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La anécdota no hace evidencia, y convertir datos estadísticamente irrelevantes en tesis públicas es una falta ética y política que desincentiva que las víctimas denuncien.
A propósito del seminario “Falsas Denuncias”, donde participaría como panelista el Ministro de la Excma. Corte Suprema, Sr. Diego Simpertigue y en razón a que en los últimos años se ha intentado instalar la existencia de una “epidemia” de denuncias falsas por violencia de género, esta tesis es derechamente falsa. No está respaldada por los datos de los propios sistemas de justicia y funciona, en la práctica, como una cortina de humo que desplaza el foco desde el fenómeno masivo y letal —la violencia contra las mujeres en el ámbito de pareja y familia— hacia la sospecha contra quienes denuncian.
La experiencia comparada es clara
En España, donde existe medición pública y estable, la Memoria 2024 de la Fiscalía General registra que en 2023 solo doce asuntos llegaron a deducir testimonio por posible denuncia falsa y dos concluyeron con condena firme frente a las más de quinientas denuncias diarias por violencia de género registradas.
En el Reino Unido, un estudio del Crown Prosecution Service sobre denuncias presuntamente falsas en delitos sexuales y de violencia doméstica concluyó que son muy poco frecuentes, frente a los miles de casos por violación y más de cien mil por violencia doméstica. La conclusión en ambos contextos es la misma, cuando existen denuncias falsas son marginales y, cuando aparecen, se persiguen penalmente.
Chile ofrece la fotografía del problema real
De acuerdo con el INE, Carabineros registró 1.457.330 denuncias en 2024; en violencia intrafamiliar hubo 24.629 personas detenidas, el 74,5% hombres. El SernamEG reporta estabilidad preocupante en los femicidios consumados y un alza significativa de femicidios tentativos en 2024, lo que confirma el carácter persistente y peligroso de la violencia de género.
Nada en los datos reales sugiere un sistema “inundado” por falsedades; mientras que todo indica la necesidad de mejorar investigación, protección y seguimiento de casos por violencia contra las mujeres.
Conviene despejar una confusión frecuente sobre el archivo o absolución de las causas. Esto no equivale a falsedad. Muchos casos no prosperan porque la violencia ocurre en ámbitos de intimidad, donde la prueba es difícil y las víctimas pueden retractarse por miedo, dependencia económica o presión familiar. Incluso pueden demorarse años en atreverse a denunciar y la causa terminar por prescripción. Esta realidad explica una parte importante de los sobreseimientos; no prueba una supuesta masividad de denuncias inventadas.
Quienes insisten en el mito y se presentan como investigadores serios (mientras explotan el morbo de un puñado de casos de forma sensacionalista) no solo se equivocan, sino que actúan con irresponsabilidad frente a un fenómeno grave y global.
La anécdota no hace evidencia, y convertir datos estadísticamente irrelevantes en tesis públicas es una falta ética y política que desincentiva que las víctimas denuncien, daña la confianza en las instituciones y desvía recursos desde las tareas urgentes (como la protección de las víctimas) hacia una agenda de sospecha que fortalece la impunidad.
