Sence: el recorte que olvida a las personas

En Chile, un ajuste fiscal no debería llamar a la sorpresa. No sería la primera vez, ni será la última que se tome esa medida. La disciplina de las cuentas públicas forma parte del repertorio normal del Estado chileno, y hoy existen razones para mirar el gasto con mayor severidad. El problema no es, entonces, que el gobierno quiera recortar, sino el criterio con que lo hace. Cuando la política pública se reduce a una lógica de caja, el Estado empieza a parecerse demasiado a una gerencia de empresa.

Eso es lo que ocurre con la decisión de eliminar la franquicia tributaria Sence. El ministro de Hacienda ha justificado la medida por su costo fiscal, estimado en alrededor de US$300 millones anuales. Es un monto relevante, desde luego, pero una política pública no puede evaluarse solo por lo que cuesta. También importa qué función cumple, qué capacidades desarrolla y qué vacío deja cuando desaparece.

¿De qué estamos hablando? La franquicia Sence permite a las empresas descontar del impuesto a la renta hasta el 1% de la planilla anual de remuneraciones por gastos en capacitación autorizados. Pero no cubre únicamente a trabajadores ya contratados, también alcanza a extrabajadores y potenciales trabajadores, además de procesos de evaluación y certificación de competencias. No estamos, entonces, ante un simple beneficio contable para empresas, sino ante un instrumento que toca empleo, reconversión laboral y acceso a capacitación para personas en trayectorias vulnerables.

Incluso en un ámbito tan delicado como la reinserción social, Sence ha tenido alguna incidencia concreta. Sus programas y líneas financiadas con la franquicia han incluido a personas privadas de libertad y a quienes egresan del sistema penal, en coordinación con Gendarmería, bajo una idea bastante elemental: sin capacitación ni acceso al trabajo, la reinserción se vuelve mucho más difícil.

No parece, por tanto, un instrumento reducible a un simple beneficio para las empresas contratantes. Ha operado, aunque de modo acotado, en trayectorias humanas especialmente frágiles, donde el retorno social de la capacitación es mucho mayor que su costo para el Estado, en especial en el ámbito de la seguridad.

Ahora bien, sería ingenuo defender este instrumento como si estuviera libre de defectos. Una evaluación reciente muestra con claridad una falla mayor: la franquicia está fuertemente concentrada en empresas grandes. Según ese informe, entre 88% y 89% de las personas capacitadas provienen de empresas grandes, mientras las micro y pequeñas quedan muy rezagadas.

Ese dato obliga a discutir seriamente su diseño. Hay razones para corregir, focalizar mejor y exigir más resultados. Vale la pena recordar, además, una idea planteada hoy por Mario Marcel en El Mercurio de este domingo: frente a instrumentos imperfectos, la alternativa del shock no es automáticamente superior al camino de la corrección gradual. Traducido a este caso: si la franquicia Sence favorecía en exceso a grandes empresas requería una reforma, no una demolición.

Porque una cosa es reformar y otra, muy distinta, es eliminar. De ese diagnóstico no se desprende que la mejor salida sea borrar el instrumento completo. Al contrario: si el problema principal es la concentración, la respuesta razonable parece ser reorientarlo hacia pymes, sectores vulnerables y procesos de reconversión, no desmantelarlo sin más, en especial cuando todavía cumple una función social relevante, en una economía atravesada por automatización, cambios tecnológicos y empleos cada vez menos estables, donde la formación continua se vuelve una necesidad pública.

Por eso aquí no hay solo una discusión técnica. Hay también una señal política. Eugenio Tironi ha hablado de la posible “insensibilidad” de este gobierno. La palabra puede sonar severa, pero en decisiones como esta me parece acertada. Porque cuando el razonamiento público se vacía de razones sociales y se llena solo de eficiencia presupuestaria, aparece un rasgo reconocible de la derecha dura: administrar el Estado con lógica de empresa, como si su única misión fuera recortar gastos antes que sostener oportunidades.

Chile necesita responsabilidad fiscal, por supuesto, pero responsabilidad fiscal no puede significar ceguera social. Ajustar puede ser necesario, gobernar solo con la calculadora, no. Porque cuando el Estado empieza a medirlo todo en ahorro inmediato, termina olvidando algo bastante elemental: que hay gastos que no son solo gastos, sino inversión en capacidad humana, movilidad social y dignidad laboral. Cuando eso deja de pesar, el ajuste ya no suena a responsabilidad, suena más bien a renuncia a otro tipo de plusvalía: la plusvalía social.