Rojo, el color de la justicia

A propósito del regreso de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, se reabre el debate sobre la responsabilidad penal y el actuar de la justicia frente a las autoridades públicas en nuestro país. Si bien la verdad jurídica ya ha sido pronunciada en su caso, su retorno ha vuelto a instalar una pregunta que incomoda a muchos: ¿por qué una parte importante de la ciudadanía siente que la justicia actúa con distinta intensidad según el caso que enfrenta?

No se trata de desconocer la gravedad del fraude al fisco ni de relativizar la importancia de proteger los recursos públicos. Por el contrario. Precisamente porque se trata del patrimonio de todos, merece la máxima protección. En este sentido, cabría esperar, al menos, que la respuesta del Estado transmita un mensaje claro: quien administra recursos públicos y los utiliza ilícitamente responderá ante la justicia con el mismo rigor, cualquiera sea su cargo, influencia o sector político. Sin embargo, es innegable que esa percepción se ha debilitado.

Mientras Karen Rojo fue condenada a una pena efectiva de cinco años y un día por un fraude cercano a los veintiséis millones de pesos, la ciudadanía observa otros casos de enorme connotación pública, investigaciones sobre cuantiosos recursos fiscales comprometidos y diversos escándalos de corrupción que, por distintas razones procesales, continúan desarrollándose o aún no concluyen con una sentencia definitiva. Y es aquí donde nos acercamos a una realidad que cierta clase política intenta ignorar.

Cuando las personas observan diferencias significativas en la rapidez, intensidad o consecuencias prácticas que producen distintos casos de corrupción, comienzan inevitablemente a preguntarse si todos están siendo juzgados con el mismo estándar. Esa percepción, sea o no jurídicamente correcta en cada caso particular, termina afectando uno de los pilares fundamentales de toda democracia: la confianza en sus instituciones.

La igualdad ante la ley no solo exige que las normas sean las mismas para todos. También exige que la respuesta del Estado sea percibida como coherente, racional y uniforme. Porque la legitimidad de la justicia no descansa únicamente en la corrección jurídica de sus resoluciones, sino también en la confianza pública de que idénticos hechos recibirán un tratamiento equivalente, cualquiera sea la identidad de quienes aparezcan involucrados.

Casos ocurridos en la propia Región de Antofagasta, como Democracia Viva o ProCultura, en lo relacionado con la cuestionada limpieza y pintura de fachadas de edificios patrimoniales, junto con los cuestionamientos a ProCultura en otras regiones del país, al uso de recursos públicos en distintas fundaciones o a la denominada arista “Caso Manicure”, continúan desarrollándose judicialmente. Sus investigaciones siguen abiertas y corresponderá exclusivamente a los tribunales determinar las responsabilidades que procedan.

Sin embargo, mientras ello ocurre y varios de sus imputados permanecen en libertad o sujetos a medidas cautelares distintas de la prisión preventiva, resulta comprensible que parte de la ciudadanía compare esos procesos con el caso de Karen Rojo. En este último, la justicia y la opinión pública parecieron dejar caer la guillotina con toda su fuerza; en los otros, donde se investigan montos considerablemente superiores de recursos fiscales presuntamente defraudados, la percepción ciudadana es que la vara pareciera no aplicarse con la misma firmeza. ¿Será porque Karen Rojo era de derecha?

Algunos podrán responder que también existieron casos como los de Orpis o Torrealba. Es cierto. Pero esa constatación no responde la pregunta de fondo: ¿es realmente uniforme la aplicación de los criterios procesales cuando se investigan causas de corrupción o, particularmente en aquellas conocidas durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, existen diferencias que terminan alimentando la percepción de que la severidad de la justicia varía según el contexto político de cada caso?

Las democracias no solo se sostienen sobre sentencias. Se sostienen sobre la confianza de que esas sentencias responden exclusivamente al derecho y a los hechos. Porque cuando la ciudadanía comienza a creer que algunos enfrentan todo el peso de la ley mientras otros parecen avanzar por caminos mucho más lentos o indulgentes, el problema deja de ser únicamente judicial. Se transforma en una crisis de legitimidad institucional. La justicia no solo debe decir ser imparcial. También debe ser consecuente.

Jaime Beltrán Besnier
Asesor legislativo y político