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En la Macrozona Sur requiere persistencia, inteligencia policial, protección a las víctimas y coordinación judicial. La reciente operación en Temucuicui es valiosa porque demuestra capacidad estatal, pero no supone el cierre del problema de fondo.
“A mí me hubiera encantado que mi gobierno hubiera hecho lo que hizo hoy este gobierno en Temucuicui”, señaló Francisco Vidal. La relevancia de esta afirmación radica en que no proviene de un opositor, sino de una figura que comprende el valor político de un gobierno eficiente que se para frente a la violencia o el terrorismo.
Las recientes operaciones de los organismos de seguridad del Estado en la Macrozona Sur entregan una señal concreta: no pueden existir territorios donde la acción de la ley esté condicionada o postergada.
La reciente captura de un prófugo de la justicia en Temucuicui, en el marco de la “Operación Tridente”, fue liderada por la PDI con el respaldo de Carabineros y el Ejército. El detenido mantenía órdenes de aprehensión vigentes por tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y usurpación no violenta.
La trascendencia de este hecho va más allá de los detenidos; el foco está en el mensaje institucional. Durante años, Temucuicui fue percibido como un sector donde el ingreso de las autoridades era sumamente complejo y la aplicación de la ley enfrentaba condiciones territoriales adversas. No olvidamos la anécdota de la ministra Siches y su huida cinematográfica de la zona en cuestión. En este contexto, que las instituciones logren ejecutar órdenes judiciales y retirar a un prófugo sin registrar funcionarios lesionados representa un avance operativo significativo.
Es necesario precisar que las investigaciones penales y las decisiones tácticas corresponden exclusivamente al Ministerio Público y a las policías. Sin embargo, la voluntad política del gobierno es fundamental para acompañar las medidas y procurar generar las condiciones políticas, administrativas y estratégicas para que las instituciones puedan funcionar adecuadamente.
En este sentido, el mérito político de la autoridad radica en respaldar el principio de que no existen zonas vedadas. Esta postura da continuidad a la señal entregada tras el operativo del 6 de mayo, que dejó cinco detenidos por delitos graves, sin uniformados heridos, donde se reafirmó que la vigencia del Estado de Derecho es intransable.
Los resultados recientes muestran una continuidad operativa. De esta manera, en menos de dos semanas se han materializado tres ingresos exitosos al sector. Si bien esto no resuelve por sí solo el conflicto histórico de la zona, sí refuerza una premisa fundamental: ninguna causa política o territorial justifica delitos como el narcotráfico, el terrorismo o la tenencia ilegal de armas.
El desafío actual es mantener la sobriedad frente a estos resultados, priorizando la estrategia a largo plazo por sobre el impacto comunicacional. En la Macrozona Sur requiere persistencia, inteligencia policial, protección a las víctimas y coordinación judicial. La reciente operación en Temucuicui es valiosa porque demuestra capacidad estatal, pero no supone el cierre del problema de fondo.
Es un avance que merece ser reconocido, y es fundamental instar y apoyar al gobierno en continuar en esta senda de recuperación de la autoridad en la Macrozona Sur. Como sugiere la reflexión inicial de Vidal, en materia de seguridad pública la eficacia institucional pesa más que las disputas retóricas. La gran lección de esta jornada es clara, cuando existe una verdadera voluntad política para respaldar a las instituciones, es posible restablecer el orden y garantizar que la ley impere por igual en todo el territorio nacional.
