Pero no dicen cómo ni de dónde, quizá, porque la mala noticia es que para eso hay que rebajar el presupuesto de ministerios, reparticiones, servicios e instituciones del Estado, lo que probablemente implique desvincular –“parásitos” o no- funcionarios públicos, entre otras medidas.

El pasado miércoles 8 de octubre podría haber sido un día como cualquier otro o quizá lo fue porque siempre o casi siempre (para no exagerar) “pasa algo”.

En 1879, en el combate Naval de Angamos, la Escuadra Chilena capturó el monitor Huáscar; en 1988, en Barcelona, es la última vez que Freddie Mercury se presentó ante el público.

Quizá este 8 de octubre de 2025 sea recordado como el día en que un columnista (no cualquiera) decretó que “el Estado no está enfermo: está podrido. Lo han convertido en un cuerpo hinchado, lleno de parásitos que viven de él, lo drenan y se reparten sus restos como si fuera un botín”.

O, también, como el día en que el comandante en jefe del Ejército, “un hombre feliz”, afirmó que “no estamos en condiciones de terminar el año”, acusando un déficit de 40 mil millones (de pesos, no dólares como han dicho algunos), lo que llevó a los comandantes en jefe de la Armada y la FACh a manifestar similar inquietud.

Aunque se comprende la preocupación institucional, lo que no se entiende es el momento y la forma elegida por el general Iturriaga para expresarla: una sesión citada con el único objetivo de la revisión del presupuesto 2026, desvirtuando el sentido de la misma, además de su decisión expresa de no solicitar el secreto de su exposición, arriesgando abiertamente la seguridad nacional al detallar información que, en el contexto regional, configura un debilitamiento en la percepción de la Defensa Nacional ante nuestros vecinos y el crimen organizado.

Un mes antes, el 8 de septiembre, se realizó la sesión de denominada “ejecución presupuestaria 2025”. Esa era la oportunidad de los comandantes en jefe para manifestar su inquietud, solicitando el secreto correspondiente para la instancia.

Si lo anterior es difícil de entender, la profunda contradicción de la derecha exigiendo más recursos en casi todas las partidas bajo la amenaza constante de no aprobar la ley de presupuestos 2026 se hace imposible. Todos los candidatos presidenciales de la antigua, de la nueva o de la más nueva derecha, y otros difíciles de categorizar, prometen en sus programas rebajar el gasto público.

Pero no dicen cómo ni de dónde, quizá, porque la mala noticia es que para eso hay que rebajar el presupuesto de ministerios, reparticiones, servicios e instituciones del Estado, lo que probablemente implique desvincular –“parásitos” o no- funcionarios públicos, entre otras medidas.

Se les olvida, también, que al menos parte del déficit informado por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas fue aprobado por el Congreso Nacional en el trámite de la Ley de Presupuestos del año 2025. Otra vez no lo vieron venir.

La carrera presidencial, las elecciones, sin duda tensan el ambiente político. Cada candidatura, cada candidato, tiene todo el derecho de exponer sus propuestas en esta y otras materias, pero poner en riesgo la estabilidad fiscal del país, ofender a los servidores públicos y deliberar fuera del marco constitucional, socavan la democracia, debilitan las instituciones y el Estado de Derecho.

Y ese es un camino sin retorno y con pésimo pronóstico.