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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La semana concluyó sin acuerdo entre el gobierno de José Antonio Kast y los municipios en la negociación por la reducción de contribuciones, centrada en quién asumirá la menor recaudación. Los alcaldes piden compensación ante la posible disminución de recursos, mientras Hacienda propone ajustes en los aportes al Fondo Solidario, que no convencen. La discusión se da en medio de la ley de reconstrucción que beneficia a adultos mayores en las contribuciones, con el gobierno señalando un impacto en comunas de mayores ingresos y los municipios preocupados por la prestación de servicios locales. Las partes continuarán las conversaciones. Los alcaldes insisten en la necesidad de certezas sobre cómo se enfrentarán los ingresos perdidos ante la exención de contribuciones, considerando gastos municipales en seguridad y educación.

La negociación entre el gobierno de José Antonio Kast y los municipios por la reducción de contribuciones terminó la semana sin acuerdo. El punto de conflicto no es la rebaja en sí misma, sino quién asumirá la menor recaudación que provocará la medida para las arcas comunales.

Los alcaldes han planteado que, si se reduce el cobro de contribuciones, debe existir una compensación efectiva para evitar una caída de recursos en los municipios y también en el Fondo Común Municipal. Hacienda abrió la puerta a ajustes en los porcentajes de aporte al Fondo Solidario, pero la propuesta no convenció a los alcaldes, que consideran insuficientes las garantías entregadas hasta ahora.

La discusión se da en medio de la tramitación de la ley de reconstrucción del gobierno que contempla, justamente, beneficios para adultos mayores en el pago de contribuciones. Mientras el Ejecutivo insiste en que el impacto se concentrará principalmente en grupos reducidos de comunas de mayores ingresos, los municipios advierten que cualquier disminución de recursos puede afectar la prestación de servicios locales. Sin consenso y con las posiciones aún distantes, ambas partes acordaron seguir conversando durante los próximos días.

El debate desde las comunas de altos ingresos

—Para muchos vecinos de Las Condes, personas que compraron en los años 1980 o 1990 y que vieron cómo los precios de sus viviendas se dispararon, este debate sobre contribuciones tiene un matiz distinto. ¿Cuál es el mensaje para ellos respecto al foco de esta discusión?

Hay algo que es central, y es que efectivamente las contribuciones hoy día se han vuelto prohibitivas para muchas personas. Eso es una realidad. Por lo mismo hemos dicho, y esto es transversal en todos los alcaldes, que es absolutamente razonable pensar una medida como la exención de contribuciones para personas mayores. Eso no está en discusión. Es una medida que compartimos y que es una propuesta del gobierno que yo apoyé también. Por lo tanto, ahí no está centrado el problema.

Lo que nosotros cuestionamos es cómo esa medida se va a tomar. Porque necesitamos tener certezas respecto a qué pasa con los ingresos que se dejarán de obtener para poder hacer frente a los requerimientos que tienen los vecinos de la comuna de Las Condes y de todo Chile. En la comuna de Las Condes el 65% del total de lo recaudado se va al Fondo Común Municipal y solo el 35% queda y se invierte en los vecinos de la comuna.

—¿Cuál es el cálculo del impacto que esto tendría para Las Condes?

Son 13 mil millones de pesos al año. Esa es la proyección. Si además uno proyecta que la población está envejeciendo, esa exención va a beneficiar a más personas, pero va a significar menor recaudación. Por eso nos preocupa darle sostenibilidad. Yo sé que ha habido discusión y me quiero hacer cargo, no quiero mirar para el lado. Me quiero hacer cargo también del debate que se ha generado respecto a que el Fondo Común y los ingresos de los municipios han aumentado. Es verdad, pero también han aumentado significativamente los costos.

— ¿A qué costos se refiere específicamente?

Por ejemplo, la labor de seguridad es una labor del Estado, son los carabineros quienes tienen ese rol. Pero la realidad, y esto lo sabemos todos, es que los municipios hemos asumido poco a poco esa tarea. De hecho ya va a salir el reglamento respecto a la ley de trabajo preventivo y de seguridad.

Hoy los municipios estamos invirtiendo fuertemente en materia de seguridad, porque sabemos que el Estado hoy día no puede llegar. Se están destinando dotaciones de carabineros a otros sectores y acá no están llegando. Yo no puedo quedarme de brazos cruzados con mis vecinos. Nosotros hemos duplicado la capacidad.

Por lo tanto, acá hay ciertas cifras que no están puestas sobre la mesa. Y te voy a poner otro ejemplo que tiene que ver con gastos que están asumiendo los municipios: con el traspaso de los Servicios Locales de Educación los municipios perdieron la propiedad de muchos bienes que tenían y fueron traspasados al Estado, pero las deudas previsionales que existían con los profesores son asumidas por el municipio.

El Estado paga la deuda, pero los municipios le van a tener que pagar la deuda al Estado en cuotas. Esas deudas hoy día no están puestas sobre la mesa en esta conversación. Y sumémosle un elemento más: yo estoy convencida de que hay que revisar el algoritmo para determinar las contribuciones.

La opacidad en el cálculo de contribuciones

— Ese es un punto es crucial. Hay casos en Huechuraba, por ejemplo, donde dos casas similares pagan contribuciones con diferencias del 10 o 15 por ciento sin explicación aparente. ¿Qué opina de esto?

Es un problema del que hay que hacerse cargo y debiese ser materia prioritaria del gobierno. No solo es transparencia con las personas que pagan sus contribuciones, sino que paguen una contribución que sea justa. En San Miguel hemos sabido de situaciones similares: cuadras donde hay casas que pagan distintos valores.

Yo estoy proyectando a largo plazo: lo más probable es que el ajuste sea a la baja respecto a las tasaciones de las contribuciones y, por lo tanto, los ingresos también debiesen tender a disminuir en los municipios. Y reitero que cada día hay más obligaciones que asumen los municipios, independiente de que sea Las Condes o sea Arica.

Estamos asumiendo más responsabilidades donde el Estado no está llegando, como lo planteaba en seguridad. Necesitamos que la conversación no sea solo en base a que los ingresos han aumentado, sino que hay deudas, hay gastos que no estaban considerados.

— Usted propuso eliminar la Subsecretaría de Desarrollo Regional. ¿Cuál es la propuesta central detrás de esto?

Pensando en fórmulas, porque el ministro Jorge Quiroz nos plantea que estamos con estrechez fiscal, sostuve que necesitamos ajustar en distintos ministerios. Entonces en esa conversación yo le planteo al ministro que eso podría estudiarse cuando me dicen que no saben de dónde sacar recursos.

La idea es eliminar la Subdere en ese sentido: tener un grupo de personas especialistas que ayuden efectivamente a diseñar los proyectos para las comunas que más lo requieran, pero que esas transferencias sean directas y que la fiscalización esté directamente relacionada con el Ministerio del Interior.

¿De qué forma nosotros logramos que haya menos burocracia y que los recursos lleguen directo a los municipios? A mi juicio, con fiscalización. Hay que fiscalizar que los recursos se gasten donde deben estar gastados. Es una idea que yo propongo, y el ministro me puede decir que no hay ninguna posibilidad y está bien.

Transparencia y modernización municipal

— El tema de la corrupción municipal es complejo. Hay una sospecha, a raíz de los números, de que a nivel municipal falta mayor orden en cómo se están utilizando los recursos. ¿Cómo enfrenta esto?

Estoy absolutamente de acuerdo. Ahora estamos en esta agenda porque necesitamos resolver el tema de los recursos, pero que no te quepa duda que, saliendo de este tema —y fue parte de la conversación de la reunión con la Asociación Chilena de Municipalidades en La Serena— está la modernización de los municipios y la modernización del Estado. En la medida que modernicemos los municipios, vamos a poder tener también mayores ventanas de transparencia, mayores ventanas de fiscalización.

Hoy día, soy súper crítica del portal de Transparencia Activa, por ejemplo. Si tú no sabes efectivamente qué es lo que necesitas buscar en ese portal, no sirve de nada. ¿Y qué estamos haciendo los municipios? Estamos cumpliendo con el checklist.

Tenemos que pensar un modelo en que las personas entiendan lo que está ocurriendo dentro del municipio y cómo hacerlo transparente. Es una deuda de la que nos tenemos que hacer cargo. Puede que siempre existan casos de corrupción. El tema es cómo uno aborda esos casos.

— ¿Qué herramientas concretas podrían ayudar a los municipios en esto?

Le dije al ministro Quiroz que hay una manera en que el Ministerio de Hacienda nos podría ayudar a los municipios, haciendo evaluación de programas. No existe evaluación de programas en los municipios como regla general. Nosotros recién este año vamos a evaluar los programas y proyectos que existen en la comuna de Las Condes, para ver a quiénes están llegando o no.

También debemos avanzar en la modernización interna. Acá se tramita todo en papel, lo que hace todo más complejo. Entonces parte de lograr mayor transparencia, también hay que modernizar. No estamos hablando solo de Las Condes, queremos que sea una política nacional.