Subsecretario Lagos: "La instalación ha sido difícil, entre otros por falta de información fidedigna"

Han pasado 95 días desde que el gobierno de José Antonio Kast se instaló en La Moneda. Se trata de una instalación con dificultades, algo que el propio Ejecutivo reconoce. Para analizar estos primeros meses, el subsecretario General de Gobierno, José Francisco Lagos, atiende el llamado de BBCL.

Ante lo que muchos han calificado como ausencia de vocerías, la autoridad aborda la estrategia comunicacional y asegura que la apuesta del gobierno es que cada ministro sea vocero de sus iniciativas. “La instalación ha sido un proceso difícil”, declara.

Desde la Segegob, Lagos también aborda resultados de la última Encuesta CEP, que mostró un alza en la inquietud ciudadana respecto de materias como salud y educación. Al respecto, lo desdramatiza y apunta más a la prioridad que se le pone a dichos temas.

La salida de Mara Sedini del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno también es parte de la conversación. “Los cambios generan incertidumbre (…) nosotros nos hemos adaptado muy rápido”, cuenta.

—A tres meses de llegar a La Moneda, ¿qué tanto ha cambiado la estrategia comunicacional del gobierno? Hay quienes plantean que hay una ausencia de una vocería oficial, en la frecuencia, por ejemplo.

Lo primero es que en el gobierno en general se ha materializado un cambio de mano respecto a lo que estábamos viendo desde antes del 11 de marzo, que requiere un esfuerzo adicional desde el punto de vista de las comunicaciones, desde el punto de vista de cómo se transmite la idea y, en ese sentido, nuestra apuesta ha sido que los mejores voceros de cada una de las iniciativas del gobierno sean los propios ministros. Y desde ese punto de vista, el rol que adquiere este ministerio en particular, la Secretaría General de Gobierno, y lo que me encomendó el ministro (Claudio) Alvarado, también es avanzar en esta coordinación para tener no solamente un despliegue de los ministros, de los subsecretarios, sino que también de cada una de las autoridades regionales, porque nosotros estamos convencidos de que no solamente la especificidad de cada una de las carteras, sino que también el despliegue territorial es fundamental para que los ciudadanos tengan la mejor información posible, que es a lo que estamos abocados.

—Entonces, ¿cada ministro es vocero de su cartera?

Sí, por definición y los cargos que les dio el presidente también.

—Después de la Cuenta Pública, Cadem mostró que casi un 60% de la ciudadanía cree que el presidente José Antonio Kast no fue autocrítico. ¿Cómo es su autoanálisis de estos tres meses? ¿En qué se puede mejorar? La desaprobación es alta.

Lo primero es que hay varias cosas. Uno, que el camino de la aprobación o desaprobación es un desafío no solamente para el gobierno nuestro, el gobierno chileno, sino que es un desafío en el mundo. Las personas votan queriendo algo e inmediatamente piden resultados en el corto plazo, y eso es un desafío de la política actual. Lo segundo es que hemos reconocido, de hecho lo ha reconocido el propio Presidente también y lo han dicho distintos personeros en el gobierno, que la instalación ha sido un proceso difícil, entre otras, por la falta de información o de información fidedigna que había en el momento de la instalación. Es decir, desde el punto de vista fiscal y administrativo; por eso nosotros impulsamos este plan de inspección total para revisar y tener información confiable para tomar decisiones. Por tanto, cuando se discutió en la campaña electoral, cuando se discutió la elaboración de los programas, la información era imperfecta, entre otras cosas por la sobreestimación de ingresos, por la subestimación de los gastos, y eso obviamente tiene impacto en cómo se desarrolla todo.

—¿Hacen un vínculo entre las complicaciones para la instalación con falta de información por parte del gobierno anterior? ¿De lo que se hereda?

Aquí hay una cuestión transversal, que no es solamente del gobierno anterior. Por supuesto, el gobierno anterior tiene mucha responsabilidad, especialmente en la materia fiscal, y eso lo ha dicho el ministro de Hacienda (Jorge Quiroz), pero la calidad de cómo el Estado está entregándole servicio a las personas, es decir, nosotros nunca habíamos tenido un Estado tan grande como el actual, con tantos ministerios, con tantos funcionarios, con tantas atribuciones, y pareciera que las personas están muy descontentas, más que nunca, con los servicios que entrega el propio Estado. Entonces, no es una cuestión solamente de cuatro años, es una cuestión que viene desde hace mucho tiempo y por eso el esfuerzo y lo que el Presidente nos ha mandatado a hacer es arreglar este tipo de cosas para que sea el Estado el que entregue mejores servicios que los que actualmente entrega. Por poner un ejemplo, este año va a ser en el que más se va a invertir en salud en la historia de nuestro país y la lista de espera en paralelo nunca había sido tan larga como ahora. Entonces, esas dos cosas hoy día no están conversando y hay que hacer esfuerzos importantes en la modernización del Estado y entregar mejores servicios a las personas.

—Ya que menciona salud, según la Encuesta CEP, la preocupación por la delincuencia bajó (de 61% a 57%) y subió la inquietud precisamente por ese ítem y también educación; incluso apareció el transporte público, que coincide con el debate de —por ejemplo— los recortes presupuestarios. ¿Cómo lo ven desde el Ejecutivo? ¿Perciben esa relación entre las preocupaciones y los temas que instala el gobierno?

La situación que estábamos viviendo en materia de seguridad hasta ahora ha sido una situación evidentemente anómala; es decir, un tema que se instala con tanta fuerza en la opinión pública de manera hegemónica, como lo que pasó los últimos años, es algo curioso en el ambiente del estudio de la opinión pública. Lo segundo es que nosotros creemos que, y de hecho fue el objetivo de la Cuenta Pública, es transmitirle a la ciudadanía que las urgencias sociales son las prioridades del gobierno y eso hace que hoy día, quizás, a diferencia de antes, las personas sepan que priorizando ciertos temas van a ponerlos también dentro de las prioridades del gobierno y hoy día es lo que hemos hecho, por ejemplo, en materia de salud (…) El transmitir ese tipo de información hace que las personas vuelvan a confiar en que pueden priorizar otro tipo de cosas y no solamente en seguridad, que obviamente es un tema hegemónico, sino que también en otro tipo de cosas que son materias pendientes y que lamentablemente fueron postergadas durante los últimos años.

—Entonces, para el gobierno, ¿estas inquietudes están más relacionadas con priorizar que con la preocupación por parte de la ciudadanía? ¿Es algo más positivo que negativo?

Exactamente, entre otras cosas porque han visto que ha cambiado la mano en esta materia.

—¿Cómo evalúan el rol de los tres biministros hasta ahora? ¿Todo bien?

En general, sí, creemos que son ministerios que conversan entre sí. Obviamente, es un desafío porque aquí no hay biministerios, son ministerios bajo el mismo liderazgo y eso tiene un desafío institucional, un desafío práctico, pero en el fondo creemos que estamos dando una señal correcta, que es que muchas veces en nuestro país creíamos —de forma políticamente transversal, incluso— que frente a cada problema social era necesario crear un ministerio y eso pareciera que la ciudadanía no lo valora de la forma que quisiera y, por tanto, tenemos que profundizar en tener un Estado a la altura de los desafíos que la ciudadanía exige y eso implica adaptar constantemente cómo son los servicios que está dando el Estado a la ciudadanía, cómo se está relacionando de forma política porque son cuestiones que avanzan constantemente en el tiempo y parece que el Estado se queda en su propio prejuicio o presupuesto y no da respuesta satisfactoria. Por eso este avance, que es práctico, también nos invita a una reflexión mayor, que es cómo debemos modernizar el Estado para entregar servicios a la altura de lo que la ciudadanía requiere.

—En esa modernización, ¿proyectan nuevas fusiones de ministerios? En la Cuenta Pública el Presidente anunció un proyecto, ¿pero se podrían evaluar más para “achicar” el Estado?

Lo que señaló el presidente es que va a convocar a una mesa técnica, una modernización del Estado, pero más allá de si vamos a achicar o agrandar el Estado, nuestra prioridad es mejorar el Estado y para mejorar es crucial tener información confiable y tener servicios a la altura de lo que la ciudadanía requiere.

—Ante las críticas al Registro de Vándalos, dijo que decir que es una medida anti-pobres es clasista, pero ¿qué sucederá cuando en el sector oriente un joven que no recibe beneficios sociales vandalice un grifo u otra infraestructura pública? ¿Es equiparable el castigo?

Lo que nosotros hemos dicho es que le estamos proponiendo una conversación al Congreso, una discusión que incluye distintos elementos y que el Congreso tendrá que determinar que no solamente son prestaciones sociales que hace el Estado como beneficio o pago de subvenciones, sino que también dentro del pool de propuestas hay distintas iniciativas que tienen que ver con cuestiones que realiza el Estado y que se relacionan con la ciudadanía, como por ejemplo la renovación del pasaporte, la licencia de conducir, que son cuestiones que afectan a la ciudadanía. El punto de fondo es que nosotros creemos que las incivilidades se cometen transversalmente en la población y que lo que estamos pidiendo no es un comportamiento extraordinario, es un comportamiento básico, que es que las personas se comporten en la sociedad respetando a los terceros y no afectando los bienes que son de todos. Por tanto, eso ya tiene sanciones y nosotros estamos agregando un registro que es accesorio para dar un desincentivo a cometer este tipo de conductas que finalmente la ciudadanía percibe que se cometen día a día, que afectan a su vida cotidiana y que no tienen ninguna sanción, como es lo que ocurre hasta ahora.

—La excandidata presidencial Evelyn Matthei fue crítica al respecto y señaló que incluso la medida debiese incluir a miembros de las Fuerzas Armadas vinculados al narco, por ejemplo. ¿Cómo se toma esa idea?

Es que el punto de fondo, y es algo que el Congreso tendrá que resolver, es si cualquier tipo de delito tiene relación con estar en este registro. La verdad, nosotros lo hemos acotado a algunos tipos de delitos, algunos tipos de incivilidades, y le corresponderá al Congreso incorporar otro tipo de conducta o al menos discutirlas. Nosotros hemos planteado una posición, que es la que vamos a presentar el proyecto de ley, pero otra cosa distinta es lo que pueda salir de la conversación con el Congreso y ahí me imagino que los distintos actores políticos también pueden incorporar su opinión.

—Usted trabajó con la exministra Mara Sedini antes de llegar al gobierno; de hecho, fueron compañeros en un programa radial. Más allá de lo político, ¿cómo le afectó su salida? Horas antes, ella precisamente dio una vocería. Entonces, ¿cómo sintió la noticia? ¿Lo pilló de sorpresa?

Primero, yo tengo una gran impresión de Mara Sedini (…) Los que tenemos un compromiso como el que nos pidió el Presidente de la República, tenemos certeza del día en que entramos a ejercer el cargo, pero no tenemos la certeza de cuándo vamos a salir del cargo y eso requiere una conversación que es mayor, que el Presidente de la República obviamente decide con total libertad y nosotros tenemos la mejor disposición para cumplir eso. Y desde el mismo punto de vista, los cambios generan incertidumbre en los equipos, pero por suerte con el ministro Alvarado nos conocemos hace mucho tiempo, hemos compartido distintas batallas, en particular del segundo gobierno del expresidente (Sebastián) Piñera, así que ha sido un cambio que se ha notado, se ha notado, entre otras cosas porque la apuesta del gobierno fue unir lo programático, lo político con lo comunicacional y eso evidentemente es un desafío y en eso el ministro ha tenido toda la colaboración de los subsecretarios.

—¿Un cambio para mejor?

O sea, un cambio que le corresponde al Presidente de la República evaluar. Nosotros nos hemos adaptado muy rápido a este cambio y creemos que podría funcionar si es que trabajamos mucho para que eso pase.

—¿Qué le parece esta revelación de las recomendaciones que hizo el hoy embajador Gabriel Zaliasnik al gobierno del expresidente Piñera durante el estallido social?

Perdón, ¿recomendación de…?

—En el marco de los chats que se conocieron con el abogado Luis Hermosilla, donde él le recomienda cortarle el internet a la ciudadanía en el estallido social. ¿En qué pie queda el embajador?

Lo clave es que es una denuncia que tiene que ser investigada por la justicia y nosotros somos respetuosos de lo que haga la justicia en esa materia. Obviamente, nosotros no teníamos conocimiento de esas conversaciones y por eso será la justicia la que determine la calificación de la misma y nosotros vamos a estar sujetos a eso, simplemente.

—Está la justicia, pero también el lado político. Él sigue siendo embajador y el gobierno lo ha respaldado. Entonces, ¿en qué queda? ¿Les preocupa al menos esta situación?

O sea, nosotros no nos podemos hacer cargo de las filtraciones si no están calificadas adecuadamente por la justicia. Y, por tanto, nuestro rol institucional nos exige sujetarnos a lo que diga la justicia y eso es lo que hemos determinado que vamos a hacer.