Cada invierno las intensas lluvias paralizan zonas completas, los aluviones afectan caminos y se interrumpen servicios como la electricidad o el abastecimiento hídrico. Y luego, si hay daños comienza un proceso de reconstrucción después del desastre, en lugar de invertir para evitarlo.
La evidencia muestra que cada dólar destinado a resiliencia puede ahorrar entre cuatro y siete dólares en pérdidas futuras. Sin embargo, en América Latina la reducción del riesgo de desastres continúa recibiendo una fracción mínima de los presupuestos públicos, mientras la mayor parte de los recursos se destina a enfrentar las consecuencias cuando el daño ya está hecho.
Seguimos financiando la emergencia más que la prevención. Superar esta lógica exige comprender que la resiliencia no consiste en construir una obra adicional, sino en transformar la forma en que planificamos, evaluamos y financiamos la infraestructura.
El primer cambio es incorporar redundancia en los sistemas críticos. Una ciudad resiliente no depende de un único camino, una sola red eléctrica o un único sistema de abastecimiento. Requiere alternativas capaces de mantener la continuidad operacional.
El segundo desafío se refiere a la infraestructura verde. Parques inundables, restauración de quebradas y arbolado constituyen infraestructura que reduce inundaciones, disminuye la temperatura y mejora la adaptación al cambio climático.
Combinadas con obras tradicionales y con medidas de gestión —como sistemas de alerta temprana, protocolos de evacuación y monitoreo permanente— conforman estrategias eficaces.
El tercer cambio debe producirse en la Evaluación Social de Proyectos. La metodología tradicional privilegia beneficios observables bajo condiciones normales, como la reducción de tiempos de viaje. Pero una infraestructura puede generar su mayor valor precisamente cuando ocurre una emergencia.
Mantener operativo el acceso a un hospital durante una inundación, garantizar el abastecimiento de agua o evitar el aislamiento de una comunidad son beneficios que rara vez aparecen reflejados en los indicadores convencionales de rentabilidad social. Al no incorporarlos explícitamente, el sistema termina subestimando aquellas inversiones cuya principal contribución es reducir vulnerabilidades.
También hay un desafío que es institucional. Mientras los sistemas presupuestarios continúen premiando la ejecución anual y evaluando los proyectos con horizontes de corto plazo, será difícil priorizar inversiones cuyo beneficio consiste precisamente en evitar pérdidas que aún no han ocurrido. La resiliencia seguirá siendo un concepto técnicamente aceptado, pero financieramente relegado.
Chile dispone hoy de capacidades técnicas, información territorial y un Sistema Nacional de Inversiones suficientemente desarrollado como para incorporar criterios explícitos de resiliencia en la evaluación pública. Lo que falta no es conocimiento, sino decisión política para reconocer que prevenir también genera rentabilidad social.
Carlos Aguirre
Consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)
Académico U. San Sebastián
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