del biministro Alvarado. Tampoco se conversó en el comité político de ministros ni en el ampliado de este lunes.
La tarde de este martes, cuando Alvarado se retiraba de la Cámara de Diputados, fue abordado por la prensa. El rumor de la arremetida al TC ya era conocido por la prensa del Congreso, por lo que una de las preguntas era corroborar la jugada de Palacio.
Notoriamente complicado, el también vocero de gobierno respondió: “Es una información con la cual no contaba en ese momento. Esa es una información que no tenía”. Casi de inmediato y al salir del Congreso, el biministro llamó por teléfono a Quiroz para pedir explicaciones y recibió excusas por una “descoordinación interna”.
Choque de versiones
En Palacio algunos responsabilizan a Hacienda por no informar de la decisión debido a la negativa de Alvarado; otros apuntan contra la Segpres por haber avisado a los líderes oficialistas y no al resto del comité político.
También hay críticas hacia la Secretaría de Comunicaciones (Secom) por no haber informado al ministro vocero el día lunes cuando se enfrentó a la prensa y abordó la ofensiva del gobierno ante el TC. Más allá de las versiones, ninguno asume la responsabilidad.
La Secom apunta a la existencia de una minuta que fue difundida de parte del Ministerio de Hacienda y que “probablemente el biministro no alcanzó a revisar”, pero Interior desmiente ese relato.
El ministro Segpres, José García, dijo que “no hay ninguna duda de que alguna dificultad de comunicación interna más formal debimos haber tenido, y por esa razón él no estaba debidamente informado (…) No hemos tenido ninguna intención ni de ocultar información”.
Lo propio hizo el titular de Hacienda: “No es mi responsabilidad tener que estarme haciendo cargo de informar a cada una de las personas (…) Hay un gobierno, una organización y es perfectible siempre la comunicación, pero repito: es un tema más bien incidental”.
Alvarado fue un poco más allá y evidenció su molestia porque, al plantearle si existirán cambios ante esta descoordinación, lanzó que “el único cambio es reiterarle a los ministros cuál es mi número de teléfono”.
RN y la UDI: disputa dentro de La Moneda
“El gobierno del presidente Kast necesita un vocero urgentemente”. Esas fueron las palabras que -el pasado 30 de julio- emitió el jefe de bancada de RN, el diputado Diego Schalper, dejando ver la disputa interna de Chile Vamos por el protagonismo político en el Ejecutivo.
Al levantar la idea de que La Moneda necesita de un vocero para ordenar al sector y mejorar la coordinación política, se activó una ofensiva -liderada por sectores de la UDI- que se centró en cuestionar el rol de García Ruminot al mando de la Segpres y asegurar que Alvarado estaba oficiando como “triministro”.
Si bien la disputa está radicada en los partidos, el gobierno descarta cualquier tipo de roce entre los titulares de Interior y la Segpres. Ambos compartieron más de 16 años en el Congreso y reconocen tener un grado de cercanía que podría calificarse como amistad.
Lo propio entre Alvarado y la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, quien trabajó con el biministro en los dos gobiernos del expresidente Sebastián Piñera y llegó al equipo de Kast con intenciones de ser su jefa de gabinete.
El Ejecutivo descartó cualquier tipo de roce interno y sostuvo que las disputas políticas entre partidos “no forman parte del eje ni las urgencias del gobierno”.
Políticos vs técnicos
Fue al inicio del gobierno, en el marco del alza de las bencinas, que se evidenciaron diferencias de forma y fondo entre el ministro de Hacienda y sus pares de Interior y la Segpres.
¿Debe primar lo técnico o lo político?, era una de las preguntas que se repetía en el mes de marzo y que llevó al oficialismo a instalar la “necesidad de un contrapeso para Jorge Quiroz”.
La discusión de la megarreforma reveló que la estrategia del gobierno no fue elegir un ámbito por sobre el otro, sino hacerlos trabajar en conjunto. Un diseño que permitió despachar en tiempo y forma el proyecto, pero que no estuvo exento de polémicas.
La descoordinación por este requerimiento al TC volvió a instalar la idea de una mala relación entre Alvarado y Quiroz. Pese a ello, ambos descartaron de lleno esa idea y aseguraron que hay confianza mutua, comunicación fluida y trabajo conjunto.
Más allá del impasse de esta semana, dentro de los equipos políticos del Ejecutivo -Segpres e Interior- hay quienes sí reconocen incomodidad con el “estilo Quiroz”. Las alertas, a su juicio, van de la mano con la inexperiencia política y el riesgo de cometer errores que “le cuesten caro al gobierno”.
Dentro de estos, recuerdan el fallido acuerdo con el PPD que se frustró por un error en la indicación ingresada por Hacienda. Además, ponen en antecedente que el propio Quiroz se había comprometido con sectores de la oposición a no vetar la norma por servicios, pero nunca avisó ni advirtió la posibilidad de recurrir al TC.
Enviando corrección, espere un momento...
