Cuando el Estado pierde el control sobre los niños, Chile entero debe alarmarse

Hace meses decidí hacer algo que en ese momento parecía incómodo para muchos, pero que era simplemente cumplir con un deber fundamental de todo representante público: fiscalizar cuando existen hechos que generan dudas y cuando el Estado tiene la obligación de entregar certezas.

Todo comenzó al detectar una situación que, desde el primer momento, resultaba preocupante. Diversos vuelos chárter provenientes desde Haití comenzaron a llegar a Chile trasladando a decenas de menores de edad bajo procedimientos de reunificación familiar. Sin embargo, rápidamente aparecieron antecedentes que no cuadraban.

La información cambiaba constantemente. Los registros no coincidían. Las rutas variaban sin explicaciones claras. Nadie respondía con certeza quién financiaba estos vuelos ni bajo qué criterios exactos estaban operando estas autorizaciones. Cuando se trata de niños, ninguna irregularidad puede relativizarse.

Frente a esa situación decidí trasladarme personalmente hasta el aeropuerto de Santiago para fiscalizar en terreno lo que estaba ocurriendo. Lo que observamos solo profundizó nuestras preocupaciones iniciales.

Era evidente que distintas instituciones públicas no manejaban información clara, completa ni coordinada sobre un proceso extraordinariamente sensible que involucraba el ingreso masivo de menores de edad al país. Y eso simplemente no podía normalizarse.

A partir de ese momento iniciamos un proceso de recopilación de antecedentes, realizamos denuncias públicas, exigimos respuestas a las autoridades competentes y, posteriormente, sostuve una reunión formal con la contralora general de la República, Dorothy Pérez, instancia en la que entregué personalmente toda la información recopilada para solicitar una revisión exhaustiva sobre estos procedimientos.

No actuamos desde prejuicios. Tampoco desde posiciones ideológicas.

Actuamos porque entendimos algo esencial: cuando el Estado enfrenta procesos migratorios que involucran directamente a niños, el estándar de control no puede ser flexible. Debe ser absoluto.

Hoy, el informe de Contraloría confirma algo profundamente preocupante. Las alertas que levantamos tenían fundamento. Hoy sabemos que existieron irregularidades, debilidades graves de supervisión, ausencia de coordinación institucional y fallas de control en procedimientos que jamás debieron ejecutarse bajo semejante nivel de opacidad.

Y aquí debemos ser extremadamente claros. No estamos hablando simplemente de errores administrativos. Estamos hablando de niños.

Cuando el propio Estado pierde trazabilidad sobre menores de edad que ingresan a su territorio, deja de ser un problema burocrático y se transforma en una señal de alarma institucional que debe preocupar a todo Chile.

Lo más inquietante es que mientras exigíamos respuestas públicas y fiscalizábamos en terreno, durante meses predominó un silencio incomprensible de autoridades que tenían la obligación de explicar lo que estaba ocurriendo.

Resulta inaceptable que un parlamentario tuviera que acudir personalmente al aeropuerto para obtener respuestas que el propio Estado debió haber entregado desde el primer día.

Quiero ser claro en algo fundamental. La defensa de la infancia no tiene nacionalidad. El principio de reunificación familiar debe respetarse siempre. Pero precisamente porque hablamos de menores de edad, ninguna operación de esta naturaleza puede desarrollarse bajo zonas grises, improvisación o ausencia de supervisión efectiva.

La solidaridad jamás puede transformarse en renuncia al control institucional. Los países serios se miden, sobre todo, por la forma en que protegen a quienes no pueden defenderse por sí mismos. Y cuando hablamos de niños, el Estado no tiene derecho a equivocarse.

Fiscalizamos a tiempo. Advertimos con responsabilidad. Entregamos los antecedentes donde correspondía. Hoy Chile sabe que las alertas eran reales.

Ahora corresponde algo igual de importante: verdad, responsabilidades claras y garantías absolutas de que esto jamás volverá a ocurrir.