Hace menos de dos semanas, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, convocó al alto mando de Gendarmería y a la directora del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (ex Sename), Rocío Faúndez, hasta las dependencias del ministerio en Morandé 107 para dar inicio a un plan destinado a intervenir los centros de reinserción considerados más “peligrosos” dentro del país.
La iniciativa responde a un escenario heredado que, según el diagnóstico del Ejecutivo, ya sobrepasó las actuales condiciones de seguridad.
Por ello, el Gobierno busca que Gendarmería asuma una presencia más constante al interior de estos recintos, con un rol más activo en su funcionamiento.
Durante la reunión, Rabat instruyó a ambas instituciones identificar los establecimientos con mayores problemas de seguridad para focalizar el despliegue de personal, considerando también el déficit de funcionarios que enfrenta Gendarmería.
Entre las medidas en evaluación figuran reforzar el control de acceso, fortalecer la custodia perimetral, incorporar equipos de body scan, cámaras corporales, sistemas de enrolamiento y registro de visitas, levantar muros de segregación y aumentar la dotación destinada a los recintos de mayor riesgo.
Uno de los casos prioritarios será el Centro de Internación Provisoria (CIP) de Coronel, donde en las últimas horas se han registrado múltiples incidentes con armas blancas y estoques que dejaron al menos tres adolescentes heridos tras enfrentamientos entre grupos rivales.
En paralelo, el Ejecutivo también estudia nuevas medidas para los jóvenes de mayor compromiso delictual.
Entre las alternativas que se analizan está su eventual traslado, una vez que cumplan la mayoría de edad, a secciones juveniles habilitadas al interior de recintos penitenciarios para adultos.
Lo anterior forma parte de la agenda de seguridad que el Ejecutivo comenzará a desplegar durante los próximos días.
De hecho, en el comité de seguridad del pasado lunes, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y su par de Seguridad Pública, Martín Arrau, expusieron al presidente José Antonio Kast los principales ejes de esa hoja de ruta.
Entre las medidas figura poner urgencia a proyectos que establecen agravantes para quienes recluten a menores de edad para la comisión de delitos, crear una agencia encargada de administrar y liquidar los bienes incautados al crimen organizado, impulsar reformas al sistema penitenciario y ejecutar un plan de modernización tecnológica en las cárceles del país.
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