"Poligamia", notario muerto y ayuda carcelaria: cómo se gestó el fraude electoral de Diego Ancalao

Cuando Diego Ancalao Gavilán presentó sus más de 23 mil firmas ante el Servel para formalizar su candidatura a Presidente de la República en agosto de 2021 todo era euforia: el abanderado de la Lista del Pueblo, quien se presentó como el primer candidato mapuche de la historia de Chile, entró entre vítores y aplausos hasta la sede de calle Esmeralda en Santiago; Max, su primo, regaló su trarilonko; y la fiesta en el comando se extendió hasta bien entrada la noche.

Pero esa alegría se esfumó al poco andar. Su modus operandi había quedado expuesto. Primero, el Servel descubrió que los apoyos fueron “validados” por un notario que había muerto hace casi seis meses. Y luego, la fiscalía confirmó que prácticamente la totalidad de los apoyos habían sido fabricados por el entorno del “dirigente”.

Testimonios y peritajes caligráficos —a los que accedió la Unidad de Investigación de Bío Bío— reconstruyen cómo la esposa de Ancalao y su círculo más cercano —según la indagatoria— falsificaron 23.135 de las 23.161 firmas físicas que esa noche el candidato dijo haber conseguido legalmente. Sólo 26 eran reales.

Aquí se cuentan declaraciones de familiares, miembros de su equipo, además de la jefa de campaña y amante de Ancalao, quienes revelaron con lujo de detalles una trama en la que confluyen planillas llenadas a mano por dueñas de casa, un falso notario conseguido por presos de Santiago Uno a cambio de dinero y un timbre que intentó dar apariencia de legalidad al ardid.

Esta es la historia del mayor intento de fraude electoral de Chile.

La jefa

Diego Ancalao tenía una idea y un problema: quería ser candidato presidencial pero los apoyos no llegaban. Necesitaba recolectar firmas, había conseguido que miembros de la banda Sol y Lluvia lo apoyaran en un acto en Estación Central, pero en dos días de trabajo en terreno, apenas habían conseguido 25 rúbricas a su favor.

Y como restaba menos de un mes para conseguir los apoyos, el plan —según se desprende del expediente de fiscalía— cambió. Ya no habría más trabajo en terreno para conseguirlas por las buenas, sino la falsificación de las mismas a diestra y siniestra en domicilios de personas cercanas al candidato.

El testimonio más esclarecedor es el de Denisse Olivares Jiménez. Una especie de jefa de campaña con quien Ancalao mantenía una relación sentimental paralela a la que tenía con Nataly Vega, su cónyuge y madre de sus tres hijos.

En simple, reconoció que las firmas se falsificaron y que todo había sido coordinado por Diego y Nataly. Respecto de esta última, aseguró que ella entregaba una base de datos a los “voluntarios” para luego ir llenando las planillas del Servel.

—Las bases de datos para llenar planillas se sacaron de una base de datos del BancoEstado. Nataly dijo que su hermana o un familiar de ella las había obtenido (…) Las firmas las inventaron. Nataly supervisaba cómo quedaban las firmas y la letra de cada persona —desclasificó Denisse durante un interrogatorio en la cárcel de San Miguel ante la fiscal del caso, Alika Sukni.

Denisse, quien al momento de su declaración estaba en prisión preventiva, prosiguió. Aseguró que el perfil de “los planilleros” era, en general, “mujeres como Nataly Vega”. Es decir, “trabajadoras del hogar sin remuneración, con familia y vecinos o conocidos de ellas”.

—Tenían que tener tiempo para dedicarse a eso y necesitaban el dinero, así hacían cadena de producción —lanzó.

Respecto de la campaña, dijo que fue el propio Ancalao quien organizó todo:

—Él decía que él era el único mapuche capaz de intermediar entre mapuches e instituciones o fondos de distintos tipos u orígenes destinadas a población indígena. De este modo, podría beneficiarse de ambos sectores, económica y políticamente (…) Él enganchaba a la gente con ideas místicas y con una forma algo sectaria.

Denisse, a medida que avanzaba en su declaración, endureció el tono contra Ancalao:

—Creo que es un narcisista que manipula y se aprovecha de las personas especialmente de personas mayores y mujeres para su beneficio personal. No le importó engañar o mentir y perjudicar a su familia. (…) En resumen creo que usó la espiritualidad mapuche para reclutar gente, generar una épica y estafar.

La jefa de campaña de Ancalao también estimó necesario aclarar una situación personal ante la fiscal:

—Nataly [la esposa de Ancalao] sabía que yo tenía una relación con Diego. Las comunidades mapuches son polígamas —zanjó.

La prima

Ese agosto de 2021 la pandemia aún arreciaba. De ahí que la labor de hacerse de las 35 mil firmas necesarias estaba cuesta arriba. Jessica es hermana de Nataly y cuñada de Ancalao. Su declaración ante la PDI también complica al ex abanderado presidencial. Dijo que a principios de ese mes, Nataly le pidió que la ayudara a llenar planillas.

Jessica estaba reacia, pero de todos modos aceptó. Durante dos días se dedicó a rellenar casillas, con nombres, ruts, direcciones… Lo hizo en su casa y en la de Nataly. Su hermana incluso le preguntó si tenía amigas o vecinas que pudieran ayudar.

—Le respondí que no quería involucrar a más gente en lo que se estaba haciendo. (…) Ella me dijo que rellenara los campos de nombre, cédula de identidad, dirección y comuna, dejando en blanco el campo de la firma, ya que Denisse sería la encargada de completar esa información, desconociendo si sería la misma Denisse realizaría las firmas o si un tercero por solicitud de ella —espetó.

Una situación similar relató Anita, una prima de Diego Ancalao. También aceptó rellenar casillas, siempre y cuando no tuviera que falsificar las firmas de las personas que estaban siendo suplantadas.

Anita calcula que completó cerca de 300 hojas.

—Nataly me llamó por teléfono y me indicó que la segunda entrega de documentación debía ser con firma, a lo cual me negué. Ella me argumentó que estaba colapsada con tanta firma que hacer y que debía apoyar a Diego. Ante mi negativa, corté comunicación con ella. (…) No quise firmar la documentación porque sabía que eso podía incurrir en un delito.

Anita incluso fue más allá. También afirmó que antes de la aventura presidencial de su primo, éste la conminó a que postulara a fondos que beneficiaban a personas de origen mapuche. Según se desprende de su declaración, Diego podía mover influencias para que ella y otros cercanos consiguieran los dineros del Estado.

Eso sí, aseguró Anita, había una condición:

—Entregarle a Diego un 30 o 40% con la intención de patrocinar su pre candidatura presidencial, lo cual acepté, sin embargo, no me gané el proyecto.

En el expediente de la investigación, los peritajes caligráficos abundan. Todos ellos confirman lo evidente: las firmas habían sido falsificadas. También ratifican que hubo “manos” que sólo rellenaron las columnas de ruts y direcciones, mientras que otras hicieron lo propio con los nombres.

La PDI comparó las rúbricas reales de los suplantados con las que aparecían en los registros entregados al Servel. Las diferencias son abismales.

O en términos policiales:

“La totalidad de las firmas poseen características absolutamente divergentes en la morfología global (…) Esto se debe a que las firmas controvertidas poseen diseños que no se corresponden con las autógrafas de los titulares”.

Los detectives calificaron los símbolos como diseños “simples e ilegibles” y realizadas “sin ejercitar”. Es decir, las “ejecutaron en poco tiempo y las confeccionaron de manera continua”.

“Todas las firmas estudiadas tienen características propias de pertenecer a la categoría de firmas inventadas”, cerró el documento de la PDI.

Se busca notario en Santiago Uno

Según se desprende de la indagatoria, para fines de agosto de 2021 el equipo de Ancalao estaba desesperado: sus asesores habían conseguido fabricar las más de 25 mil firmas, pero no habían logrado hacerse de los servicios de un notario de ética frágil que validara los respaldos. Por lo demás, a Ancalao no le gustaba andar en terreno, según declararían miembros de su propio equipo.

En rigor, un fedatario público debía supervisar el proceso de captación de firmas in situ. Pero como todo era falso, necesitaban a alguien que lo hiciera por fuera de la ley. Que mintiera.

Así, entre tanto buscar, Trini, una de las colaboradoras de Ancalao, consiguió ayuda de su padrastro: Wladimir Iván Rojas Fernández, quien hasta hacía poco estaba en la cárcel. En 2019 cayó detenido (y más tarde fue condenado) por dedicarse a asaltar a clientes de instituciones financieras. En buen chileno, hacía “salidas de bancos”. Pertenecía a la banda de Los Fantasmas.

Wladimir, a su vez, pidió ayuda al Polaco, alías de Marco Antonio Cárdenas Lagos, uno sus compañeros de delitos que cayó en Santiago Uno el mismo día que él. El Polaco, para entonces, aún seguía preso. Aunque con celular: un Nokia negro, con la pantalla trizada.

—Hace un mes y medio aproximadamente —declaró el Polaco— recibí un llamado de mi amigo Wladimir, quien me preguntó si conocía un notario, sin decirme los motivos de su solicitud.

La respuesta inicial del Polaco fue que no conocía a ninguno, pero como era su amigo quien lo llamaba, solicitó ayuda a otros internos. En los pasillos del Módulo C de Santiago Uno se buscaba un notario: no para ellos, sino para validar las firmas falsas de quien pretendía ser Presidente de la República.

El Polaco acotó:

—[Uno de los reclusos] no recuerdo su nombre me indicó que hablara con Gonzalo, quien es conocido por ser un abogado que tramita las salidas de los internos que están más “livianos” o próximos a cumplir condena. Fue así que contacté a Gonzalo a través de WhatsApp y por intermedio de mensajes le comenté que un conocido necesitaba hacer unos “trámites” con un notario. El abogado me respondió que él podía hacer esas gestiones, razón por la cual me contacté nuevamente con Wladimir y le envié el número de Gonzalo.

El fraude

Gonzalo es Gonzalo Leónidas López Allende, pieza clave del entramado. El Ministerio Público sostiene que fue él quien “validó” las firmas falsas de Ancalao. El problema —apunta la indagatoria— es que la rúbrica y el timbre que él estampó en cada una de las planillas también era fraudulento.

Conversaciones de WhatsApp halladas en los teléfonos de los imputados y declaraciones de los mismos permitieron descubrir un millonario acuerdo para dar apariencia de legalidad a los sellos. Wladimir declaró:

—Aquí se inició una negociación entre Denisse y Gonzalo López, en que se intercambiaban mensajes y también conmigo, pero resultó que eran más de 4.000 firmas. Al final, entiendo que quedaron en dos pagos: uno de tres millones de pesos y otro, posterior al trabajo, de $4 millones.

Y añadió:

—La cosa es que Denisse sacó dinero, eran tres millones, lo que vi, pues entré al banco con ella, y con ella me subí a la Mahindra Blanca, en la cual estaba esperando Ancalao, parado al lado del vehículo (…) Nos subimos los tres, conduciendo Ancalao, y nos fuimos a la calle Euclides con Gran Avenida, frente al Conservador de Bienes Raíces y allí se nos juntó Gonzalo López, a quién yo no conocía en persona hasta ese momento. Ahí Denisse le pasó a López el dinero que había sacado del banco y le preguntó si necesitaba una foto de las planillas de firma, ante lo que Gonzalo le dijo que no porque los timbres y todo eso era estándar.

El sello, sin embargo, no era “estándar”. Un peritaje de la Brigada de Investigaciones Policiales (BIPE) Antisecuestros de la PDI estableció que los timbres presentaban “claras disconformidades”: si bien los datos —el nombre de la notaría y de su titular— coincidían, la forma de éstos era dispar.

No calzaba ni la forma, ni los colores ni la disposición de la información (ver fotografía). Y peor aún: el notario, Patricio Zaldívar Mackenna, no sólo había renunciado a su cargo dos años antes, sino también estaba muerto hacía ya más de seis meses.

Pese a todo, hasta Wladimir tocó una parte:

—López se fue y yo me fui detrás de él y le pregunté si había un “regalo” porque eso me había dicho el Polaco. López me dio $100.000 en efectivo.

Las dudas

Una vez todas las planillas contaron con la bendición del abogado, éstas fueron presentadas por Ancalao ante el Servel. Ocurrió la noche del 23 de agosto. Llegó vestido con un poncho, mascarilla y el puño en alto. Allí comenzaría su caída.

Lo primero que llamó la atención de los funcionarios del Servel no fue ni el nombre del notario, ni su firma ni el timbre. El jefe de la Unidad de Candidaturas y Logística Electoral del Servel así lo describió ante la PDI:

—Una vez comenzado el proceso de digitación de la información, detectamos inmediatamente situaciones que nos parecieron irregulares: hojas con patrocinantes en orden alfabético, patrocinantes con RUT consecutivos, domicilios incomprobables y/o improbables.

Sobre este último punto, el funcionario dijo haber corroborado una dirección en Vitacura que resultó ser una sucursal del Banco Itaú. Además, casi todo el flujo de las firmas se dio durante agosto, lo que habría implicado conseguir más de mil firmas por día (cuando intentaron obtener patrocinios reales lograron apenas 25 en dos días). Y, por si fuera poco, las firmas —acotó el servidor público— no parecían ser tales.

—Todo lo anterior, logré percatarme debido a mi experiencia recepcionando patrocinios y a los años que ostento en el Servicio Electoral, sobre todo como encargado de digitación.

Por lo demás, las firmas de los miles de patrocinios de habitantes de distintas comunas estaban firmados por el mismo notario. En plena pandemia. No había forma de que los firmantes hubiesen acudido desde todas las partes del país a firmar ante un mismo fedatario.

—Al día siguiente, y ya con la sospecha de que los antecedentes aportados por Diego Ancalao presentaban acciones dudosas, se corroboró, con información de libre acceso y mediante nuestros equipos, que el señor Zaldívar Mackenna, ya no era notario desde el año 2018 y que había fallecido en el mes de febrero de 2021, procediendo así a invalidar los patrocinios obtenidos por esa vía, rechazar la candidatura y efectuar las denuncias respectivas.

El entonces presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle Domínguez acotó:

—Lo más extraño e inverosímil es que en un solo día, el 20 de agosto, aparecen firmando ante el notario más de 9 mil personas. Estas y otras circunstancias daban cuenta en forma inmediata de una irregularidad manifiesta.

El Servel entonces pasó a la ofensiva: citó a reunión a su consejo directivo, instancia que no sólo resolvió rechazar la candidatura de Ancalao, sino también presentar una denuncia ante el Ministerio Público.

La acusación

El último movimiento relevante de la causa se registró a fines de mayo recién pasado, cuando la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte ingresó la acusación contra Ancalao.

A través del documento —de 186 páginas—, el organismo persecutor solicitó 15 años de cárcel para el ex abanderado presidencial.

Entre los acusados también figuran Nataly Vega Valenzuela; Denisse Olivares Jiménez y su hermano, Fabián Olivares Jiménez; el primo de Diego Ancalao, Max Bustamante Ancalao; y el abogado Gonzalo López Allende.

Todos ellos están citados ante el Séptimo Juzgado de Garantía para el 22 de junio próximo, a las 09:00 horas, para la audiencia de preparación de juicio oral en contra de los imputados.

—Yo le pregunté a Diego en una oportunidad por qué pensaba que esto de las firmas iba a resultar y me dijo que ya les había resultado antes en las anteriores campañas —declaró Denisse.