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¿El diagnóstico del gobierno es que, para reactivar la economía, este grupo necesita aún más privilegios?
La reforma tributaria propuesta por el gobierno puede nacer de convicciones genuinas sobre sus beneficios en torno al crecimiento y el empleo, pero, en políticas públicas, las intenciones no bastan, importa la evidencia. Y los datos apuntan, con una claridad que no admite otra interpretación, hacia el aumento del déficit fiscal y el abultamiento de los bolsillos de los más ricos de Chile.
Esta no es la primera vez que la derecha chilena propone una reforma así. Durante el segundo gobierno del presidente Piñera, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, impulsó una reforma tributaria casi tan regresiva como la que promueve hoy el ministro Quiroz. Tan evidente era el beneficio a los más ricos que tras el estallido social se volvió insostenible.
A los diez días Larraín salió del gabinete y a los veinte el ministro Briones, su sucesor, llegó a un acuerdo con la oposición en el Senado para una reforma tributaria que no contemplara la reintegración del sistema tributario. Hoy, la derecha vuelve sobre una política tributaria divorciada radicalmente de la realidad que vive la mayoría.
Y esa realidad, tributariamente, es injusta. De acuerdo con estimaciones publicadas en 2023 por De Rosa, Flores y Morgan, el 20% más pobre de la población enfrenta una tasa impositiva efectiva sobre los ingresos del 32%, mientras que el 0,1% más rico una de apenas el 15%.
Los más pobres, en términos porcentuales, pagan más del doble que los más ricos. Esto se explica por la estructura de nuestro sistema, donde el IVA, que es regresivo, representó en 2024 el 49% de los ingresos tributarios del país, frente al 42% del impuesto a la renta, que es progresivo.
La misma investigación muestra que solo a partir del percentil 95, es decir, desde el 5% más rico, el impuesto corporativo comienza a superar crecientemente al IVA como carga efectiva. Así, cualquier reducción en el impuesto corporativo, o la reintegración del sistema, es abiertamente un beneficio para el grupo más privilegiado del país.
¿El diagnóstico del gobierno es que, para reactivar la economía, este grupo necesita aún más privilegios? Según estimaciones del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, utilizando la Encuesta Casen 2022, registros administrativos del Servicio de Impuestos Internos y datos de Cuentas Nacionales del Banco Central, antes de los impuestos y las transferencias, la mitad más pobre del país, unos 3,3 millones de familias, concentra el 12% de los ingresos. A su vez, el 1% más rico, concentra el 20% de los ingresos y las 6.600 familias más ricas, ese 0,1%, acumulan el 5%. Sí, leyó bien. Ese es el escandaloso nivel de desigualdad y, con ello, el tamaño de la fractura social de nuestro país.
Tan escandaloso es que en la web de la World Inequality Database, que permite compararnos con otros 216 países, Chile ocupa el cuarto lugar en concentración de ingresos del 1% más rico y el décimo en acumulación de riqueza. Las familias más ricas de nuestro país lideran a nivel mundial en materia de concentración de recursos y llevan décadas encabezando este ranking.
Es en ese contexto donde el presidente Kast propone, entre otros beneficios a los dueños del capital, exenciones a las contribuciones y a las ganancias por la venta de instrumentos con presencia bursátil, reducción temporal del impuesto a la herencia, rebaja del impuesto corporativo y reintegración del sistema. Todo ello favorece a los hogares con propiedades de alto avalúo, ahorros en diversos instrumentos financieros e inversiones empresariales y, dentro de ese grupo, beneficia desproporcionadamente a esas 6.600 familias del 0,1% más rico, donde se encuentran algunas autoridades de gobierno.
En la literatura, la idea de que favorecer al gran empresariado beneficia a la población general se conoce como trickle-down economics o “chorreo”. Se ha implementado antes y la evidencia muestra que algo de inversión y empleo se genera, pero sobre todo crecen y se concentran las utilidades.
El dinero se acumula arriba y apenas gotea hacia abajo. Por eso la pregunta descarnada que esta reforma le hace nuevamente al país es si el 90% de la población, que concentra apenas el 55% del ingreso disponible, debe estar dispuesto, una vez más, a aumentar el déficit fiscal y a transferir aún más recursos a quienes ya lo tienen casi todo, a cambio de la mera expectativa de que esta vez el chorreo sí va a funcionar.
