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Durante varios años el debate laboral chileno ha estado concentrado en una sola pregunta. Cuántas horas debía trabajar una persona a la semana.
La reducción gradual de la jornada a 40 horas respondió esa discusión y constituyó un cambio relevante para el mundo del trabajo. Sin embargo, una vez resuelta esa primera etapa, aparece un desafío distinto y probablemente más complejo. No basta con definir cuántas horas se trabajan. También importa cómo pueden distribuirse para responder a la realidad de actividades productivas muy diferentes entre sí, especialmente en un mercado laboral que hoy enfrenta una tasa de desocupación de 9,4%, la más alta registrada en los últimos cinco años según el INE.
En ese contexto, el proyecto de ley presentado por el Gobierno representa un avance que merece ser valorado. Ampliar de cuatro a dieciséis semanas el período para promediar la jornada permite que la organización del trabajo se acerque a la experiencia de la mayoría de los países de la OCDE. Es una herramienta que entrega mayor flexibilidad para enfrentar ciclos productivos que exceden un mes, sin modificar el límite de la jornada ordinaria ni reducir los derechos de los trabajadores.
La iniciativa también incorpora mejoras prácticas. Facilita la compensación de horas extraordinarias mediante descanso, amplía los plazos para utilizarlas y perfecciona reglas que hasta ahora habían demostrado escasa utilidad. Son cambios razonables que benefician tanto a trabajadores como a empleadores.
Pero el proyecto deja abierta una discusión que probablemente será una de las más relevantes durante su tramitación.
El propio Gobierno sostiene que existen actividades cuyos ciclos productivos se extienden por varios meses y que, precisamente por esa razón, requieren un régimen especial de adaptabilidad. Sobre esa base propone que el turismo pueda distribuir la jornada en ciclos de hasta cincuenta y dos semanas.
El razonamiento parece sólido. Lo que resulta menos evidente es por qué ese mismo criterio queda circunscrito únicamente al turismo.
La agroindustria enfrenta procesos de cosecha, packing y exportación que se desarrollan durante temporadas prolongadas y perfectamente previsibles. Existen otras actividades que también operan bajo ciclos estacionales que superan con creces las dieciséis semanas. La realidad productiva que justifica un tratamiento especial para un sector no desaparece cuando se observa al resto de la economía.
Es cierto que el proyecto permite extender esos ciclos mediante negociación colectiva o pactos sindicales. Sin embargo, convertir esa alternativa en la regla general significa que una necesidad operacional termina dependiendo de un acuerdo cuya existencia no siempre estará garantizada. La adaptabilidad deja entonces de descansar en la naturaleza de la actividad para quedar condicionada a una determinada forma de organización laboral.
El desafío legislativo consiste precisamente en definir si la adaptabilidad será una excepción reservada para ciertos sectores o una herramienta disponible para todas aquellas actividades cuya realidad productiva la haga objetivamente necesaria.
Ese es, probablemente, el verdadero debate que comienza.
La reducción de la jornada fue el primer paso de la modernización laboral. El siguiente consiste en construir reglas capaces de compatibilizar productividad, continuidad operacional y protección efectiva de los trabajadores. Chile necesita crear más empleo formal y hacerlo en un contexto donde el desempleo supera el 9% y la economía enfrenta crecientes desafíos de competitividad. En ese escenario, la adaptabilidad no debiera entenderse como una excepción, sino como una herramienta para fortalecer el empleo y la capacidad de crecimiento de los distintos sectores productivos.
Si el proyecto logra abrir esa conversación, ya habrá cumplido un objetivo importante. Si además incorpora criterios objetivos para reconocer la realidad de otros sectores productivos, tendrá la oportunidad de transformarse en una reforma mucho más completa.
Cristián Aguayo
Socio AEM Abogados
