"Tratos crueles e inhumanos": jueza denuncia vulneraciones a imputadas en Horwitz

“Tratos crueles e inhumanos” fue cómo describió una jueza las condiciones en las que se encuentran mujeres privadas de libertad en el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz, en un oficio urgente enviado tras una visita de rutina realizada el pasado 24 de julio.

El escrito reservado fue presentado por la jueza Vania Boutaud Mejías, titular del 6° Juzgado de Garantía de Santiago, luego de inspeccionar la Unidad de Evaluación de Personas Imputadas (UEPI) del Instituto, recinto donde permanecen mujeres imputadas provenientes de distintos puntos del país cuya salud mental debe ser evaluada para determinar si son imputables o inimputables en el marco de un proceso penal.

En el documento, la magistrada sostiene haber constatado una serie de hechos que, a su juicio, podrían constituir graves vulneraciones a los derechos humanos, además de violencia institucional y de género contra una población especialmente vulnerable. El oficio fue remitido al Juez Presidente de los Juzgados de Garantía de Santiago y ordena adoptar medidas urgentes de protección para las internas.

Entre las denuncias se encuentran una vigilancia permanente mediante cámaras monitoreadas por funcionarios hombres, incluso durante el uso de baños y el aseo personal; restricciones al acceso al agua durante la noche; falta de privacidad en los servicios higiénicos; presunto maltrato y abandono por parte del personal de salud; además de cuestionamientos a la jefatura de la unidad por justificar las condiciones observadas.

Las acusaciones apuntan directamente a la jefa de la unidad psiquiátrica, la Dra. Sandra Moglia, respecto de quien la magistrada sostiene que habría validado las prácticas denunciadas y mantenido una actitud que calificó como una demostración de falta de perspectiva de derechos humanos y de género.

A ella dirige varias de las observaciones más críticas del documento, señalando que habría justificado las vulneraciones constatadas, restándoles gravedad, y advirtiendo además un eventual conflicto de interés, al ser simultáneamente la responsable de velar por los derechos de las pacientes.

Los detalles a continuación.

Las denuncias

El oficio sostiene que una de las principales vulneraciones detectadas se relaciona con la vigilancia permanente de las internas por funcionarios hombres. Según la jueza, las mujeres eran monitoreadas mediante cámaras de seguridad incluso mientras utilizaban los baños, se cambiaban de ropa o realizaban su aseo personal, situación que calificó como una grave afectación a su intimidad y dignidad, especialmente considerando que se trata de pacientes con trastornos de salud mental.

“No se trata de un monitoreo sólo de los pasillos o áreas comunes, sino que al monitoreo se da a la más íntima que tienen, que es su cuerpo y su indemnidad física y sexual”, se lee en el escrito.

La magistrada también denunció que las internas no tenían acceso libre al agua durante la noche, debiendo solicitarla al personal para que les abrieran la puerta y les entregaran agua potable. A su juicio, dicha restricción constituye un trato degradante y resulta especialmente preocupante considerando que varias de las pacientes reciben tratamientos farmacológicos que aumentan la sensación de sed.

Otro de los cuestionamientos apunta a la falta de privacidad en los baños, señalándose que las puertas permanecían abiertas, permitiendo que las pacientes fueran observadas mientras hacían uso de ellos, circunstancia que la jueza estimó incompatible con estándares mínimos de dignidad y respeto a la intimidad.

El documento también cuestiona el actuar del personal de salud, al que atribuye una actitud de indiferencia frente a las denuncias formuladas por las internas y una normalización de las condiciones observadas, relatando una actitud que “demuestra una indolencia inexcusable frente a la vulneración actual de derechos”. En el oficio se lee acusaciones de violencia física y priscológica por parte de los trabajadores del instituto psiquiátrico. Asimismo, sostiene que quienes debían garantizar el bienestar de las pacientes terminaron justificando las condiciones detectadas durante la visita.

En ese contexto, la jueza dirige las críticas más severas contra la jefa de la unidad, a quien atribuye haber justificado las prácticas denunciadas, “restándoles gravedad y validando prácticas incompatibles con los derechos fundamentales de las internas”.

Asimismo, denunció un “grave conflicto de interés”, al afirmar que Sandra Moglia es quien debiese ser garante de los derechos de las pacientes, pero es justamente quien justificaría las prácticas denunciadas.

El oficio concluye que las situaciones constatadas configurarían un cuadro sistemático de vulneraciones a los derechos humanos, violencia institucional, violencia de género y tratos crueles, inhumanos y degradantes, afectando a mujeres con patologías de salud mental que se encuentran bajo la custodia y protección del Estado.

En el oficio, la jueza ordenó una serie de medidas de cautela de garantías para las internas. Entre ellas, dispuso que se adoptaran acciones inmediatas para poner término a las prácticas denunciadas, garantizar el acceso al agua potable, resguardar la privacidad de las pacientes y revisar el sistema de vigilancia de la unidad.

Asimismo, instruyó remitir los antecedentes a distintas autoridades competentes —entre ellas el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile y las autoridades del propio Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz— para que evalúen la adopción de medidas administrativas, disciplinarias y de protección. Además, pidió que los jueces que realicen futuras visitas de cárcel hagan seguimiento al cumplimiento de las medidas ordenadas, considerando que la UEPI recibe mujeres imputadas provenientes de todo el país.

Respuestas del instituto psiquiátrico

Consultados por Radio Bío Bío, desde el organismo informaron que: “El Instituto Psiquiátrico “Dr. José Horwitz Barak”, a través de la Coordinación de Derechos Humanos, ha tomado muy en cuenta y ha gestionado los requerimientos de la jueza del Sexto Juzgado de Garantía de Santiago, Vania Bouteaud Mejías y a partir de lo solicitado, el Director del Instituto, Juan Maass Vivanco, instruyó, inmediatamente después de conocidas las denuncias, tomar las medidas con carácter de urgente a Sandra Moglia, Jefa del Servicio Clínico de Psiquiatría Forense y a la Subdirectora de Gestión del Cuidado, Marjorie Escobar”.

Dentro de estas medidas, “se instruyó solicitar de manera urgente una reunión con Gendarmería de Chile, para solicitar el reemplazo de la custodia masculina por personal exclusivamente femenino, tema que es competencia exclusiva de Gendarmería.”

“Además, se revisaron los registros disponibles y las grabaciones del sistema de videovigilancia correspondientes a los hechos observados y luego de dicha revisión, no fue posible constatar situaciones que evidenciaran agresiones físicas hacia las usuarias”, agregaron.

Respecto a la apertura de una investigación, indicaron que: “Efectivamente, se instruyó la apertura de un sumario administrativo para investigar todas las denuncias contenidas en el OFICIO N° 14-2026, resolución que se encuentra en trámite en SIAPER de Contraloría General de la República”.

“Respecto de cambios en los protocolos, se realizó la reparación inmediata de la puerta de los servicios higiénicos; se instruyó al equipo garantizar el acceso oportuno de las usuarias al agua potable y a los servicios higiénicos durante las veinticuatro horas del día, reforzando el criterio asistencial de responder a dichos requerimientos de manera inmediata. La única excepción corresponderá a situaciones de seguridad debidamente justificadas, ya sea para las usuarias o el personal de salud, evaluadas caso a caso y limitadas estrictamente al tiempo que dichas circunstancias lo hagan indispensable”, agregaron.

También indicaron que “Se priorizó la implementación del Procedimiento Institucional de Vigilancia Nocturna para Técnicos de Enfermería, reforzando la organización de las rondas nocturnas, los registros correspondientes y la supervisión del cumplimiento de dichas actividades, efectuando las adecuaciones operativas necesarias para su aplicación en la UEPI Damas”.

“Adicionalmente, se ha dispuesto mantener abiertas, durante las 24 horas del día, las rejas separadoras de las habitaciones de las usuarias. Respecto de este punto, se instruyó a la Subdirección de Gestión de Personas que disponga que la Unidad de Prevención de Riesgos realice en carácter de urgente, un informe que señale los riesgos que implica la implementación de esta medida en las condiciones actuales de la unidad, para las pacientes internas y funcionarias cuidadoras. Ello porque la infraestructura existente presenta limitaciones relevantes, entre ellas la ausencia de una vía alternativa de evacuación para el personal frente a una situación crítica, lo que podría restringir su capacidad de resguardo ante eventos que comprometan la seguridad”, explicaron.

A raíz de la denuncia también hicieron llegar una declaración pública en la cual indicaron:

“El Instituto Psiquiátrico “Dr. José Horwitz Barak”, reafirma que el bienestar, la dignidad y el cuidado de nuestros pacientes han sido siempre nuestra principal prioridad.

Ante los antecedentes conocidos a través del Sexto Tribunal de Garantía de Santiago y publicado por algunos medios de comunicación, la institución ha abordado esta situación con la debida seriedad, disponiendo la revisión de los hechos y la adopción de las medidas necesarias para resguardar los derechos de las personas atendidas y fortalecer nuestros procesos internos.

Como equipo de salud, tenemos el compromiso permanente de entregar una atención basada en los derechos humanos, el respeto, el buen trato y la protección de quienes confían su cuidado en nosotros, especialmente de las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

Continuaremos trabajando con responsabilidad y apertura junto a las instancias correspondientes, con el objetivo de seguir mejorando nuestros estándares de atención y cuidado”.

Desde Gendarmería, rechazaron referirse al asunto por el momento.