El Juzgado de Garantía de Valparaíso admitió a tramitación y derivó al Ministerio Público los antecedentes contenidos en la querella criminal que Julio Lillo Catalán, exasesor de Camila Flores Oporto, presentó en contra de la senadora de Renovación Nacional por el delito de exacciones ilegales.
En el líbelo, al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Bío Bío, se detalla cómo la parlamentaria oficialista habría maquinado una fórmula para obtener una parte de la remuneración que el Congreso —con fondos públicos— le pagaba a su personal de apoyo.
De acuerdo con la acción judicial, los descuentos comenzaron desde el primer sueldo que recibió el relacionador público. Inicialmente, las solicitudes de dinero habrían sido justificadas por supuestas dificultades económicas que atravesaba Flores.
La cuota Flores
En el documento de 14 páginas, que hoy se substancia ante el tribunal penal porteño, Lillo y sus abogado expusieron pormenorizadamente los hechos que —a juicio de ellos— constituye el delito de exacciones ilegales, poniendo al exasesor de la senadora como víctima en un proceso en el que ya declaró como testigo.
En ese contexto, utilizaron el escrito para reafirmar lo dicho por el propio Lillo en la declaración que en abril pasado prestó ante la Fiscalía Regional de Valparaíso en el marco de la investigación penal por la “cuota Flores”, que todavía continúa desformalizada.
En concreto, indicaron que fue en 2019 cuando el relacionador público de profesión se incorporó al equipo de la entonces diputada, nada más y nada menos que como su jefe de gabinete en la oficina parlamentaria ubicada en Quilpué.
El vínculo laboral quedó sellado en un contrato que fijó su remuneración en la suma de $2 millones, financiado íntegramente con fondos para asignaciones parlamentarias provenientes directamente de la Cámara de Diputadas y Diputados.
“Colaboración voluntaria”
Respecto de la exigencia de una devolución parcial de las remuneraciones que le pagaba el Congreso a Lillo, en la querella se indica que justo después de incorporarse y cuando se aprestaba a recibir su primera remuneración, se le informó de esta especie de impuesto que debía pagar.
En rigor, según reza el escrito, la entonces diputada “le manifestó que atravesaba dificultades económicas y que necesitaba que éste le restituyera una parte de la remuneración que percibía”.
En esa línea, se agrega que “la solicitud no fue presentada como una colaboración voluntaria o un préstamo ocasional, sino como una exigencia derivada de la relación de dependencia funcional existente entre la diputada y quien integraba su equipo parlamentario”.
Asimismo, se lee en la querella, en esa primera oportunidad “la diputada le indicó que la situación sería temporal y que posteriormente se restablecerían las condiciones originalmente pactadas, circunstancia que jamás ocurrió”.
Pagos periódicos
De acuerdo con la presentación judicial, durante los primeros meses las entregas se realizaron directamente a la parlamentaria en dependencias del Congreso Nacional. Sin embargo, esa modalidad habría cambiado posteriormente por instrucciones de la propia Flores.
Siempre según el libelo, desde ese momento el dinero comenzó a ser entregado a Yolanda Olfos, secretaria y colaboradora de confianza de la legisladora, quien habría actuado como intermediaria y receptora habitual de los fondos. Las entregas, añade la acción judicial, se efectuaban de forma periódica, coincidiendo con las fechas de pago de remuneraciones, tanto en dependencias del Congreso como en otros lugares previamente coordinados.
De acuerdo con lo señalado en el documento, la secretaria mantenía contacto permanente con el denunciante para coordinar la entrega de los montos exigidos. Para ello, realizaba llamados telefónicos y enviaba mensajes con el objetivo de concretar la restitución del dinero inmediatamente después de que se efectuara el pago de la remuneración.
La presentación añade que, de esa forma, la exigencia económica se habría materializado de manera indirecta, a través de la secretaria de la entonces diputada, quien —según sostiene el querellante— actuaba por instrucciones de Camila Flores y en beneficio de la propia parlamentaria.
La querella sostiene que las exigencias económicas solo habrían sido posibles debido a la posición de autoridad que Camila Flores ejercía sobre quienes integraban su equipo parlamentario. En ese contexto, el denunciante afirma que existía una relación de subordinación que facilitaba el cumplimiento de las instrucciones impartidas por la entonces diputada y posteriormente senadora.
En esa línea, Julio Lillo Catalán asegura que no solo recibía órdenes vinculadas a las funciones propias de su cargo, sino también instrucciones para realizar tareas de carácter personal. Entre ellas, menciona tareas domésticas, compras en supermercados y otras tiendas, las que —según afirma en la acción judicial— debía ejecutar a cualquier hora y en distintos días de la semana.
Caminos paralelos
Por ahora no existe una fecha exacta en la que el Ministerio Público solicitará que la Corte de Apelaciones de Valparaíso revise el fuero parlamentario de Camila Flores, no obstante la presentación de esta querella —que seguramente se agrupará a la causa que ya está en investigación— podría servir de impulso.
Eso, mientras en paralelo avanzan las diligencias encargadas por el propio órgano persecutor al OS9 de Carabineros, en una causa que la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich Hoyuelos, se ha encargado de seguir personalmente y en coordinación directa con la Unidad Especializada en Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC) de la Fiscalía Nacional, cuyo director es el exfiscal Eugenio Campos Lucero.
Todo eso, mientras fuentes al interior del Consejo de Defensa del Estado (CDE) afirman que el organismo se ha mantenido “en vigilancia” de los antecedentes, pensando en la posible presentación de una querella contra la senadora, considerando la potencial afectación al patrimonio del Estado.
Al cierre, en el escrito se solicita que el Ministerio Público instruya una serie de diligencias, entre las que destacan una nuevo testimonio de Lillo y la toma de declaración a Camila Flores y María Yolanda Olfos Jarufe.
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