Cuando se habla de reconstrucción conviene hacerlo con responsabilidad. Las familias que perdieron su hogar no necesitan polémicas políticas ni competencias por atribuirse méritos. Necesitan soluciones concretas, certezas y resultados.

En materia habitacional existe un principio que ha permitido a Chile construir una política pública sólida durante décadas: la vivienda es una política de Estado. Los proyectos trascienden a los gobiernos y cada administración tiene la obligación de dar continuidad a aquello que beneficia a las familias.

La reconstrucción, sin embargo, es distinta.

Los incendios forestales que afectaron al Biobío ocurrieron durante el gobierno anterior, pero el desafío de reconstruir recayó en el gobierno del presidente José Antonio Kast. Nos correspondió tomar una emergencia, organizar un proceso de reconstrucción de gran escala y convertirlo en proyectos, financiamiento y obras concretas.

Ese trabajo hoy puede medirse con cifras. De las 3.451 familias hábiles, el 84% ya cuenta con su subsidio asignado, permitiendo avanzar hacia la etapa decisiva de ejecución de las obras.

Pero el verdadero indicador del avance no son únicamente los subsidios. Hoy existen 400 viviendas en construcción y 11 soluciones habitacionales ya terminadas y entregadas. La reconstrucción dejó de ser una planificación sobre el papel para transformarse en obras visibles y familias que comienzan a recuperar definitivamente sus hogares.

Ese avance puede apreciarse en distintos puntos de la región. En Penco, las familias de Gabriela Mistral ya habitan viviendas definitivas. En Tomé avanzan las obras de Punta Parra. Los proyectos habitacionales VIPLA y GEO Chile ya cuentan con entidades patrocinantes desarrollando el trabajo técnico junto a las familias.

A ello se suma Ríos de Chile, un proyecto elegido participativamente por los propios damnificados, que contempla cerca de 1.000 viviendas, además de parques de mitigación, nuevas vías de evacuación, equipamiento comunitario, un jardín infantil, infraestructura para Bomberos y espacios destinados al desarrollo económico del sector.

Ese proyecto refleja el enfoque que hemos impulsado desde el inicio. La reconstrucción no consiste únicamente en reemplazar una vivienda por otra. Consiste en disminuir riesgos, recuperar barrios y construir comunidades más seguras y resilientes.

Por eso el esfuerzo no se limita al ámbito habitacional. Hoy también avanza una cartera de reconstrucción urbana, que incorpora obras de aguas lluvias, estabilización de terrenos, conectividad, espacios públicos y obras de mitigación.

En Santa Juana ya comenzaron los talleres participativos para elaborar el Plan Maestro de Mitigación Rural comprometido por el ministro Iván Poduje, mientras otras comunas desarrollan proyectos urbanos que permitirán intervenir integralmente los sectores afectados entre 2027 y 2029.

Existe además un hecho que suele quedar fuera del debate. Este gobierno no solo asumió la reconstrucción derivada de los incendios de 2026. También debió hacerse cargo de procesos pendientes de la reconstrucción iniciada tras los incendios de 2023, particularmente en comunas como Santa Juana, donde todavía había familias esperando una solución definitiva. Lo asumimos porque el deber del Estado no cambia según el gobierno bajo el cual ocurrió una emergencia.

¿Queda trabajo por delante? Por supuesto. La reconstrucción de una catástrofe de esta magnitud no se resuelve en unos meses. Requiere planificación, inversión sostenida y coordinación entre múltiples instituciones. Nadie ha sostenido lo contrario.

Lo importante es que hoy existe una hoja de ruta clara. Durante este año continuaremos avanzando en la asignación de subsidios y en el ingreso de nuevos proyectos a ejecución. Paralelamente seguiremos desarrollando los planes maestros y las iniciativas urbanas que permitirán reconstruir barrios completos, reduciendo riesgos y mejorando la calidad de vida de las comunidades.

Las familias del Biobío no necesitan relatos ni polémicas. Necesitan un Estado que responda. Y esa ha sido la prioridad del gobierno del presidente José Antonio Kast: transformar una tragedia en una oportunidad para reconstruir mejor, con planificación, participación ciudadana, inversión histórica y obras que ya comenzaron a cambiar la vida de miles de familias.

Porque la reconstrucción no será evaluada por la cantidad de declaraciones que se hagan sobre ella, sino por las viviendas que se entreguen, los barrios que vuelvan a levantarse y la tranquilidad que recuperen quienes un día lo perdieron todo.