Los recientes antecedentes aportados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) ratifican lo que los trabajadores siempre hemos sostenido: exigir el cumplimiento del principio de continuidad laboral en los procesos de licitación de los Casinos de Juego es plenamente viable.

El propio informe de la FNE es categórico al demostrar que proteger estos empleos especializados tiene un impacto marginal —inferior al 1,9% de los ingresos anuales—, no constituye una barrera de entrada ni distorsiona la libre competencia.

Sin embargo, en lugar de cerrar el debate técnico, algunos operadores han acudido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para emitir juicios que golpean a quienes somos la base del sector. Argumentan que mantener nuestros puestos representa un “doble riesgo competitivo” por un supuesto traspaso de información confidencial. Peor aún, afirman que este “no es un problema de derechos de los trabajadores, sino de arquitectura competitiva”.

Es urgente poner un límite a estos agravios. Equiparar la estabilidad de miles de trabajadores honestos con los complejos casos de colusión corporativa que hoy investiga la justicia resulta francamente desproporcionado. Somos los crupieres, el personal de sala, cajeros, técnicos y todos quienes prestamos servicios los que, con rigor y probada integridad, sostenemos la operación diaria.

Nadie puede ignorar que esta industria funciona gracias a la confianza depositada en su capital humano. Que las empresas recurran a este tipo de afirmaciones en tribunales solo deja en evidencia su profundo desconocimiento de la normativa laboral vigente. Resulta revelador que intenten justificar sus posturas con excusas que ni ellos mismos saben cómo sostener, demostrando una total falta de claridad y bases jurídicas para argumentar sus propios reparos.

Estos juicios de valor develan, una vez más, la fragilidad a la que estamos expuestos. Y resulta paradójico que esta postura basada en la desconfianza sea promovida, justamente, por empresas que hoy se encuentran bajo el duro escrutinio de la opinión pública.

Confiamos en que las directrices de las autoridades entreguen certezas definitivas al sector. Avanzar hacia un marco de licitación responsable significa, ante todo, resguardar los derechos y la tranquilidad de nuestras familias. Los casinos pueden cambiar de administrador, pero la dignidad de los trabajadores no se licita.

Diego Valerio
Presidente
Federación Nacional de Sindicatos de Casinos de Juego y Hoteles de Chile (FENASICAJH)

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