La política nacional de seguridad de Boric que usará Kast: en qué consiste y qué faltaría por hacer

Durante el último par de días, los dichos del nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, han causado polémica luego de que este asegurara que se trabajará sobre la actual Política Nacional de Seguridad Pública, impulsada durante la administración de Gabriel Boric, como la base estratégica para enfrentar la crisis delictual del país.

Las reacciones no se hicieron esperar. El exministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que “uno esperaría que, si durante tres campañas presidenciales se habló tanto de seguridad, al menos hubiera una propuesta sobre la mesa”. En tanto, la ex vocera de gobierno, Camila Vallejo, endureció el tono señalando que “parece chiste, pero es evidente que nunca tuvieron un plan propio”.

Desde el Gobierno, el jefe de la cartera de Seguridad restó peso a sus declaraciones y tildó de artificial la polémica, señalando además que “por supuesto que hay plan”.

En medio de este fuego cruzado, la exministra Carolina Tohá optó por una postura más técnica y desdramatizó que Arrau utilice la política de Boric, recordando que es una política de Estado que trasciende a los gobiernos de turno. No obstante, lanzó una advertencia sobre el “paso pendiente”: la estrategia bienal.

En efecto, la Política Nacional de Seguridad Pública (PNSP) es un instrumento promulgado en 2025 por el presidente Gabriel Boric y que se extiende a lo largo de seis años, hasta 2031. Esta se enmarca en la Ley N° 21.730, la cual creó el Ministerio de Seguridad Pública y que le encomienda la elaboración y correcta ejecución de este instrumento, marcando las orientaciones, objetivos estratégicos y directrices del Estado en la materia.

En este contexto, también se creó el Sistema de Seguridad Pública, que viene a ser el conjunto articulado de instituciones estatales y actores sociales que colaboran para garantizar el orden público, proteger a la ciudadanía y prevenir la delincuencia. Incluye, por ejemplo, a Carabineros, PDI, Ministerio Público, Gendarmería y los municipios.

Volviendo a la PNSP, esta tiene como objetivo general enfrentar dos fenómenos que se han intensificado en la última década: el incremento de la violencia delictual y los elevados niveles de temor. “Reducir los delitos violentos y el temor es una condición esencial para que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y libertades fundamentales”, señala la presentación del instrumento.

¿En qué consiste la Política Nacional de Seguridad Pública?

Para cumplir con el objetivo general, la propuesta considera como objetivo estratégico el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública a través de un sistema integrado de información para que todas las entidades compartan datos de manera fluida y segura, superando la fragmentación actual del Estado.

Lo anterior contribuye al cumplimiento de objetivos específicos distribuidos en seis ámbitos de acción, los que se materializan en estrategias, planes, programas y acciones. A grandes rasgos, las áreas críticas que considera la PNSP son:

Prevención en niñez, adolescencia y juventud: Busca interrumpir trayectorias delictivas y disminuir la victimización en menores mediante intervenciones tempranas y apoyo familiar. Por ejemplo, reforzar los programas de familias de acogida e implementar sistemas para detectar fenómenos delictivos emergentes, como la violencia digital y el reclutamiento de NNA y jóvenes por organizaciones criminales, entre otros.

Prevención territorial: Se enfoca en reducir el delito y el temor en barrios y espacios públicos. Por ejemplo, elaborar estudios de impacto en seguridad para proyectos urbanos de gran escala y también potenciar programas de mejoramiento centrados en la instalación de luminarias, recuperación, apropiación y uso de los espacios.

Control del delito: Fortalece el orden público, el control de armas, la seguridad fronteriza y la regulación de la seguridad privada, además de estrategias contra el crimen organizado y el terrorismo. Por ejemplo, una de las líneas de acción es potenciar las capacidades de las policías en el análisis patrimonial, financiero y de activos virtuales para seguir la ruta del dinero y otros delitos económicos.

Persecución penal: Liderada por el Ministerio Público con auxilio policial, busca desarticular organizaciones criminales y mercados ilícitos mediante inteligencia económica y tecnología avanzada. Por ejemplo, se busca potenciar las políticas que fomentan la denuncia de delitos, con especial énfasis en los delitos de alta complejidad, los delitos violentos contra la propiedad y los delitos en contexto de crimen organizado.

Sanción, cárceles y reinserción social: Implementa un modelo de segmentación carcelaria por perfiles criminógenos para reducir la violencia interna y la reincidencia, además de combatir la corrupción penitenciaria. Uno de los lineamientos es crear un sistema digital unificado que registre y gestione la información de la población penitenciaria, desde su ingreso hasta su egreso, incluyendo datos sobre intervenciones, perfiles criminógenos, programas de reinserción y seguimiento postpenitenciario, entre otros.

Atención y protección a víctimas: Garantiza asistencia legal, psicológica y protección frente a amenazas, asegurando que las víctimas tengan información clara sobre sus procesos judiciales. Por ejemplo, se busca fortalecer las instancias de primera acogida a víctimas para asegurar una atención oportuna y una derivación efectiva hacia servicios y programas pertinentes.

Para fortalecer el Sistema de Seguridad Pública, se establecen los Consejos Nacionales y Regionales de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, donde participan ministros, subsecretarios, las policías (Carabineros y PDI), Gendarmería y el Ministerio Público.

¿Qué son las Estrategias Bienales?

Para que la política de seis años no se quede solo en el papel, la ley manda la creación de estrategias cada dos años. Se trata de un conjunto acotado de prioridades que guían la focalización de los esfuerzos institucionales y la asignación de recursos del Sistema. Al término de cada ciclo se debe realizar una evaluación final de la estrategia bienal, con el propósito de analizar el grado de cumplimiento de las metas, la evolución de los indicadores y la efectividad de las líneas de acción ejecutadas.

La exministra Carolina Tohá señaló que este es el “paso pendiente” que el actual gobierno de José Antonio Kast debe formalizar para operativizar la política de Estado heredada de la administración Boric.

“La Política Nacional de Seguridad Pública no es del Gobierno anterior sino del Estado, y dura 6 años. Su elaboración incluyó opiniones de todos los sectores y fue valorada ampliamente. Otra cosa es el plan que se le ha exigido al Gobierno, que se refiere a la estrategia bienal que pide la nueva normativa para aterrizar en la práctica la Política de Seguridad. El Presidente Boric la dejó casi lista. Sólo falta que las actuales autoridades agreguen sus énfasis y la hagan pública. Ese paso sigue pendiente y el Gobierno debe cumplir con darlo”, señaló la exautoridad en su cuenta de X.

Así y todo, se espera que sea durante la próxima cuenta pública del 1 de junio cuando el Gobierno anuncie los primeros lineamientos de su plan de seguridad.